Hoy, el presidente Gustavo Petro se reunirá con los integrantes de su gabinete para definir el texto final del Plan Nacional de Desarrollo 2022-206, "Colombia, potencia mundial de la vida". La discusión será intensa, pues a las bases de la iniciativa que recoge el programa de gobierno y lo que se acogió en los consejos regionales vinculantes, se suma lo que han propuesto los ministros. 

En este cónclave del Gobierno, el más importante en lo que va del año sobre el paquete legislativo que la administración de Gustavo Petro presentará en 2023, también se hablará de la adición presupuestal que solicitará al Congreso así como de la reforma a la salud. 

El encuentro está programado desde las 4 de la tarde en la histórica localidad de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. 

El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo lo radicará el Gobierno Nacional el próximo 7 de febrero, con la intención de que comience de inmediato su discusión, pues se sabe que llamará al Congreso a sesiones extras en febrero venidero. 

También se conoció que en las sesiones extras el Ejecutivo presentará a consideración del Congreso la reforma a la salud y la adición presupuestal por $20 billones. 

Plan Nacional de Desarrollo 

El pasado 15 de noviembre, el Departamento Nacional de Planeación le entregó al Consejo Nacional de Planeación, como lo establece la ley, un borrador del proyecto de ley con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

Sin embargo, al texto que recibió el Consejo Nacional de Planeación se le harán varias modificaciones, comenzando porque cuando el Gobierno lo presentó no habían culminado los Diálogos Regionales Vinculantes, más de 50 que se desarrollaron en todo el país para que los colombianos hicieran propuestas al Plan Nacional de Desarrollo. 

En esos diálogos regionales participaron más de 250 mil ciudadanos, según el Departamento Nacional de Planeación, que entregaron más de 87 mil  propuestas, las cuales se procesaron y acumularon de acuerdo con las temáticas y un importante número será incluido en el texto final de Plan Nacional de Desarrollo que será llevado al Congreso de la República. 

A ello se suman, como se dijo, las propuestas que han hecho varios ministros acerca de sus sectores y que, como consecuencia, pujan para que sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin duda será una discusión compleja, porque cada uno quiere recursos y que les aprueben programas para realizar mejor su labor. 

Por ejemplo, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quiere llevar el PAE (Programa de Alimentación Escolar), que hoy beneficia a un poco más de 5 millones de estudiantes en todo el país, a una cobertura universal. 

Incluso, el titular de Educación ha planteado que en algunas regiones se extienda el PAE más allá de la jornada escolar, por ejemplo en el periodo de vacaciones, para combatir la desnutrición. 

Adición presupuestal  

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cabeza de José Antonio Ocampo, presentaría  en las sesiones extraordinarias del Congreso una adición presupuestal de $20 billones y no de $14,1 billones, como se había contemplado al anunciar la carta de recursos para este año. 

Los $20 billones, que equiparan lo que se espera recaude la reforma tributaria este año, se suman a los $405,6 billones que aprobó el Congreso de la República en el Presupuesto General de la Nación para 2023. 

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El ministro Ocampo explicó sobre el particular: “lo que pasa es que la reforma tributaria fue la forma de hacer compatible el ajuste fiscal con el gasto público, entonces, en la meta que anunciamos del déficit total, que es del 3,8 % y 0,6 % de superávit primario, ya está incluida la adición presupuestal”. 

Se prevé que la discusión que se dará en el Consejo de Ministros el día de hoy sobre la adición presupuestal –que incluso baraja el Gobierno sea de $22 billones–, también dé pie para definir metas de largo plazo del gasto público. 

Reforma a la salud 

Salud es la primera de las grandes reformas que tiene previsto presentar el Gobierno al Congreso este año; después vienen la laboral y la pensional. 

La iniciativa ha generado gran polémica, especialmente por la intención del Gobierno de suprimir las EPS, por lo menos en el papel que hoy cumplen como aseguradoras. 

Al respecto la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha manifestado que las EPS podrían seguir participando en el sistema, transformándose en IPS, es decir, como prestadoras del servicio. 

El Gobierno parte del presupuesto de que las EPS con el paso del tiempo se han convertido en una especie de retén, que no dejan que fluyan de manera ágil los recursos del sistema a las IPS. Por ello, señala, muchos hospitales en diferentes regiones del país se encuentran en crisis debido a que la deuda por los servicios prestados es billonaria. 

Sin embargo, sectores como Acemi, el gremio de las EPS, señalan que éstas cumplen un papel fundamental para el funcionamiento de la salud, no solo en el aseguramiento, sino en la articulación del sistema. Dicen que su desaparición podría generar caos en la prestación del servicio. 

Los principios rectores de la reforma a la salud son la defensa de la seguridad social; la descentralización político-administrativa; todos ponen en el sector; control de los recursos y la organización de los servicios de salud por parte del Estado. 

Además, manejo técnico y transparencia de los recursos y “un servicio de salud que garantice el derecho a la salud y ponga fin a la fragmentación social y a la gran inequidad del sistema actual”. 

Un paso fundamental que busca dar la reforma es que la atención en salud se centre en la prevención de la enfermedad y no en la curación. 

En realidad, no es algo nuevo, porque está en la ley, pero distintos gobiernos no han desarrollado la prevención para que impacte de forma significativa la prestación del servicio y mejore la calidad de vida de la población. 

Para ello el proyecto de reforma contempla implementar los CAP (Centros de Atención Primaria), en los cuales se desarrollarán los programas de prevención en salud y serán, además, las sedes de los equipos de promoción y prevención de la enfermedad. 

Indica también la iniciativa gubernamental que todos los hogares deben estar inscritos ante el CAP que corresponda a su sitio de residencia. 

Contempla un plan de inversión con un horizonte a 10 años para extender los CAP por todo el país, con la meta de que exista una de estas instituciones por cada 20 mil habitantes.