Sin excepción, nueve precandidatos a la Presidencia de la República afirmaron en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que, de resultar ganadores en la contienda electoral, una de sus primeras acciones como gobernantes sería la inmediata ratificación del Acuerdo de Escazú.
Así lo dieron a conocer durante el debate sobre política minero-energética y crisis ambiental en Colombia, que fue organizado por el Movimiento Nacional Ambiental, la Alianza Colombia Libre de Fracking, la Federación de Medios Comunitarios de Colombia, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes (Cider) y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL.
El espacio contó con la participación de Gustavo Petro, Francia Márquez, Arelis Uriana y Camilo Romero del Pacto Histórico; Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán de la Coalición Centro Esperanza; y Luis Gilberto Murillo, candidato por Colombia Renaciente.
Allí, todos coincidieron en que ratificar el Acuerdo de Escazú significaría dar un paso muy positivo para asegurar un desarrollo sostenible, basado en un enfoque de derechos humanos, de justicia social y de participación ciudadana.
En primer lugar, Juan Manuel Galán, precandidato del Nuevo Liberalismo, señaló que “se trata de una prioridad, ya que el Acuerdo permite proteger a los líderes ambientales asesinados y garantizar el acceso a la información”.
Mientras que Arelis Uriana, precandidata presidencial del Movimiento MAIS, afirmó que “aunque el punto 7 numeral 15 garantiza derechos especiales para indígenas y locales, es esencial que aspectos como las consultas previas incluyan a todos los colombianos”.
A su turno, Luis Gilberto Murillo manifestó que “es una enorme contradicción que en un país megadiverso como Colombia se asesine a quienes defienden el ambiente y el territorio”. Destacó que cinco años después de creada, la Comisión de Garantías de Seguridad, definida en el Acuerdo Final de Paz, ni siquiera sesiona.
Entre tanto, Francia Márquez comentó que “las consultas populares son una herramienta de defensa del territorio por parte de los ciudadanos en las regiones, que no pueden seguir estigmatizándose”.
Bajo la misma línea se expresó Carlos Amaya, quien aseveró que “en las consultas previas la prioridad son las comunidades étnicas, pero también las campesinas, es esencial que las audiencias públicas tengan capacidad vinculante”.
Le puede interesar: Zuluaga se incomoda con acercamientos de Char y Cabal
A su turno, el precandidato Jorge Enrique Robledo afirmó que “el asesinato de 170 líderes sociales, varios de ellos ambientales, entre 2021 y lo que va de 2022, evidencia que el país se ha convertido en un mar de violencia”, y advirtió que “aunque el Acuerdo de Escazú es una prioridad, para que Colombia forme parte del grupo de países que lo han ratificado (22 hasta el momento) tener las mayorías en el Congreso de la República es esencial”.
Por su parte, el precandidato Sergio Fajardo dijo que “vamos a apoyar, respetar y acompañar las consultas previas y las consultas populares. La licencia ambiental y social es una obligación. El Gobierno no puede atropellar a las comunidades sino acompañarlas, solo así será posible el desarrollo del país”.
Para Gustavo Petro, ser presidente en este momento implica asumir un liderazgo mundial, “si todos los presidentes pensaran que como su fracción de misiones es pequeña no se hace nada, la humanidad desaparece, y esta es una idea que hay que revertir”.
Agregó que “hay que pensar en un liderazgo de Colombia como potencia mundial de la vida que es; el país gana en ese propósito de una economía descarbonizada, lo cual se traduciría en un empoderamiento popular o democracia ambiental”.
Mientras que Camilo Romero mencionó que “en términos de justicia ambiental, lo que debería hacer el Estado es garantizar el derecho a la vida, este tiene la obligación de defender el territorio”.
Megaproyectos minero-energéticos
De otro lado, los aspirantes a la Casa de Nariño se refirieron a la política que aplicarán para afrontar los megaproyectos aprobados. Varios abarcaron temas como detener la lógica extractivista y transformarla por una que cumpla requisitos democráticos, por una lógica productiva que permita diversificar la economía y, de paso, mejorar el bienestar de los colombianos.
También, los precandidatos indicaron que en su mandato prohibirían las fumigaciones aéreas con glifosato y los plásticos de un solo uso, y además establecerían políticas que garanticen el agua como derecho fundamental.