Ley para regular Centros de Diagnóstico Automotor es inviable: Fenalco | El Nuevo Siglo
Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.
EL NUEVO SIGLO
Viernes, 20 de Enero de 2023
Redacción Nacional

El 2023 inició con una gran sorpresa para los empresarios de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), según manifestó la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco): un artículo (el número 6) de la Ley 2283 del 5 de enero de 2023 señala que por cada revisión técnico-mecánica, el CDA debe entregar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario y por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos; es decir, un año.

Petición de Fenalco

Bajo esta premisa, empresarios del Comité de los CDA afiliados a Fenalco Bogotá Cundinamarca manifiestan que esta obligación es inviable de cumplir por las siguientes razones:

1. El seguro debe ser asumido por cada CDA, y matemáticamente esto no es posible ya que del costo de cada revisión se deben pagar otras obligaciones como Sicov, RUNT, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Empresa de pagos, entre otros, además de los costos propios operativos y empresariales; por lo tanto, de la utilidad no se alcanza a asumir este seguro y no se puede incrementar el precio al cliente pues el valor de la revisión está regulado. 

2. No hay aseguradora que a la fecha ofrezca el seguro que exige la ley.

3. A la fecha, el RUNT no lo ha integrado al sistema.

“Estamos pidiéndole al Ministerio de Transporte que se reconsidere o por lo menos reglamente este artículo de una manera coherente para la actividad comercial tanto de CDA como para aseguradoras, y mientras esto sucede se frene la exigencia. Consideramos que esta medida afectará el servicio de la revisión técnico-mecánica, que es la que obliga a tener en óptimas condiciones los vehículos para prevenir accidentes y mitigar el efecto en el medio ambiente”, aseguró Juan Esteban Orrego, director del gremio.

La ley entró en vigencia hace menos de un mes. No obstante, los empresarios manifiestan que ya son muchos los ciudadanos que están exigiendo el seguro, que por ahora a los CDA les resulta imposible entregar.

Precios de útiles escolares

Otro de los recientes pronunciamientos de Fenalco tiene relación con el incremento de precios en el sector de papelerías y útiles escolares. En los últimos días empresarios del campo explicaron que el impacto en la fabricación, distribución y comercialización de útiles escolares se debería al incremento del dólar, la inflación, la escasez a nivel mundial de materias prima, sobrecostos en transporte y presiones sobre el entorno logístico.



Según el Comité del Sector de Papelerías, “los costos para nuestra industria se han elevado entre un 35 % y un 43 % frente a la temporada escolar de hace un año; sin embargo, el consumidor final ve reflejado un incremento entre 15 % y 18 %, coherente con la inflación que estamos viviendo”.

Frente a este panorama un padre de familia en Bogotá puede invertir en promedio $350.000 para la compra de útiles escolares, que no incluyen los textos o libros; es de aclarar que este valor varía dependiendo de la cantidad de productos, marca, lugar donde se compre, y del curso; para preescolar podría estar alrededor de $360.000, para primaria $222.000 y para bachillerato un promedio de $412.000.

Llamado

Fenalco Bogotá Cundinamarca hizo un llamado a los padres de familia para comprar marcas reconocidas en lugares de confianza. Juan Esteban Orrego, director del gremio, asegura que “se debe desconfiar de los útiles escolares que están con un precio muy por debajo del promedio, y que por lo general se venden en la calle, pues en muchos casos terminan siendo productos falsificados, de contrabando y fabricados con materiales de dudosa procedencia”. 

Los útiles escolares que más se falsifican son lápices, colores, bolígrafos, marcadores, seguidos de cuadernos y carpetas plásticas. Además, esta práctica representa pérdidas de hasta un 25 % para los papeleros legales y una disminución de hasta 80 % en el rendimiento de los productos.