Por: Vannesa Romero

Periodista EL NUEVO SIGLO

 

Cuando en  ocasiones el proceso de paz pareciera un teléfono roto, por las apreciaciones que van y vienen de quien se considere el apropiado para emitir un comentario, la Mesa de Negociación avanza lentamente en la definición de una política agraria capaz de generar equidad en el marco del conflicto.

Varios puntos colman la paciencia por la indecisión frente a una conclusión clara y única en las conversaciones, tema que requiere un prolongado tiempo de análisis pero que no da muestras claras de definiciones.

Por un lado, el jefe del equipo negociador de Gobierno para los diálogos de paz con las Farc, Humberto de la Calle, ha venido insistiendo en que “la construcción de una paz estable y duradera pasa necesariamente por la transformación del campo, una de cuyas variables principales es el acceso de los campesinos a la tierra”.

El delegado es consciente de que eso no es necesario puesto que “se requiere un acceso integral, esto es, acompañado de crédito, tecnología y asistencia técnica, entre otros mecanismos, para reivindicar la situación de los campesinos y vigorizar la economía agraria, así como promover un uso adecuado de la tierra”.

Una de las posiciones del Gobierno Nacional es que se quiere elevar la calidad de vida de los colombianos que habitan las zonas rurales garantizando acceso a bienes públicos como salud y educación.

Por el otro la guerrilla de las Farc propone que se haga un reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos, “en los términos establecidos en la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos de la ONU, la cual será incorporada de manera inmediata al ordenamiento constitucional”, según reza uno de los apartes de uno de los documentos presentados en la Mesa.

El grupo armado plantea que se adoptará “en forma inmediata el Acuerdo 141 de la OIT y se crearán las condiciones institucionales para hacerlo eficaz”.

Para ello, los territorios campesinos “gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria”.

Dicha autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada dentro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo propusieron en su momento. 

De otro lado está el Gobierno Nacional con la firme posición de que “no pueden identificarse zonas de reserva campesina por la creación de republiquetas políticamente autónomas en todo el país”, como lo comentó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

De otro lado, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en cabeza de Rafael Mejía, insiste en que si no hay rentabilidad “no hay nada qué hacer, pero esa rentabilidad tiene que estar dividida no solo en lo económico sino en lo social y político”.

En diálogo exclusivo con EL NUEVO SIGLO, ambos funcionarios que expusieron sus posiciones conservando el margen de respeto en lo dicho por los voceros de ambas partes y sin llegar a opinar puntual y directamente sobre algunas de las propuestas.

 

Rentabilidad y violencia económica, el verdadero problema: SAC

 

En opinión  del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, como órgano independiente del proceso, reiterando que las propuestas planteadas ante la Mesa de Negociación ya fueron entregadas, no se puede dejar de lado la violencia económica y la rentabilidad como factores que afectan considerablemente al campo.

 

EL NUEVO SIGLO: El uso del suelo en muchas zonas está siendo aprovechado por los grupos armados para otros fines, y el campesino queda atado ¿cómo contrarrestar eso?

RAFAEL MEJÍA: El Estado tiene el 20%, áreas protegidas el 3.74%, resguardos y otros colectivos indígenas 29%, comunidades negras 1.47, comunidades religiosas 0.3%, otras comunidades 0.43% y predios privados el 44%. Hay un 56% que no está en control del sector privado, lo tiene o el Estado, o los grupos alzados en armas, esos predios privados, el 44% también hay algunos que están invadidos.

 ENS: En ese 56% ¿qué tan bueno o malo es que no le pertenezca totalmente al Gobierno?

RM: Es que precisamente áreas protegidas son del Estado. El Estado tiene que recuperar las tierras. El punto es que aquí no se puede hablar de ciertas situaciones como concentración de la tierra porque empecemos a hablar de otros sectores.

ENS: ¿Cómo es la concentración en el sector financiero? ¿En manos de quién está?

RM: En el de telecomunicaciones, quienes lo controlan, son extranjeros o colombianos. La industria o centros comerciales.

Entonces es injusto creer en las ciudades que donde hay un proceso de paz lo paga el sector agrícola, no, eso es el país.

ENS: Pero resulta siendo uno de los más afectados

RM: Pero no lo va a pagar el sector agrícola, si resulta afectado, entonces que el Gobierno controle y se ponga las pilas. Estamos trabajando en un documento con Fedesarrollo para presentar nuevamente a la Mesa, es un borrador en el que llevan más de dos meses.

ENS: Hay personas que han estado con alguno de los actores y en este proceso no han encontrado las garantías suficientes ¿por qué sucede esto?

RM: Porque no se conoce a fondo lo que se ha discutido en las mesas, lo que hay son unos lineamientos sobre los cuales se está trabajando.

Aquí tenemos un problema de desarrollo rural pero quién y cuántas personas quieren quedarse en el campo, más del 70% de las personas que se han encuestado por parte del Gobierno no quieren volver al campo.

Porque no lo ven como un modo de vida, como una actividad rentable.

Nosotros lo hemos definido, y esto es muy importante, que si no hay rentabilidad no hay nada qué hacer, pero esa rentabilidad tiene que estar dividida no solo en lo económico sino en lo social y político.

No saco nada estando en una pequeña población y que no da rentabilidad social, es decir no tengo escuela, hospital, esparcimiento, banco, nada. Y si hay un político que se me atraviesa pues peor.

Esa inversión va a permitir dos cosas, incremento de la oferta, hablábamos de 30 millones, de 85% agrícola y 15% pecuario.

Fíjese en un país que sufrió los dos últimos años todos los embates del clima, inundado y todo. ¿Acaso hubo escasez de comida? No ¿Hubo una inflación desbordada? no.

Qué se hizo, la SAC a través del programa AIS sugirió concretamente que se hiciera énfasis de acuerdo a los programas nutricionales del ICBF, que hay recomendaciones para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que a esos productos se les diera prioridad en la financiación a través de AIS.

Por eso hubo comida, en algunos casos no tan de buena calidad pero no hubo escasez, ni qué importar masivamente.

ENS: ¿Qué papel juega la reducción de la pobreza?

RM:Ahí estamos llegando a la reducción de pobreza y generar empleos porque cuando esto no se logra, el país supuestamente está tratando drogas, violencia, terrorismo y pobreza.

Si esta gente no se conserva en su empleo pues se va a cultivar hoja de coca o a un grupo como alzado en armas, o lo peor, pobreza y desplazados.

Hay dos tipos de desplazados, uno por violencia o violencia económica, eso no se tiene en cuenta en el país que son todos los problemas que se están dando en café, arroz, leche, algodón. Que mis ingresos son menores que mis egresos y me quebré.

El problema vuelve a ser rentabilidad, pero aquí está el otro, el del empleo porque se dice que el sector agropecuario genera empleo, porque la gente no se toma el trabajo de mirar qué tipo de empleo.

Resulta que el DANE lo registra como empleo familiar no remunerado y es válido internacionalmente pero resulta que no se le está pagando sueldo, no está en la seguridad social.

ENS: En el marco de este proceso ¿cómo combatir esta violencia económica?

RM: Todos los países del mundo tienen cadenas productivas. Está el productor y el consumidor. En todos los países la cadena productiva la maneja el secretario de agricultura de principio a fin. Aquí lo que se ha logrado es que haya un choque entre uno y otro porque el productor primario, el ministerio es un tomador de precios, no se vende la leche, usted la compra y le dicen cuánto le pagan.

Hay una división de las cadenas productivas.

Ese es el fenómeno que hay en Colombia. Cómo se puede arreglar. Se trató de hacer una ley de cadenas que fracasó. Era que las cadenas alimenticias fueran desde el Ministerio hasta el consumidor y fortalecerlo.

La SAC es independiente, no recibe plata del gobierno, es una relación profesional, es cuerpo consultivo del Gobierno pero si nos quieren hacer caso pues sí, si no, pues no.

ENS: ¿En dónde queda la extranjerización y las comunidades indígenas y minorías étnicas?

Las comunidades indígenas y afrodescendientes son las poseedoras de la mayor tierra en el país y no la tienen por uso productivo por sus creencias religiosas. El país tiene que definir si acepta eso o no.

La extranjerización de la tierra. En Colombia empecemos por el sector financiero, hay nueve bancos extranjeros ¿Los sacamos? ¿Está prohibido invertir?

Miremos cuáles son los mayores éxitos en el descubrimiento y manejo en petróleo y minería. Pacific Rubiales es venezolana ¿La sacamos? ¿Prohibimos la inversión extranjera en minería y explotación de hidrocarburos?

Las grandes superficies. Carulla no es colombiana, Pomona tampoco, Éxito tampoco, Carrefour era francesa y ahora es chilena.

Coge todas las grandes superficies y tienen una composición accionaria mayoritaria extranjera ¿Las sacamos? La única es Olímpica de los Char de la Costa. Pero no puede juzgar aisladamente al sector agrícola y decir que allí no va inversión extranjera.

 

No permitiremos republiquetas: Minagricultura

 

Para el  ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, las zonas de reserva campesina pueden ser un instrumento útil para proteger a algunas comunidades campesinas especialmente fragilizadas, pero aclaró que durante esta administración no se crearán a menos que estén dadas las condiciones de seguridad.

En diálogo exclusivo con EL NUEVO SIGLO, el jefe de la cartera ministerial se refirió al avance de las políticas agrícolas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

 

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo va el proceso de recuperación de tierras en el país?

JUAN CAMILO RESTREPO: Se está trabajando intensamente porque la política del Gobierno no es solo para recuperar tierras fiscales indebidamente apropiadas por las Farc sino de cualquier otro despojador o invasor.

Tenemos en marcha cerca de 1.200 procesos que se habían olvidado, que estaban engavetados en gobiernos anteriores, se están sacando, actualizando y la meta es que antes de que termine este gobierno podamos recuperar tierras en el orden de un millón de hectáreas.

ENS: ¿El Gobierno ha contemplado conformar zonas de reserva campesina o hay actualmente alguna estrategia similar?

JCR: En Colombia, hay unas cinco zonas de reserva campesina, ninguna de las cuales ha sido constituida en este Gobierno.

Las zonas de reserva campesina pueden ser un instrumento útil para proteger a algunas comunidades campesinas especialmente fragilizadas, pero no crearemos en este Gobierno ninguna zona de reserva campesina a no ser que estén dadas las condiciones de seguridad.

De todas maneras, las zonas de reserva campesina no pueden identificarse con soberanías ni autonomismos políticos. No puede dividirse el país en un mosaico de reserva campesina.

No pueden identificarse zonas de reserva campesina por la creación de republiquetas políticamente autónomas en todo el país.

La ley define qué es una zona de reserva campesina, ninguna de ellas se ha creado en este Gobierno, si se crea es porque están dadas las condiciones de seguridad y cualquiera que se creare, no podrá ser una zona con autonomismos políticos ni administrativos.

ENS: ¿Se corre el riesgo de que esa autonomía forme independencias?

JCR: Las zonas no están previstas como zonas con autonomía política o administrativa, la soberanía nacional es una y no se puede fraccionar ni parcelar.

ENS: ¿Cómo va el proceso de acceso a la tierra en aras del descongestionamiento?

JCR: El proceso va avanzando bastante bien, diría que en los últimos dos años se ha avanzado mucho más que en los últimos 50 ó 60 en el país.

Si por acceso a la tierra entendemos en primer lugar titulación, formalización de la propiedad, ya vamos en 1 millón 600 mil hectáreas.

Depende de cómo se mira el acceso pero están en marcha una serie de políticas agrarias muy modernas y nuevas que tienen formalización, es decir que quien no tenga títulos o escrituras tenga acceso a ella.

ENS: ¿Entonces el proceso avanza?

JCR: El acceso a la tierra es también poder reivindicar o recuperar tierras que fueron despojadas, se está aplicando la ley 1448 de 2011. Por primera vez en la historia hay un proceso de recuperación de tierras, hay 1.200 demandas presentadas ante los jueces agrarios, ya empiezan a salir los primeros fallos y a lo largo de este año saldrán otras muchas.

Estamos igualmente avanzando en una tercera vía de acceso a la tierra, que es que el Estado recupera baldíos que habían sido indebidamente apropiados, ya sea por la guerrilla, paramilitares y otras gentes.

Lo que sucedió en el Caguán es una muestra de ello, 130 mil hectáreas que habían sido indebidamente apropiadas por el Mono Jojoy y se recuperan para el Estado, con lo cual se va copiando el Banco de Tierras con el cual se va a nutrir a todos los programas agrarios de acceso a la tierra.

ENS: ¿Cómo avanza el Gobierno en la definición de la frontera agrícola?

JCR: En el país hay 114 millones de hectáreas, 60 de ellas son bosques protegidos, 38 millones ganadería extensiva y 5 de agricultura.

Las políticas públicas que están en marcha buscan gradualmente ir aumentando la frontera agrícola y reduciendo la ganadería extensiva que genera menor valor agregado.

Las metas para que sea un poco más equitativa, pues hay campesinos que no pueden disfrutar de sus tierras

Doblar el área agrícola del país.

ENS: ¿La violencia económica existe o no en el país?

JCR: Creo que hay que llamarla grandes deficiencias en todos los proceso de comercialización. Desequilibrio en los poderes de las cadenas productivas. A veces los esquemas de industrialización y comercialización tienen un poder monopólico mucho más fuerte que el de la producción básica.

ENS: ¿El estímulo a la producción agropecuaria ha surtido los efectos calculados al inicio del mandato?

JCR: Durante los últimos tres años de la administración Uribe, la agricultura colombiana decreció, durante los dos primeros años de la administración Santos, a pesar de las grandes dificultades y retos que planteó la ola invernal y la revaluación, la agricultura en balance está creciendo otra vez positivamente.

2.2 y 2.5 en los últimos dos años.

Todavía no vamos a la velocidad de crucero pero la vieja locomotora que estuvo tres años en un taller de reparaciones ha vuelto a caminar por la carrilera.

ENS: Frente al proceso de paz ¿cómo ve hasta el momento lo hablado?

JCR: Las conversaciones están andando, se ha convenido de discrecionalidad, van avanzando con cuidado, no a una velocidad desaforada pero van avanzando positivamente.

 

Propuesta agro de las Farc

 

Pese a los giros que ha tenido el proceso, gran parte de su propuesta se condensa en un documento de diez puntos en el que exponen su iniciativa de Desarrollo rural “para la democratización y la paz con justicia social de Colombia para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino”.

1. Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos, en los términos establecidos en la Declaración internacional de los derechos de los campesinos de la ONU, la cual será incorporada de manera inmediata al ordenamiento constitucional. Se adoptará en forma inmediata el Acuerdo 141 de la OIT y se crearán las condiciones institucionales para hacerlo eficaz.

2. Constitucionalización de la figura del territorio campesino, en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano en los mismos términos que para las comunidades indígenas y afro-descendientes.

En tal sentido, los territorios campesinos serán inembargables e imprescriptibles.

En consideración a las formas de propiedad existentes en estos territorios-individual, asociativa, comunitaria o colectiva-, y con miras a evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra, habrá en ellos regulaciones específicas sobre la transferencia de derechos.

Sin perjuicio de otras formas, los territorios campesinos estarán conformados por Zonas de Reserva Campesina o por Zonas de producción campesina de alimentos. 
3. Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada dentro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional Constituyente. 
4. Se reconocerá el carácter estratégico de las comunidades campesinas, de sus organizaciones y de los territorios campesinos en la protección de ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, para la sostenibilidad socio-ambiental en general, y para la soberanía alimentaria.
5. Con miras a garantizar su estabilización y proyección, así como los fines para los cuales han sido creados, los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos. Sin perjuicio de otras fuentes, los recursos provendrán del sistema general de participaciones, de las regalías, de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado, así como de una cuenta específica creada dentro del presupuesto general de la nación, con un porcentaje fijo sobre el total. Todos estos recursos conformarán el Fondo nacional de financiación de territorios campesinos.
6. Los territorios campesinos serán dotados con medios de producción, asistencia técnica y recursos de crédito, que permitan garantizar su función de protección y sostenibilidad socio-ambiental, así como el usufructo sostenible de la tierra y de la producción campesina. 
7. Se reconocerán y afianzarán las Zonas de Reserva Campesina como espacios de protección socio-ambiental, de producción de alimentos, forma de organización territorial y expresión histórica, organizada, de las luchas campesinas por la transformación agraria, que merecen el respeto por parte del Estado, el cual debe saldar su deuda histórica con la población rural. 
Para responder a las expectativas de acceso a la tierra de las comunidades campesinas que las habitan, se destinará una extensión no inferior a 9 millones de hectáreas sobre las cuales se fundamentarán formas de propiedad individual, asociativa y comunitaria, cuya titularidad estará en cabeza de la respectiva organización campesina, única facultada para solicitar su reconocimiento y creación; es decir, su formalización, mediante simple manifestación de voluntad.
8. Se crearán las Zonas de Producción Campesina de Alimentos, en una extensión territorial no inferior a 7 millones de hectáreas. Las zonas se crearán con tierras redistribuidas de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, expropiadas al narcotráfico, obtenidas ilícitamente mediante el ejercicio de la violencia, baldías, restituidas a los campesinos, o de minifundios. 
9. En los territorios campesinos se privilegiará el autoabastecimiento alimentario, se propiciarán relaciones de intercambio con otros territorios campesinos, indígenas, afro-descendientes, interétnicos e interculturales.
10. En atención al carácter estratégico de los Territorios Campesinos, se propenderá por su protección especial frente a la estigmatización por parte de la inteligencia militar o su uso dentro de estrategias contrainsurgentes y de guerra. Los Territorios Campesinos serán protegidos del ejercicio estructural de la violencia y el despojo, de las presiones de cambios en el uso de la tierra y el territorio por megaproyectos infraestructurales, minero-energéticos o de agro-combustibles, del mercado especulativo de tierras, de los abusos del llamado “derecho de superficie”, de la extranjerización de la tierra y de la especulación financiera, entre otros factores, como las políticas de mercantilización de la naturaleza y el comercio con bonos de carbono, que lesionan la existencia de las pequeñas y medianas economías rurales. De manera especial, se reconocerá el derecho a la consulta previa, libre e informada. 

 

Frontera agrícola

 

Para el  presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, lo propuesto en el documento entregado a la Mesa de Negociación no está siendo analizado en su totalidad y se están dejando de lado temas como miseria y pobreza.

Apoyó lo dicho en que “ha cambiado la agricultura de ciclo corto que era el 52% en los años 90 y ahora es el 39%. Actualmente se cultivan en Colombia alrededor de 5 millones de hectáreas y se producen cerca de 30 millones de toneladas de alimentos y materias primas, de las cuales 85% corresponden a productos agrícolas y el restante 15% a productos pecuarios”.

Indicó que hoy en día, la línea de pobreza es el 57% en lo rural y del 34% urbana. “Es muchísimo menos, pero lo de indigencia es del 23% en lo rural y en lo urbano del 9%”.

En las conclusiones exponen que se debe integrar adecuadamente elementos globales y locales. “La aplicación del enfoque del desarrollo territorial no puede ignorar el entorno institucional y de políticas nacionales, ni la vinculación de procesos locales al entorno nacional e internacional”.

Eso significa que “cuando se habla de poner en el territorio algo perfectamente independiente a lo que está haciendo el país y las políticas nacionales e internacionales, no se puede hacer, porque o si no queda es una colcha de retazos”.