A POCO más de una semana de que Gregorio Eljach suceda a Margarita Cabello en la Procuraduría General de la Nación, desde diciembre del 2024 y hasta la fecha, la entidad ha empezado a acelerar diversos procesos e investigaciones sobres temas y aspectos que tocan directamente al Gobierno nacional y a algunas de sus políticas.

Por ejemplo, el 3 de diciembre la procuradora alertó un incremento del 223% en la deforestación de la Amazonía y su vinculación con grupos ilegales. Para Cabello Blanco, este incremento, registrado en los boletines trimestrales, reflejaba un panorama crítico agravado por la expansión de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras, muchas veces impulsadas por la presencia de grupos armados en la región.

Luego, el 5 de diciembre, la Procuraduría formuló pliego de cargos a seis integrantes de la Policía Nacional involucrados en las interceptaciones a Marelbys Meza, Fabiola Perea y Yhonson Pineda. Adicionalmente, el ente disciplinario formuló cargos a los dos investigadores porque posiblemente, mediante las acciones ilícitas descritas, interceptaron a las empleadas domésticas de la entonces jefa de Gabinete del presidente de la República.

Ese mismo día, después de visitar los 27 hangares que componen la zona concesionada del Aeropuerto Internacional El Dorado, el Ministerio Público descartó que hubiera cadáveres en los hangares del aeropuerto.

Posteriormente, el 11 de diciembre presuntas inconsistencias en la implementación del proyecto “Caminos Comunitarios para La Paz Total” pusieron a directivos y exfuncionarios del Instituto Nacional de Vías (Invías) en la mira de la Procuraduría que, luego de una vigilancia preventiva, advirtió investigaciones disciplinarias.

En la misma fecha, en el marco de la Rendición de Cuentas balance 2021-2024, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, confirmó que el ente de control solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) información urgente sobre el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto “Perforación Exploratoria de Hidrocarburos Costa Afuera en el Bloque COL-1, Caribe Colombiano” (Proyecto Komodo-X1).

Asimismo, en ejercicio de su función constitucional de velar por el cumplimiento de la ley y la garantía de los derechos fundamentales, la procuradora Margarita Cabello Blanco, alertó sobre las inconsistencias legales de la Resolución No. 453 del 8 de noviembre de 2024, mediante la cual el Gobierno nacional designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz.

Un día después, el ente de control, como parte de sus funciones preventivas, realizó la primera semana de diciembre una visita de verificación en territorio para comprobar el estado actual de los 80 vehículos tipo carrotanques parqueados en dos municipios del departamento, que fueron trasladados para puesta a punto a Santa Marta, adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).

No hay que olvidar que el 13 de diciembre, la procuradora rechazó la designación del embajador de Tailandia. “Como procuradora general de la nación, expreso mi rechazo por la designación de Daniel Mendoza como embajador. Su perfil y conducta pública no solo carecen de los estándares éticos requeridos, sino que también representan un retroceso en los avances por la igualdad de género y dignidad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, sostuvo.

Ese mismo día, el Ministerio Público reveló los impactantes resultados del Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en el país. El ente de control informó que, en los últimos diez años, se ha reportado la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país, afectando especialmente a Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. De hecho, más del 50% de los municipios colombianos han sufrido los estragos de esta actividad.

Continuando por la línea ambiental, el 15 de diciembre la Procuraduría General abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por el presunto incumplimiento de compromisos asumidos por esa cartera en su tarea de delimitar el páramo de Santurbán, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en su sentencia T-361 de 2017.

Diversos hechos de presunta corrupción

El 16 de diciembre el ente de control disciplinario abrió investigación disciplinaria contra la entonces secretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Ana María Castaño Álvarez, por un contrato de suministro, cercano a los $10.000 millones. Los cuestionados hechos están relacionados con el convenio celebrado por este organismo para la adquisición de kits de uniformes compuestos por prendas como gorras, chalecos, camibusos tipo polos y otros para los 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la Ungrd a nivel nacional.

La procuradora Cabello ese mismo día alertó sobre una deficiente gestión presupuestal en los procesos de compra de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pues de los recursos disponibles, que ascienden a 1 billón 261.000 millones de pesos, solo se ha ejecutado el 33%, lo que generó que el porcentaje restante, equivalente a 645.000 millones de pesos, fuera trasladado al Fondo Colombia en Paz sin ser ejecutado. 

Un día después, el Ministerio Público presentó 10 recomendaciones clave para avanzar en la transición energética en Colombia, entre ellas, incrementar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y aprovechar estratégicamente los recursos no renovables, como el gas natural y las plantas térmicas, que juegan un papel crucial en la estabilidad de la oferta energética.

Posteriormente, el 18 de diciembre la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el entonces director del Fondo Programas para la Paz de la Presidencia de la República, Pablo Francisco Pardo Velasco, por las posibles irregularidades en un contrato con la firma pública, para la realización de eventos, por $10.000 millones, y que habría sido adicionado en más del 50%.

Luego, el 19 de diciembre el ente de control solicitó a Colpensiones y a la Superintendencia Financiera, un informe sobre el estado en que se encuentran las diferentes áreas de atención a afiliados, pensionados y de quienes adelanten trámites para la obtención de su pensión.

Ese mismo día, en una decisión histórica, tras la demanda de Acción Popular instaurada por la Procuraduría General por las problemáticas asociadas a la escasez y desabastecimiento de medicamentos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las solicitudes del Ministerio Público y declaró que el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Nacional de Salud han amenazado y vulnerado los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas.

A finales de diciembre, más específicamente el día 29, la Procuraduría instó al Gobierno Nacional a priorizar a los niños, niñas y adolescentes en las agendas de negociación de paz con los grupos armados ilegales. El ente de control pidió que estas organizaciones desvinculen de inmediato a los menores de edad y cesen definitivamente la práctica de reclutarlos para sus fines ilegales.

Al día siguiente, en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez; y de 20 al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques que serían destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.

El último día del 2024, al acoger requerimiento de la Procuraduría, la JEP remitió a Justicia y Paz los expedientes de los procesos relacionados con el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, que cursaban en su jurisdicción.

Finalmente, en los 3 primeros días del 2025 el Ministerio Público ha formulado pliego de cargos contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por su presunta responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en Colombia durante 2023; y solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, explicaciones sobre el asesinato al interior de la cárcel La Picota, de Francisco Luis Correa Galeano, testigo clave en el caso del atentado contra el fiscal paraguayo, Marcelo Pecci.