“Cuál, el de la Registraduría o el real”. Esa fue la respuesta que un veterano congresista le dio a un periodista de EL NUEVO SIGLO cuando le consultó en torno de si la polémica por presuntos roces entre el Presidente y el Vicepresidente era un coletazo por el nuevo mapa político derivado de los pasados comicios regionales y locales. “… Nosotros hicimos el ejercicio con varios congresistas de revisar quiénes eran los nuevos gobernadores y alcaldes, a nombre de cuál partido se postularon, de cuál venían y quiénes fueron sus verdaderos soportes políticos y electorales a la hora de las urnas… Se sorprendería periodista de las diferencias de ese mapa político real y palpable, con el de los colorcitos discriminados por partidos y alianzas avaladas que tiene la Registraduría… Por eso le devuelvo la pregunta: ¿por cuál mapa político me está preguntando?”. Vea pues.

Caso Uber

Entre los gremios de taxistas todo es expectativa ya que se había anunciado por parte del Gobierno que este mes podría salir el marco normativo que busca regular el servicio que prestan las plataformas tecnológicas para pedir un servicio de transporte público individual. Aunque la mayor controversia se presenta de cara a la aplicación Uber, lo cierto es que hay varias plataformas virtuales en Colombia que trabajan en la misma línea de servicio. “… Yo creo que si el Gobierno comete el error de legalizar a Uber y compañía, los que saldrán perdiendo son los propietarios y conductores que se afilien a la misma, porque los requisitos sobre seguros, rodamientos, pólizas de responsabilidad sobre terceros, formalización tributaria de la actividad y otros van a ser muy onerosos… Uber ha dicho que sólo se dedica a un servicio tecnológico de contacto usuario-prestador, lo que exime a la multinacional de los requisitos de empresa transportadora y los descarga todos, con sus costos, sobre los propietarios y conductores, eso no lo han visto muchos”, dijo un vocero de una empresa de taxistas en Bogotá.

¡Demanda colectiva!

El aplazamiento de la plenaria del Senado el martes pasado, que fue al parecer motivado por un acuerdo entre la mayoría de las bancadas para que los congresistas pudieran ver el partido de Selección Colombia contra Argentina, tendría su coletazo jurídico. Por lo menos eso era lo que ayer se rumoraba en los corrillos políticos en donde se daba por seguro que un grupo de abogados, conocido de marras en el Consejo de Estado por presentar causas pidiendo la pérdida de investidura a diestra y siniestra, tenía ya lista una demanda colectiva contra gran parte de los senadores que no asistieron a trabajar el martes pasado porque la plenaria había sido aplazada para ayer miércoles y hoy jueves.

Más aplazamiento

En los círculos económicos y empresariales se afirma con alta dosis de seguridad que el Gobierno estaría pensando ya en que fijar marzo del próximo año como fecha probable para llevar al Congreso el proyecto de reforma tributaria estructural podría ser apresurado, por lo que la nueva idea del Ejecutivo es utilizar todo el primer semestre del próximo año para “socializar” las bases del ajuste impositivo recomendado por la “comisión de expertos” y solo radicaría el respectivo proyecto en el segundo semestre, para que sus efectos empiecen a aplicarse en 2017 o incluso 2018 si es el caso.