Dentro de las propuestas que se han escuchado para una eventual reforma política y electoral hay muchas que son muy drásticas o muy sui generis. Para la muestra hay varios ejemplos. De un lado están quienes proponen que los partidos y movimientos políticos que avalen a quienes luego son condenados por delitos contra la administración pública no puedan volver a presentar candidatos a cargos de elección popular uninominales, es decir alcaldes, gobernadores y Presidente, por dos periodos subsiguientes en las respectivas jurisdicciones. Es decir, que la sanción podría ser de índole municipal, departamental o nacional, en este último caso si el imputado llega a ser el Jefe de Estado. El castigo se extendería, entonces, a los partidos que integren la coalición que inscribió la respectiva candidatura presidencial.

Que colectividad y directorios paguen

Otra idea es que se ha escuchado por estos días es que las colectividades que hayan avalado a quienes luego son  procesados por corrupción, relación con grupos armados ilegales, narcotráfico o delitos electorales sean corresponsables para el pago de las multas que la justicia imponga a los sentenciados. Pero la cuestión no para ahí. Hay propuestas en la dirección de que se exija a los partidos y movimientos que avalan a los candidatos al Congreso y cargos uninominales que establezcan dentro de sus respectivos estatutos que los integrantes de los directorios municipales, departamentales y nacionales deban renunciar cuando alguno de los electos  a nombre de la colectividad, sea condenado por una lista específica de delitos.

Resurge debate sobre ‘delitos de sangre’

Una propuesta que ya había sido puesta sobre el tapete tiempo atrás es la relativa a que se establezca una prohibición a que los familiares  dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de quienes sean condenados por delitos contra la administración pública no puedan presentarse a cargos de elección popular. Mientras que algunos proponen que sea una sanción de por vida, otros consideran que podría imponerse para uno o dos periodos electorales siguientes al del procesado judicialmente. Como era apenas obvio, tan pronto como la idea se puso a circular surgió el ya desgastado debate sobre la responsabilidad penal individual y la no procedencia de los llamados “delitos de sangre”.

Las armas ‘viejas’ de las Farc

Un alto mando militar (r) fue consultado por un periodista de EL NUEVO SIGLO en torno a qué opinaba del proceso de entrega de armas de las Farc que debe empezar mañana en las 26 zonas de ubicación y campamentarias de las Farc en todo el país. Según el general en uso de buen retiro “… cuando se desarmaron los grupos paramilitares en el gobierno Uribe las Fuerzas Militares advirtieron que el arsenal que se estaba entregado era viejo, hechizo y que los fusiles, pistolas y otros pertrechos militares modernos habían sido escondidos por los paras… Lo único nuevo que se vio en esas jornadas de desarme eran los uniformes de muchos que se decían combatientes… Con las Farc va a pasar lo mismo”.

No habrá ajuste mayor a la JEP

Serán pocos y muy puntuales los ajustes que se le puedan hacer al texto de la ponencia del proyecto que crea la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), al que le falta sólo un debate en la plenaria del Senado, la próxima semana. Según trascendió ayer, ya el Gobierno decidió jugarse a fondo por el articulado que ha superado dos debates en la Cámara y la semana pasada logró el visto bueno de la Comisión I del Senado. “… Ya el proyecto está muy sólido y solo habrá ajustes en la redacción para aclarar algunos temas que para los ponentes y el Gobierno no tienen duda, pero que para otros parlamentarios sería bueno que se aclaren aún más, así se incurra en redundancia normativa”, dijo un senador santista.