En el Marco del Foro Mundial de la Bicicleta que se realizó en Medellín esta semana, se escuchó una propuesta dirigida a establecer que un porcentaje fijo de la sobretasa a la gasolina que se cobra en muchos municipios con destino al mantenimiento y ampliación de la malla vial, sea destinado a construir infraestructura de calzadas, paraderos y redes de ciclorrutas. La idea no es fácil de concretar, aunque los activistas indicaron que van a formalizar la propuesta en un borrador de proyecto de ley que piensan presentar a varios partidos para ver cuál se compromete con la misma. “… Los ciclistas son una base electoral muy atractiva”, dijo uno de los impulsores.

Fianza anti-fuga

Ante los cada vez más recurrentes casos de personas que pese a estar siendo investigadas judicialmente salen del país días antes de la respectiva imputación de cargos por parte de la Fiscalía y la consecuente definición de su situación judicial a cargo de un juez de control de garantías, tres parlamentarios vienen trabajando un proyecto de reforma al Código Penal que busca que aquellos casos en donde haya de por medio delitos graves o un daño superlativo en materia económica, social o institucional, se establezca una nueva figura precautelativa que impida al sindicado salir del país so pena de ser sancionado con una alta multa económica que debe pre-pagar, a manera de fianza previa, en las etapas preliminares del proceso. La reforma también contemplaría que cuando se detecte la fuga del sindicado o maniobras dilatorias para evitar que se le defina su situación jurídica, entonces perdería el derecho a rebajas penales, flexibilidades penitenciarias e incluso a acceder a figuras como el Principio de Oportunidad o acuerdos con la Fiscalía.

Proyecto en contravía

Aunque es natural que se proyecten esta clase de reformas en momentos en que la opinión pública es impactada por casos de procesados por distintos delitos que deciden huir del país en busca de asilo alegando “falta de garantías procesales”, lo cierto es que la posibilidad de que una modificación a los códigos Penal y de Procedimiento Penal en esa dirección tiene un camino muy complicado en el Congreso. Es más, en estos momentos lo que está cursando es un proyecto que va dirigido a todo lo contrario.

$ 23 billones

Como se sabe el ministro de Justicia, Yesid Reyes, viene impulsando un proyecto de ley para  evitar “el uso excesivo e innecesario de la detención preventiva”. La iniciativa se sustenta en que contra el Estado cursan en este momento demandas por más de 23 billones de pesos por casos en que se alega la detención injusta. Según Reyes, estas demandas “además de generar un problema económico para el Estado, (producen) un problema desde el punto de vista de vulneración de derechos ciudadanos y contribuyen a incrementar el problema de hacinamiento carcelario”.