Llamado a cordura
La crisis en la Alianza Verde sigue ahondándose. Muchos sectores y voces se están movilizando para evitar una división de la colectividad. Por ejemplo, el viernes pasado en el marco del seminario “Paola Colombia 2021”, un encuentro entre colectividades alternativas, el copresidente del partido, Carlos Ramón González, dijo que se debía “construir un acuerdo y un escenario de concertación y de diálogo franco para llegar juntos a la Presidencia en el 2022”. Tras pedir a los líderes de los partidos participantes sentarse a dialogar, el copresidente de los verdes señaló que "les propongo a mis compañeros parlamentarios que invitemos a una mesa de diálogo entre todos los sectores alternativos y construyamos una agenda común". Puntualizó que era “momento de llamar a la cordura, al diálogo y de llamar a que le bajemos el tono a las discusiones. Para mí son tan hermanos los del Pacto Histórico, como los de la Coalición de la Esperanza y los Verdes”.
No confiarse en antipetrismo
Una alta fuente del Centro Democrático le indicó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “el peor error” que podía cometer el partido era confiarse en que el “antipetrismo” será un plus que se ganará cualquier candidato que pase a la segunda vuelta, si a esta clasifica el exalcalde bogotano y hoy candidato presidencial de Colombia Humana. “… A mí ese asunto de que el antipetrismo será el fiel de la balanza en la segunda vuelta presidencial de 2022, en caso de que Petro clasifique, no me suena mucho”. Señaló dos razones al respecto. La primera: que en esta ocasión hay más candidatos fuertes que en 2018, cuando todo quedó reducido de forma muy temprana a Petro, Iván Duque y Sergio Fajardo. “Y la segunda, que la polarización política hoy es menor que hace tres años y los motivos de división nacional ya dejaron atrás temas que definieron otras elecciones, como el de la paz y la guerra”, puntualizó.
Ojo a formalización
En los gremios económicos hay coincidencia en torno a que el remate de 2021 pinta bien en materia de reactivación, ventas, consumo de hogares y disminución de inventarios de las empresas. Sin embargo, hay varios temores que consideran el Gobierno debería ser más diligente para solucionar. Uno de ellos es el referente al empleo informal, que se ha venido disparando a medida que el país ha podido ir dejando atrás las restricciones productivas y a la movilidad social impuestas para contener la pandemia. “… Los incentivos al empleo y sobre todo a la contratación de jóvenes se canalizan a través de la formalización laboral, y es allí en donde poca dinámica de generación de plazas se está viendo”, señaló un dirigente gremial.
Alerta por proyecto
Hay alerta en el gremio de las empresas de servicios públicos por los alcances de un proyecto de ley presentado por el representante uribista Ricardo Ferro que busca prohibir que dichas entidades puedan realizar cobros a inmuebles que se encuentren desocupados. De la misma manera, la iniciativa también prohíbe que un inmueble que carezca de cualquiera de los servicios públicos domiciliarios pueda ser estratificado por encima del estrato socio económico uno. “… Insisten en meterle mano a la ley 142 de 1994, pero no mediante una reforma integral sino, como siempre, a retazos”, indicó una alta fuente gremial.