Lupa a la demanda (I)

En el alto gobierno ya comenzaron a analizar si existe algún riesgo de que la reforma a la Ley 418, que es el marco normativo de la política de “paz total”, puede correr algún riesgo por la demanda que interpusieron la semana pasada las senadoras del Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. En su demanda contra la ley 2272 de 2022, sancionada a comienzos de noviembre por el presidente Gustavo Petro, tras ser aprobada por las mayorías oficialistas del Congreso, se alega que la norma tiene tres vicios “insubsanables” en su confección legislativa, lo que debe llevar a ser declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Lupa a la demanda (II)

De un lado se advierte que las modificaciones en materia penal y de procedimiento penal no tuvieron concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal, que es obligatorio, acorde con el artículo 167 de la Ley 65 y el Decreto 2055 de 2014. También se considera que hubo fallas en materia de consecutividad, es decir por la introducción de temas que no fueron discutidos en anteriores debates o fueron desechados. Y, por último, se señala en la causa judicial que se está violando el derecho a la igualdad de las víctimas de actos de conflicto armado y violencia.

¿Más universidades?

Aunque acaba de terminar el tramo uno de esta primera legislatura ya se anuncian debates de control político para el segundo, que debe comenzar, con sesiones extras a bordo, a mediados de febrero. Por ejemplo, congresistas del Centro Democrático quieren citar al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en torno a cuáles son los estudios que tiene esa cartera para respaldar los anuncios presidenciales en torno a fundar universidades públicas en determinadas regiones afectadas por el conflicto armado, como el Catatumbo. Los parlamentarios exigirán a Gaviria que presente los estudios de prefactibilidad así como los de oferta y demanda estudiantil que sustenten la viabilidad de crear estos centros de educación superior, con el fin de que no terminen convertidos en ‘elefantes blancos’ en pocos años.

Inventario de corrupción (I)

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, se fue lanza en ristre contra el gobierno Duque por presuntos casos de corrupción que han estallado durante la actual administración. Dijo que “en cálculos muy preliminares, se ha detectado que al menos $5 billones de 8 instituciones estatales terminaron en poder de los corruptos en el anterior gobierno”. Con base en denuncias periodísticas, el congresista petrista pasó a hacer un inventario de dichos casos. Del Departamento de Prosperidad Social dijo que un informe de la Contraloría identificó que más de $22 mil millones fueron desembolsados a al menos 50 mil personas fallecidas o que no estaban inscritas en el Sisbén. Sobre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recalcó la denuncia de un posible desfalco en el arrendamiento a bajo precio de bienes decomisados, concentración de estos en pocas manos y la falta de certeza sobre el estado de 57,7% de las propiedades inmuebles registradas en su inventario.

Inventario de corrupción (II)

Cepeda también citó el caso de la Unidad Nacional de Protección sobre anomalías en uso de vehículos, blindajes falsos, ausencia de sanciones a contratistas y corrupción. Trajo a colación, asimismo, que en el Fondo de Reparación de las Víctimas se denunciaron casos de bienes ocupados sin autorización y hasta nepotismo. Igualmente sumó las presuntas irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en torno a que, a través de contratos irregulares, se destinó más de medio billón de pesos para beneficiar a congresistas. Finalmente mencionó los escándalos de supuestas coimas billonarias con dineros del Sistema Nacional de Regalías así como las denuncias sobre corrupción con el presupuesto de los OCAD PAZ y anomalías graves en la Aerocivil.