Como inconveniente calificaron la reforma de equilibrio de poderes los voceros de la Rama Judicial durante la audiencia pública realizada ayer en la Comisión Primera de la Cámara.

Mientras tanto, se conoció que la ponencia del proyecto de acto legislativo se radicaría hoy y que mañana se anunciaría en la Comisión para empezar el martes con el séptimo debate (tercero de la segunda vuelta) del articulado.

“El blindaje a la institución presidencial, con el mantenimiento del sistema de juzgamiento fracasado como la Cámara y el Senado, órganos esencialmente políticos para juzgar causas criminales comunes, no es bueno para la justicia ni para el Estado Social de Derecho”, expresó el magistrado Luis Rafael Vergara, presidente del Consejo de Estado, anotando que no está de acuerdo con que al presidente lo investigue el Congreso y más cuando se ha visto que no ha servido.

“No es fácil entender cómo un modelo de juzgamiento, que ha sido considerado ineficaz y que hizo crisis como lo es Cámara y Senado, pueda mantenerse para unos, y descartarlo para otros. Con esta crítica, no nos estamos refiriendo al actual presidente ni mucho menos a los anteriores, con los cuales tenemos un especial aprecio y respeto”, sostuvo Vergara, anotando que el interés de la Rama Judicial “no es atacar” al Congreso sino mejorar el equilibrio de poderes: “No pretendemos, como se dijo por allí, hacer lobby en el Congreso. Ni tampoco venir aquí a defender privilegios. Nosotros no venimos a imponer nuestros puntos de vista, sencillamente venimos a hacer efectivo el principio de la colaboración armónica de los poderes públicos. Por el bien de la patria y la administración de justicia”.

Inconveniente

 El magistrado José Alfonso Isaza, presidente del Tribunal Superior de Bogotá, dijo que “nosotros consideramos que esta reforma no es conveniente para el país, además vulnera los principios de independencia, autonomía y desconcentración de la Rama Judicial”.

Isaza anotó que no se ha permitido la participación de la Rama Judicial en la construcción del proyecto.

“Hemos insistido, y lo ha aceptado el Gobierno, que esta reforma solo es para cambiar el sistema de administración de la Rama Judicial, no para solucionar los problemas de la justicia, como el gran desequilibrio entre la oferta y la demanda”, expresó.

No es reforma a la justicia

 Por parte del Gobierno, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aclaró que “esto no es una reforma integral a la justicia y nunca ha pretendido serlo. Este es solo uno de  los componentes de las reformas que necesita la administración de justicia”.

Reyes señaló que el proyecto se refiere a normas constitucionales, “por eso se interviene la Constitución. Hay mucho diagnóstico sobre el funcionamiento del Consejo Superior de la judicatura y se ve la necesidad de intervenirlo. Solo se le puede intervenirlo por medio de normas constitucionales y por eso se explica la reforma constitucional”.

El alto funcionario dijo también que hay cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, pero para hacer las modificaciones se necesitan reformas constitucionales. “Hay cuestionamientos sobre la llamada puerta giratoria, sobre el mecanismo de ‘tú me eliges, yo me elijo’, que solo se puede solucionar por medio de normas constitucionales”.

Manifestó que las reformas constitucionales del proyecto de equilibrio de poderes son muy importantes, “pero no las sobredimensionemos: esto no es la panacea. Esta es una reforma que afecta elementos puntuales de la administración de justicia. La gran reforma a la administración de justicia por la que la gente pregunta es una serie de distintas iniciativas, algunas de las cuales se han puesto en práctica”.

Como ejemplo indicó que se expidió en Código General del Proceso, señalando que “ese es un buen instrumento que agiliza los procedimientos de naturaleza privada”.

Entre tanto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo que se ha escuchado a todos los sectores en torno a la reforma.

“Esta reforma se ha venido ajustando durante estos 6 debates porque ha sido una reforma deliberante, democrática, escuchando a la ciudadanía, las Cortes y al país. Lo que nadie puede decir es que haya un solo tema que hoy estemos discutiendo que estuviera incluido en el texto presentado ante el Senado”, dijo el ministro Cristo, agregando que “se dice sin ningún fundamento que esta reforma busca fortalecer el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Poder Público. Eso no se compadece con el texto”.

Cristo invitó que se mire detenidamente el proyecto. “Funciones que hoy tiene el presidente que le hicieron mucho daño en su momento a la Rama Ejecutiva, como la de ternar o enviar las siete ternas de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en este proyecto se trasladan a la Rama Judicial, para que el Congreso las elija, pero el presidente no interviene”, aclaró, indicando que al Congreso se le da la facultad de elegir de manera autónoma al contralor.

El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, manifestó que “es enorme el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Santos para proveer de mejores recursos para la Rama. Y tenemos que decir que eso no revierte en una mejor justicia y una justicia más pronta”.

Martínez explicó que actualmente hay un modelo fallido de la administración de justicia: “Hoy la gestión de la Rama tiene una junta directiva y una gerencia. Para el funcionamiento de ese modelo, el Congreso ha provisto recursos en el presupuesto nacional del orden de 130.000 millones de pesos. Y la junta directiva, que es la sala administrativa, se consume 52.000 millones pesos al año. Terminamos convirtiendo esa junta directiva en un órgano de gestión colegiada que ha incorporado una cauda de administradores, lo que ha terminado por burocratizar esa expresión judicial”.

Presupuesto

Freddy Machado, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), afirmó que “un país civilizado tiene que invertir el 8 por ciento de su propuesto” en la justicia, “y Colombia no alcanza un punto de su propuesto en materia de justicia”.

Machado manifestó que la junta directiva en pleno declaró estar en contra de la reforma de manera absoluta. “En esta reforma no se habla de presupuesto, no se le añade presupuesto. En la reforma fracasada se decía que había dos billones; en esta reforma por ninguna parte se dice que va ver más presupuesto”.

Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, ponderó algunos puntos del proyecto, como “tocar la estructura de gobierno del poder judicial”, señalando que “yo llevo como 10 años escuchando a las cortes quejándose de la administración del Consejo Superior de la Judicatura”.

 Cumbre política

Mientras que empezaba la audiencia pública, los jefes de los partidos políticos de reunieron para analizar la situación.

Al término del encuentro, convocado por el presidente del Directorio Nacional Conservador, David Barguil, se expidió una declaración final rechazando las expresiones del fiscal Eduardo Montealegre “con ocasión de las decisiones soberanas adoptadas por el Legislativo con respecto a la reforma de equilibrio de poderes”.

Los partidos hicieron “un llamado al respeto de la independencia y autonomía de las ramas del poder público y al ejercicio soberano de sus competencias constitucionales. Esto con el fin de no confundir a la opinión ciudadana con pronunciamientos y advertencias que en nada benefician a nuestra institucionalidad”.

Para los dirigentes políticos, “el Congreso ha venido trabajando y lo seguirá haciendo para devolverle a la justicia su majestad, confianza ciudadana y eficacia de sus instituciones. Reiteramos que el anhelo del Congreso y de los colombianos es ofrecerle a la Rama Judicial caminos para superar su actual crisis y garantizar que el ejercicio judicial será imparcial y no utilizado como instrumento de amenaza política”.