Base en Gorgona (I)

Sigue creciendo la polémica alrededor del proyecto para la construcción de una Subestación de la Armada Nacional en el Parque Nacional Natural de Gorgona, en la costa Pacífica colombiana. Como se sabe, mientras que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, paralizó la obra desde el año pasado hasta tanto no termine una serie de consultas intersectoriales con comunidades, científicos y otras instancias, la Procuraduría General insiste en que hay un permiso vigente otorgado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, razón por la cual no procede ninguna suspensión y se puede arrancar con la construcción, más aún cuando esa base militar es clave para las operaciones de interdicción antidroga en el Pacífico colombiano y la preservación de la riqueza pesquera ante la presencia de barcos extranjeros no autorizados.

Base en Gorgona (II)

En el pleito jurídico terció el fin de semana el presidente del Senado, Roy Barreras, quien se mostró bastante crítico de la decisión gubernamental. “Un asunto de Seguridad Nacional: la reconstrucción del muelle y el radar en la isla Gorgona paralizada por intereses diversos que por ingenuidad, populismo o complicidad impiden que se controle a las mafias que han cargado con cocaína 184 narcosumergibles detectados, más un número mayor sin detectar”, precisó. Agregó el líder del Pacto Histórico que el “narcotráfico marino que financia las violencias, la muerte y la inseguridad en todo el Pacífico colombiano. ¿Quién se opone? ¿Qué colombiano de buena fe, ecoturista limpio o pescador artesanal se opondría a un radar de protección para todos que, además, cuenta con todas las licencias ambientales?”.

Base en Gorgona (III)

El presidente del Senado fue enfático en advertir que “en Colombia no hay una norma que exija la autorización de la Vicepresidencia para ejecutar un proyecto necesario de seguridad nacional. Es urgente que el Gobierno Nacional, y me refiero a los ministerios del Interior y Ambiente así como a la Armada Nacional, asuman la concertación realizada con las comunidades (sin la ingenuidad de pensar que no puedan ser presionadas por mafias que se oponen) y ejecuten la obra prevista hace meses”.

Marchas “lejos”

A propósito de los anuncios del gobierno Petro y la oposición para realizar sendas marchas a favor y en contra de las reformas de salud, pensional y laboral (las oficialistas el 1 de mayo y las de los contradictores el 6 del mismo mes), un congresista le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… estaban muy lejanas esas fechas, teniendo en cuenta que las siguientes tres semanas serán determinantes para el futuro de las iniciativas… La de salud puede que ya esté hundida para el 1 de mayo, ya que la oposición a la ponencia es mayoritaria en la Comisión Séptima (de Cámara)… Si vamos a meter presión popular a este debate, toda hacerlo desde ya, no en tres o cuatro semanas…”.

Apretando el paso

Como se sabe, la Ley de Garantías Electorales empezará a regir a finales de junio, lo que significa que desde entonces hasta el 29 de octubre, cuando se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, las administraciones departamentales y municipales tendrán una serie de restricciones para contratar, inaugurar obras, hacer nombramientos burocráticos y otro tipo de limitaciones. En ese orden de ideas, muchos gobernadores y alcaldes que terminan periodo el 31 de diciembre de este año están apretando el paso en este segundo trimestre del año, sobre todo en materia contractual, ya que estarán atados de manos en este aspecto durante cuatro meses y, luego, ya en noviembre y diciembre, deberán cerrar gestión y hacer el empalme con sus sucesores.