Para las sesiones de marzo, ya el Congreso tiene 640 proyectos de ley y acto legislativo

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El viejo dicho de que ‘en Colombia hay leyes para todo’, parece tener razón en una buena medida, todavía es frecuente medir la gestión de un parlamentario por el número de proyectos de ley y de acto legislativo que presenta en cada legislatura.

No más un ejemplo permite evidenciar esta proliferación de normas. En las sesiones ordinarias que comenzarán el 16 de marzo entrante, ya hay haciendo fila para trámite legislativo un total de 640 proyectos de origen parlamentario.

Tal como lo explica el Editorial de EL NUEVO SIGLO de ayer, ese es el número de propuestas e iniciativas de origen parlamentario que serán analizadas en los próximos días por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para darles el apoyo gubernamental a cambio de que las bancadas respalden al Ejecutivo en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que ya se estudia en sesiones extras.

La tarea, sin embargo, no es tan sencilla, pues la idea de las mesas técnicas que presidirá la Ministra del Interior busca que esos proyectos estén en armonía con el PND, que constituye la hoja de ruta de esta Administración para los próximos cuatro años.

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Pero no se trata de una situación nueva o exclusiva de la actual coyuntura política, pues a lo largo de los años en el país se ha repetido una y otra vez que el Gobierno de turno esté pensando en una estrategia que permita racionalizar esa ‘hiperinflación legislativa’.

En el Gobierno pasado, por ejemplo, se creó una comisión de expertos liderada por el entonces ‘superministro’ y hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que tenía una sola misión: elaborar un diagnóstico de nuestro ordenamiento jurídico para sacar de circulación más de 10.000 normas entre leyes, decretos, acuerdos y demás instrumentos legales, muchos de ellos con más de un siglo de vigencia aunque inaplicables para la Colombia de hoy.

Al igual que ha ocurrido en todos los gobiernos que han tenido el mismo propósito, el tema se quedó en eso, en un diagnóstico que jamás fue revelado a la opinión pública, y menos ante el Congreso para lograr un acuerdo político que permita actualizar el portafolio de normas que nos deben regir en todos los órdenes.

Hasta hace tres años -julio de 2015- un último estudio sobre racionalización legislativa daba cuenta de que en el país había para ese momento 20 códigos, 16 estatutos nacionales y más de 5.000 leyes vigentes.

Obviamente, esas cifras ya son obsoletas, si se tiene en cuenta que la negociación del Acuerdo de Paz significó la creación de toda una jurisdicción especial con todo lo que ella implica: nuevas entidades, nuevos códigos, nuevas leyes, reformas constitucionales transitorias, normas electorales, etc.

Esto explicaría, en parte, por qué Colombia es también un país de abogados: más de 400 abogados por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio internacional es de 120, de acuerdo con un informe de septiembre de 2018 del sistema de información del Registro Nacional de Abogados.

Leyes obsoletas

En Colombia es normal que los ‘padres de la patria’ quieran expedir una ley para cada asunto particular. Así, por ejemplo, se estima que en los últimos seis años se han expedido más de un centenar de leyes de honores o que buscan rendir tributo a una personalidad.

La Universidad de La Sabana publicó el año pasado un estudio según el cual “30% de las leyes tramitadas cada año en Congreso son inútiles”, y hace especial referencia a estas leyes de honores que le implican al Estado colombiano grandes inversiones en publicaciones o monumentos de homenaje.

En otros casos, cuando un congresista quiere congraciarse con algún empresario o personalidad, se tramita una ‘condecoración’, que debe ser aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes, como cualquier otra norma jurídica.

El informe de Hernán Olano, director de del Departamento de Historia y Estudios Socioculturales de la Universidad de La Sabana, señala que entre 1992 y 2017 se expidieron más de 1.830 leyes, algo así como 75 por año.

‘Estado simple, Colombia ágil’

Esta campaña iniciada en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, busca reducir más de mil trámites innecesarios en las entidades públicas, muchos de ellos regulados por alguna norma legal aprobada por el Congreso.

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, dijo recientemente que en el período agosto-diciembre de 2018 esta estrategia significó ahorros por $4.567 millones para los ciudadanos.

La meta para junio de este año, de acuerdo con el funcionario, es racionalizar otros 400 trámites en todas las entidades gubernamentales.

Por su parte, Planeación Nacional también está empeñada en lograr que los trámites ante entidades del Estado se reduzcan a su mínima expresión y que todo se haga en línea, pues citando a un estudio del Foro Económico Mundial se advierte que “Colombia ocupa el puesto 123 entre 137 países” con mayor número de normas regulatorias, factor determinante para reflejar la competitividad de una nación.

“Falta cultura política”

De acuerdo con Jairo Libreros, catedrático de la Universidad Externado, en Colombia existe la vieja creencia de que al Congreso y a los congresistas se les debe medir su gestión por el número de proyectos de ley y de acto legislativo que presenten ante el Legislativo.

“Mientras no seamos capaces de seguir creando leyes que garanticen estabilidad jurídica, difícilmente vamos a poder solucionar las demandas sociales. Hay que salir del proyecto de ley y pasar a las aplicación y ejecución de políticas públicas de largo aliento” explica el experto en diálogo con EL NUEVO SIGLO.

Libreros señala que frente a la proliferación de proyectos “no se puede hacer nada”, pues el tema no es de regulación sino de políticas públicas.

“Mientras no tengamos una cultura política diferente y no seamos conscientes de que no se debe medir el trabajo de los congresistas por el número de proyectos de ley de forma individual, las cosas no van a cambiar. Necesitamos una política basada en el cumplimiento de las normas existentes, y en la garantía de poder formular políticas públicas viables”, afirma el catedrático.