En algunos altos círculos gubernamentales se consideraba ayer que la reacción del Ejecutivo al informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU en Colombia respecto a la persistencia de hechos tan graves como los falsos positivos y las interceptaciones ilegales de comunicaciones, más conocidas como chuzadas, fue muy leve. Si bien el ministro del Interior, Germán Vargas, negó tales situaciones y pidió a la ONU pruebas de sus denuncias, el impacto internacional de éstas podría ser muy grave y afectar la imagen del gobierno Santos a corto y mediano plazos.

Peleas a la vista (I)

Las controversias entre las administraciones de gobernadores que arrancan y las que de sus inmediatos antecesores son algo normal cada vez que se presenta el relevo en gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, hay algunos de estos debates que amenazan ya con pasar a mayores, es decir, a los estrados judiciales. En Antioquia, por ejemplo, se habla de fuertes tensiones entre la gobernación de Sergio Fajardo y quienes hicieron parte de la de su predecesor Luis Alfredo Ramos. Se asegura en círculos paisas que mientras la Administración actual aumenta la petición de investigaciones a los entes de control sobre lo hecho por el gobierno pasado, la gente que acompañó a Ramos alista también una estrategia jurídica para defender sus actuaciones y replicar los señalamientos.

Peleas a la vista (II)

En la capital del país también asoma algo parecido. Fuentes del Polo indicaron que ya se han adelantado reuniones entre varios de los exaltos funcionarios de la administración de la exalcaldesa Clara López con el fin de hacer una especie de ‘corte de cuentas’ sobre algunos de los pronunciamientos y denuncias de los secretarios de despacho de Gustavo Petro. La idea, según trascendió, es replicar algunos diagnósticos de la actual Alcaldía sobre lo que recibió de la anterior. Es más, se busca hacer claridad entre lo que llaman dos etapas de la administración anterior: la de Samuel Moreno y la de Clara López.

Al tablero

Uno de los primeros debates que en el Congreso afrontarán los ministros de Transporte, Germán Cardona, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, tendrá que ver con el funcionamiento de los sistemas integrados de transporte masivo en las principales capitales del país. Se conoció que varios senadores alistan un arsenal de interrogantes y cuestionamientos al Gobierno respecto de la viabilidad financiera y operativa de los sistemas de buses articulados que están funcionando en distintas capitales y en los que, como se sabe, la Nación participa con más de un 70 por ciento de financiación.

¿Y las otras?

Tan pronto como el presidente Santos, tras realizar un consejo de seguridad extraordinario en Popayán el lunes pasado, citado para evaluar la crisis de orden público en el Cauca, anunció que se crearía una Policía Metropolitana para esa capital departamental, varios parlamentarios prendieron sus alertas porque en el pasado también habían pedido algo similar para las principales ciudades de sus respectivas regiones, pero la respuesta del Gobierno fue negativa. Por lo mismo, no es de extrañar que en las próximas reuniones de Santos con las bancadas, en especial de los representantes a la Cámara, se ponga sobre la mesa más de una petición de crear unidades de Policía metropolitanas en diversas partes del país.