La acción de tutela de las madres comunitarias podría costarle al Estado $16.7 billones, manifestó Adriana Guillén, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien señaló que en la actualidad existen 504.677 procesos en contra de la Nación.

EL NUEVO SIGLO: ¿Tiene ya alguna aproximación al caso de la demanda de las madres comunitarias?

ADRIANA GUILLÉN: La acción de tutela de las madres comunitarias podría costarle al Estado $16.7 billones, suma dentro de la cual se incluye el pago de salarios, prestaciones y pensiones. Sobre el particular debo anotar que el precedente dominante de la Corte en estos casos, es que entre las madres comunitarias y el Estado no existe relación laboral.

ENS: ¿No hace falta más estrategia preventiva en los despachos oficiales para evitar llegar a la demanda contra la nación?

AG: La Agencia, desde su creación y cumpliendo uno de sus objetivos principales, viene impulsando la formulación e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico en el Estado. El fin de estas políticas es precisamente que cada una de las entidades públicas del orden nacional identifique las causas prevenibles por las que más las demandan y construyan planes de acción anuales con medidas y mecanismos que permitan corregir las prácticas que llevan a posibles demandas.  Para facilitar la formulación de las políticas, la Agencia diseñó una metodología única que las entidades deben utilizar, la cual ha sido ampliamente divulgada con todas las entidades.  De igual manera, la Agencia viene acompañando a las entidades en el proceso de formulación, a través de talleres y asesorías personalizadas.  En el caso de las 40 entidades de mayor litigiosidad, que dan cuenta del 95% aproximadamente de las demandas contra el Estado, se hace un acompañamiento uno a uno para lograr la formulación e implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico.  En este momento el 70% de entidades públicas del orden nacional están trabajando activamente en la formulación de sus políticas.  Así las cosas, ya se está trabajando intensivamente en la estrategia preventiva.

ENS: ¿Qué tanto se han reducido los carteles de abogados que se especializan en demandar a la nación?

AG:  La Agencia está concentrada en reducir las condenas contra la Nación a través de diferentes estrategias que incluyen la optimización de los modelos de gestión de la defensa jurídica, la participación en casos de alto impacto y el diseño de políticas y estrategias para reducir el daño antijurídico. El despliegue de estas estrategias reduce las condenas y, en consecuencia,  las ganancias de los abogados que demandan a las entidades públicas.  Adicionalmente, la Agencia estimula la solución amistosa de las controversias entre los demandantes y las entidades públicas. Esta figura permite reducir el porcentaje de ganancias de los apoderados y fortalece una cultura de resolución de conflictos que desincentiva el comportamiento extractivo de algunos abogados. Esperamos que, en el mediano plazo, las estrategias que está implementando la Agencia reduzcan la concentración de abogados que se dedican a la extracción de rentas estatales a través del litigio contra la Nación.

ENS:  ¿Es cierto que Electricaribe demandó al Estado?

AG: Unión Fenosa presentó una notificación de intención de iniciar una etapa de negociación directa dentro del marco del Acuerdo de Protección y Promoción de la Inversión suscrito con España. El Estado está evaluando tal solicitud a la luz del Acuerdo. Unión Fenosa no ha demandado al Estado colombiano a la fecha.

ENS: ¿A cuánto ascienden hoy las demandas contra la nación y por qué motivos?

AG: De acuerdo al Sistema de Información Litigiosa eKogui, existen 504.677 procesos en contra de la Nación, con unas pretensiones de $289 billones de pesos (Sin incluir el proceso por desplazamiento forzado que a 31 de agosto tenía unas pretensiones de  $ 3.249.942.612.068.640.

ENS: ¿Cómo recuperar los $14 billones que le deben al Estado los condenados por delitos de corrupción o mala administración?

AG: Cada entidad pública afectada por la comisión de un delito puede hacerse parte, en condición de víctima, dentro del proceso penal y una vez se profiera sentencia condenatoria podrá adelantar el incidente de reparación integral, dentro del cual puede solicitar el pago de los perjuicios ocasionados con la conducta punible. Igualmente, la acción de repetición puede llegar a ser el medio idóneo para recuperar los bienes perdidos por el Estado con ocasión de la comisión de delitos contra la administración pública, siempre que haya una condena o conciliación en contra del Estado como resultado de la comisión del ilícito.

ENS: ¿Le faltan más dientes, personal, marco normativo al Estado para defenderse mejor o con lo que hay es suficiente?

AG: Realmente frente a la gestión de la defensa jurídica el tema no es tanto de nuevos desarrollos normativos, ya que desde hace tiempo, se encuentra prevista la existencia y conformación de los comités de conciliación y defensa judicial al interior de las entidades, cuya función asemeja a una pequeña agencia al interior de cada una, siendo ésta la instancia rectora de la defensa jurídica allí.

La baja efectividad de la defensa jurídica en muchos casos se puede asociar a que estos comités por razones de tiempo y carga de procesos no cumplen efectivamente con todas las funciones asignadas y se concentran en el tema de la conciliación. A pesar de estar conformados por funcionarios del nivel directivo, el comité en muchas ocasiones no direcciona estratégicamente la defensa jurídica. Por ejemplo, no hay tiempo para estudiar la litigiosidad y diseñar políticas de prevención del daño antijurídico que contrarresten las causas que generan ese daño, tampoco hay directrices claras de conciliación y defensa para temas reiterados.

ENS: ¿Los tribunales de arbitraje no terminan siendo un riesgo para el Estado por los fallos adversos a las entidades oficiales?

AG: No. En la Jurisdicción Arbitral a junio de 2016 el Estado reportó una tasa de éxito de 43%. Y en los tribunales en los que se logró conciliar los ahorros fueron del orden de $492.939 millones frente a las pretensiones iniciales.

ENS: ¿Se requiere reformar el régimen de contratación en Colombia?

AG: En mi concepto es urgente eliminar trámites y vueltas que hacen poco competitiva y efectiva la adquisición de bienes y servicios para el Estado. Sobre todo es necesario cambiar la cultura, que es tal vez lo más difícil. Necesitamos otorgar más transparencia y celeridad; un excelente ejemplo es la Agencia Colombia Compra Eficiente, con ella logramos dejar los intermediarios, acelerar los procesos y encontrar mejores precios dentro de una visión de escala.