A MENOS de cinco semanas para los comicios parlamentarios y las consultas interpartidistas en que las coaliciones escogerán a sus candidatos únicos presidenciales, tanto la Fiscalía General como la Misión de Observación Electoral (MOE) lanzaron ayer sendas alertas sobre el nivel de riesgo para las citas en las urnas.

De un lado, el titular del ente acusador, Francisco Barbosa, definió la hoja de ruta de la Fiscalía para investigar y judicializar los delitos electorales y otras conductas que afecten el certamen democrático. Para ello expidió una directiva en que detalla los parámetros para procesar a los determinadores y mayores responsables de la inscripción irregular de cédulas, financiación ilícita de campañas y otras conductas ilegales en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral.

“Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, advirtió Barbosa.

Para enfrentar todos estos fenómenos criminales, se hará una mayor presencia en los territorios, al tiempo habrá priorización y asociación de casos. También se abocará un permanente análisis de contexto sobre las situaciones particulares que se presentan en cada región.

Barbosa explicó que la tarea se enfocará en identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes. Se vigila desde la inscripción y aceptación de candidatos, pasando por el día de las votaciones, con el fin de intervenir efectivamente ante delitos como la compra de votos y trashumancia. Por igual se estará atento a los escrutinios para evitar intentos de modificación de resultados.

Para ello se contará con un equipo especializado de fiscales del Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción; se articularán los esfuerzos de la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Delegada para la Seguridad Territorial; así como de la Delegada contra las Finanzas Criminales, esta última a efectos de detectar financiación ilícita de campañas o alteraciones en los informes contables que se presenten ante las autoridades competentes.

“La Unidad Especial de Investigación será la encargada de hacer todas las investigaciones, con policía judicial propia, para el tema de las circunscripciones de paz y, al mismo tiempo, homicidios o amenazas de reincorporados o miembros del Partido Comunes”, agregó Barbosa.

De igual manera, estarán en funcionamiento equipos itinerantes de fiscales y policía judicial con capacidad para desplazarse con rapidez a las distintas zonas del país y realizar los actos urgentes u obtención de material de prueba. Estos grupos se activarán durante los tres meses previos y hasta los 15 días después de las elecciones.

Asimismo, se estará al tanto de los reportes originados por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) y de las circunstancias que, por medios abiertos, sean detectadas y puedan constituir un delito.

Segundo campanazo

Pero la Fiscalía no fue la única instancia que ayer alertó sobre los riesgos que rodean la campaña y los comicios como tal.

La MOE también presentó los “Mapas y factores de Riesgo Electoral”. En dichos reportes se advierte que hay 131 municipios en los que confluyen tanto los riesgos indicativos de fraude electoral como los riesgos por factores de violencia. Del total de municipios en riesgo, 49 se encuentran en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio.

“Al comparar los Mapas consolidados de riesgo de 2018 y 2022, se puede evidenciar que hay 38 municipios en los que el nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y violencia ha aumentado, mientras que 43 se mantuvieron en el mismo nivel”, alertó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión.

Indicó que si bien el número consolidado de municipios en riesgo es el menor registrado desde que la MOE inició con la elaboración de los Mapas, el resultado está lejos de ser una buena noticia. Aunque el número de poblaciones en los que coinciden ambos riesgos disminuyó en un 23% con relación al 2018 (pasando de 170 a 131), las variables asociadas al conflicto y la violencia revelan un recrudecimiento con mayor intensidad en las zonas históricamente afectadas y en las que hoy se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, en donde se elegirán 16 curules de la Cámara para las víctimas del conflicto.

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De acuerdo con dicho informe, los riesgos electorales se concentran en 23 de los 32 departamentos, de manera particular en cinco subregiones: El Catatumbo; el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño; el bajo Putumayo; la Orinoquía y la Amazonía; y el Andén Pacífico.

La MOE alertó sobre el departamento de Arauca, en donde casi la totalidad de los municipios se encuentran en riesgo extremo. Como se sabe, en ese departamento este año se registra una escalada de violencia por cuenta del enfrentamiento entre las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Gentil Duarte’, con la alianza entre el Eln y las reincidencias de las Farc, que lidera ‘Iván Márquez’. Hasta la semana pasada, esa complicada situación de orden público ya dejaba casi 70 personas asesinadas, al tiempo que hay zozobra en la población y los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes difícilmente pueden hacer campaña.

En lo que hace a los factores indicativos de fraude electoral la MOE explicó que este se puede manifestar en diferentes formas: clientelismo, trashumancia electoral, uso de la contratación pública con fines electorales y financiación irregular de las campañas. que impactan el comportamiento electoral de forma diferente en las jornadas electorales. 

De esta forma, el Mapa señala que para las elecciones a la Cámara de Representantes, 335 municipios presentan algún nivel de riesgo, estando 51 de ellos en riesgo extremo, 98 en riesgo alto y 186 en riesgo medio. En el caso de los comicios para el Senado son 323 las poblaciones con algún nivel de riesgo de fraude electoral. 

La MOE advirtió que si se compara el Mapa de Riesgo de 2018 con el de 2022, 127 municipios mantienen niveles de riesgo coincidente tanto en Cámara como en Senado.

“Así que parece que las cosas no cambian mucho”, sostuvo la Misión, recordando que estos niveles de riesgo se miden con base en variables como el nivel atípico de participación electoral, la variación atípica de la participación, el nivel atípico de votos nulos y tarjetones no marcados, y el dominio electoral en las distintas regiones.

De otro lado, en cuanto a los riesgos por factores de violencia “tampoco cambian mucho las cosas…. pues a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, otros grupos armados ilegales y las disidencias de la exguerrilla siguen teniendo influencia en gran cantidad de los municipios”.

El informe toma como ejemplo al Eln, señalando que para las elecciones de este año 91 municipios están en riesgo por la presencia de ese grupo armado, mientras que en 124 poblaciones el peligro se deriva de las disidencias de las Farc.

Otra cifra preocupante, según la MOE, es la del desplazamiento forzado de población, esto porque 650 municipios presentan algún nivel de riesgo por este flagelo y 57 poblaciones están en peligro extremo.

La Misión también alertó en torno a que para estas elecciones 72 municipios presentan algún nivel de riesgo por violaciones a la libertad de prensa.

Finalmente se indicó que al hablar de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, tan solo en el periodo preelectoral, del 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, se presentaron 307 víctimas de amenaza, 2 de secuestro, 4 de desaparición, 56 de atentado y 81 de asesinato.

Precisamente el martes pasado, ante la escalada terrorista de las últimas dos semanas por parte de Eln, disidencias y reincidencias, que tiene entre sus objetivos sabotear la campaña electoral, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, en entrevista con EL NUEVO SIGLO, indicó que 160 mil uniformados prestarán seguridad durante toda la campaña. A ello se suma que la semana pasada, el registrador nacional, Alexander Vega, dio a conocer el Plan de Garantías Electorales, enfatizando en la seguridad y transparencia en la contabilización y escrutinio de los votos.