En calzas prietas se ha visto la administración Santos por cuenta de la consulta previa que está obligada a adelantar con las minorías étnicas por proyectos de desarrollo que puedan impactar su hábitat así como sus costumbres. Precisamente por pasarla por alto la Corte Constitucional tumbó el Código Minero, mientras que por no poder avanzar en ella hasta el momento se ha visto impedido de radicar en el Congreso proyectos como la reforma a las CAR y la ley de desarrollo rural.

Desde 2012, el Gobierno anunció que trabajaba enun proyecto de ley estatutaria para reglamentar la consulta previa con indígenas, afrocolombianos y el pueblo ROM (gitanos). Sin embargo no ha sido presentada al Legislativo.

Y no es que no salgan adelante procesos de consulta previa, el año anterior se lograron acordar cerca de 900, pero iniciativas clave como las ya señaladas y el tiempo que demandan pone los pelos de punta a más de un funcionario.

El representante a la Cámara por Antioquia, Santiago Valencia, indicó que “la figura de la consulta previa bien utilizada, lo que hace es democratizar y dar participación a las comunidades en temas de obra pública, de inversión y todo lo que requiere la consulta previa. Sin embargo, creo que hoy no solamente no está funcionando sino que es un obstáculo. Pienso que el Gobierno tiene que revisar la consulta, llegar a un acuerdo con las comunidades, de tal forma que ellas sean tenidas en cuenta y puedan participar de los procesos, pero que eso no se vuelva un problema ni una talanquera para los proyectos de inversión”.

Añadió que el Congreso está dispuesto a analizar las medidas que impulse el Gobierno, “que no se desconozcan los derechos de las comunidades, pero que tampoco se impida el desarrollo del país”.

En tanto que Gabriel Muyuy, exdirector del Programa  Presidencial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, coincidió en la necesidad de hacer una reglamentación de este mecanismo, aunque sin perder de vista los acuerdos internacionales que el país ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo y además haciendo una profusa consulta con las minorías étnicas.

Sin embargo, se mostró contrario a aspectos que se han filtrado de esta reglamentación como poner tiempos límites a la consulta. “Tiene que haber unos mínimos y unos máximos porque o si no iríamos contra el espíritu del Convenio 169 (de OIT) y de la misma Constitución, en el sentido que hay un reconocimiento de la diversidad cultural y étnica en el país”.

Explicó que hay 102 pueblos indígenas y cada uno tiene su manera de proceder en el tiempo y en el espacio. “No es lo mismo una consulta en el norte de Colombia con los wayúu, que con los arahuacos o koguis, que tienen otra manera de tomar decisiones, y ellos gastan más tiempo que los mismos wayúu”.