Cerca de $9.3 billones de pesos son los que se tendrían que invertir hoy para cubrir las obras que se programaron hace 10 años para descontaminar el río Bogotá. Es decir, se trata de un 47% más de lo que se había presupuestado en un documento Conpes de 2004, que dio la línea del Estado para descontaminar el vital afluente de la capital del país.

El dato lo dio la Contraloría General de la República al presentar su primer informe sobre qué tanto se ha avanzado en el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado en el cual se impartieron órdenes a diferentes entidades del Estado para la descontaminación del Río Bogotá (Fallo del 28 de marzo de 2014, Magistrado Ponente: Marco Antonio Velilla).

El aumento mencionado se dio por efecto de la actualización de los precios: lo que en 2004 valía 6,2 billones de pesos, ahora vale 9,3 billones.

Y lo más preocupante es que ese monto no está financiado. El déficit asciende a $4.7 billones de pesos, lo que equivale al 50% del monto total de la estrategia, según revela el análisis de la Contraloría General de la República.

La Contraloría hizo este estudio, pues en su fallo el Consejo de Estado le ordenó acompañar a los responsables de la proyección de las inversiones, financiación y demás decisiones de la providencia, con el objeto de verificar su ejecución y cumplimiento a corto, mediano y largo plazo.

Análisis de las cifras del PND sobre descontaminación del río     

La CGR adelantó también un análisis de las cifras del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con destino a la descontaminación del Río Bogotá.     

Se determinó que el PND 2014 – 2018 no contiene explícitamente ningún rubro de inversiones estimadas para la descontaminación del Río Bogotá ni para el apoyo a la gestión integral de su cuenca.

No obstante, el Departamento Nacional de Planeación –DNP- informó  a la CGR que la proyección de inversión pública para la descontaminación del Río Bogotá, pasaría a $17.5 billones, cifra que está por encima de los $16.6 billones de años anteriores, lo que la Contraloría no encuentra factible si se tiene en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 planea destinar para el desarrollo de su estrategia de crecimiento verde tan solo $9.5 billones de pesos.

“En general, al actualizar a pesos de 2014 los valores de inversión estimados en el CONPES 3320 de 2004, se encuentra que este monto no coincide con los nuevos cálculos estimados por el DNP enviados a la CGR, ni hay recursos asociados a la descontaminación del Río Bogotá en la estrategia de crecimiento verde determinada en el PND 2014 – 2018”, dice el informe del organismo de control.

Dado lo anterior, la CGR considera que se debería empezar por estimar un escenario de inversión con unas fuentes detalladas, atendiendo las limitaciones de recursos que enfrenta la Nación por la coyuntura internacional de los precios del petróleo y la baja en la tasa de cambio que ha obligado al Gobierno Nacional a realizar un recorte de $6 billones de pesos en el presupuesto de 2015  y cuyo panorama no es el más alentador.

“Recoger estas recomendaciones de la CGR, le evitaría al país tener un plan de descontaminación del Río Bogotá convertido en letra muerta por la falta de claridad en la totalidad de los recursos económicos que permitirían llevarlo a cabo”, concluye el análisis.

Control fiscal participativo en estrategia de seguimiento a gestión del Río Bogotá

La Contraloría General de la República ha puesto en práctica una estrategia para la armonización y el seguimiento a la gestión sobre el Río Bogotá lo cual ha permitido que esta gestión se haga de manera transparente, eficiente, eficaz, económica, equitativa, con criterios de sostenibilidad ambiental y asegurando la acción armónica y coordinada de todos los actores que toman decisiones sobre el recurso hídrico y su territorio.

Con la participación de la ciudadanía, la CGR abre un espacio de diálogo y construcción colectiva para alinear los objetivos del conjunto de organizaciones de la comunidad y de las entidades públicas que han venido liderando este proceso encaminado a la armonización y el seguimiento a la gestión que se cumple frente al conflicto ambiental que se presenta en torno a este cuerpo hídrico, su territorio y sus gentes.