Una debilitada producción de alimentos, una excesiva concentración de recursos y funciones, por parte del Ministerio de Agricultura y del Incoder, y una ineficiente asignación presupuestal, son algunas de las situaciones que según la Contraloría General de la República marcan hoy en día el panorama del sector agropecuario.

En un análisis sobre la transformación del campo en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, publicado en la más reciente edición de la revista Economía Colombiana, la Contraloría sostuvo que actualmente se mantiene buena parte de los instrumentos de política que se incorporaron a este sector entre los años 1990 y 1994, a pesar de que las necesidades no son las mismas: “La desestabilización económica y política en distintos países, la pronunciada caída de los precios del petróleo y la volatidad de la oferta alimentaria que conllevó a su encarecimiento, han traído consigo cambios notables en el ámbito rural y el debilitamiento de la producción de alimentos en Colombia”.

El sector agropecuario ha perdido importancia en el Presupuesto General de la Nación (PGN): los recursos asignados para inversión caen de 14 por ciento del PGN en 1992 a 3 por ciento en 2005 y desde entonces se recuperan lentamente hasta alcanzar cerca del 6 por ciento en 2014; y pese a la fuerte inyección de recursos públicos en esta última etapa, el PIB agropecuario se rezagó del PIB total de Colombia.

“Un cuarto de siglo después de expedida la Constitución de 1991 los resultados del sector agropecuario colombiano no son alentadores. El PIB sectorial decrece respecto del PIB total, la balanza comercial agropecuaria se deteriora y los precios internos de los alimentos son los más volátiles de la canasta familiar”, señaló el artículo elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario.

En vísperas de una nueva modificación de las instituciones del sector agropecuario prevista en el PND 2014-2018, para lo  cual el Congreso otorgó expresas facultades al Gobierno nacional, vigentes hasta diciembre de 2015, la Contraloría recordó cómo el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) son las dos únicas entidades que han sobrevivido a las continuas reformas organizacionales sufridas desde la expedición de la Carta Política de 1991.

El Fondo DRI desapareció del escenario en el año 1997. La entidad encargada de la acuicultura y pesca (el INPA) fue liquidada en 2003 y nueve años después, en 2012, fue revivida con el nombre de Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

La emblemática entidad encargada de la reforma agraria en Colombia (Incora) salió del presupuesto en 2007, siendo reemplazada misionalmente por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) desde el año 2003.

Según este análisis de la Contraloría, la reforma institucional del sector agropecuario del año 2003, implicó una inestable reacomodación de las prioridades del Estado.

“Una de sus consecuencias ha sido la progresiva concentración de recursos y funciones en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Incoder: en el período 1990-2014 el presupuesto del Ministerio se ha multiplicado 28 veces y en 2014 acaparó el 77 por ciento del presupuesto total del sector”.