En los pasillos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia algunos abogados que llevan procesos de congresistas y otros altos funcionarios aforados hacen cuentas, calendario en mano, sobre cómo podría cerrar este año para sus respectivos defendidos. Según lo que ha trascendido, al estar ya conformadas la Sala Especial de Primera instancia (magistrados Jorge Emilio Caldas, Ramiro Alonso Marín y Ariel Augusto Torres) y la Sala Especial de Instrucción (magistrados Héctor Javier Alarcón, César Augusto Reyes, Francisco Javier Farfán, James Sanz Herrera y Cristina Lombana Velásquez), es claro que tendrán que asumir más de 200 expedientes y tomará varias semanas para que puedan empezar a tomar medidas de fondo en varios de ellos. A esto se suma que ya quedan apenas dos meses y medio de trabajo, antes del receso judicial que comienza a mediados de diciembre. Así las cosas, muchos investigados tendrán que esperar a 2019 para que avancen sus causas.
¿Bonanza petrolera? (I)
En los gremios económicos hay alarma sobre la forma en que el gobierno Duque pueda manejar los recursos que se deriven de un pico en los precios del petróleo, ya que el barril de crudo pareciera ir, lenta pero sostenidamente, rumbo a los 80 dólares. Por lo mismo, ya se han escuchado voces de dirigentes empresariales y gremiales que son de la opinión de pedirles tanto al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como al gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, que delineen una estrategia para manejar un flujo adicional de recursos por esta causa. Por ejemplo, recuerdan que en el anterior gobierno los 6,5 billones de pesos que se obtuvieron por la venta de Isagen se invirtieron en vías de Cuarta Generación, pero los recursos fueron traídos de forma gradual para no crear presiones cambiarias ni dejar asomar la ‘enfermedad holandesa’.
¿Bonanza petrolera? (II)
Sin embargo, ya el ministro Carrasquilla pareció adelantarse a esa preocupación, porque la semana pasada anunció que el Gobierno ya analizaba la posibilidad de activar un sistema de coberturas cambiarias frente a la volatilidad de los precios del petróleo. Un sistema similar al que utilizan países como México. El zar de las finanzas reconoció que en las cuentas para el presupuesto general del próximo año, que está en discusión en las plenarias de Senado y Cámara, se hicieron con base en un barril de petróleo promedio de 67 dólares, pero ahora ya está por encima de 70 dólares. Carrasquilla sostiene que la cotización del crudo es muy volátil y no se sabe qué pueda pasar en los próximos meses.
No votarían a los 16 (I)
Bajar la edad de votación a los 16 años, como se plantea en el proyecto de reforma política y electoral, no tiene muchos amigos en la Comisión Primera del Senado. Las razones para sustentar esa postura son varias: en primer lugar, que no hay datos fehacientes que permitan establecer el nivel de madurez política de los jóvenes de esta edad. Incluso, la Misión de Observación Electoral está a la espera de que la Registraduría Nacional le responda una petición sobre cuántos nuevos votantes hubo en las últimas elecciones, pues a muchos jóvenes que ejercieron este derecho por primera vez se les entregó una especie de diploma por su debut democrático. A lo anterior se suma que en Suramérica la mayoría de los países tiene la edad de votación a partir de los 18 años.
No votarían a los 16 (II)
Incluso un Senador piensa citar al director del DANE, Juan Daniel Oviedo, para que ilustre al Congreso sobre cómo está compuesta la población colombiana según los rangos de edad. Aunque el Censo 2018 no ha terminado, lo cierto es que semanas atrás se dieron algunos resultados preliminares según los cuales por cada 100 menores de 15 años en Colombia, hay 41 personas de más de 65 años y más. Asimismo, está claro que el 22,5% de la población estaría en el rango de entre cero y 14 años; el 68,3% entre 15 y 64 años y 9,2% tiene más de 65 años. Lo que se busca es establecer cuántos nuevos votantes estarían entre los 16 y 18 años.