“NO se pueden abrir huecos en el sistema jurídico colombiano a través de ciertos aspectos que los diré hoy. Tenemos un listado de cuatro disposiciones que consideramos no deben ser despenalizadas y voy a explicar paulatinamente cada una de ellas”.

Así lo sostuvo, el Fiscal General, Francisco Barbosa, en la audiencia pública del “Proyecto de Ley por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria” que se realizó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

En línea con lo anunciado, Barbosa manifestó que “tenemos una reflexión sobre el tipo penal de terrorismo y concierto para delinquir. También tenemos una observación sobre una disposición que consideramos en la Fiscalía, una manera de beneficiar a narcotraficantes en este proyecto”.

Luego señaló que: “en el artículo octavo de ese proyecto, que modifica el 63, se establece, y en eso yo estoy de acuerdo, un beneficio de suspensión de ejecución de pena a todos aquellos pequeños cultivadores, porque es un desarrollo del acuerdo de La Habana”.

Agregó que “no podemos tolerar que nos digan que se van a beneficiar narcotraficantes (…) Los artículos que aparecen ahí, uno tiene que ver con narcotráfico y otro con insumos que se requieren. Nos metieron un parágrafo en donde se está suspendiendo ejecución de pena de narcotraficantes”.

“Juguemos limpio, pongamos el debate aquí. El escenario es que se quiere la amnistía al narcotráfico en Colombia, dígase, pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración”, subrayó el fiscal.

Al mismo tiempo explicó que “el programa o el beneficio de los pequeños cultivadores se tiene que referir exclusivamente a las disposiciones que están ahí, pero no se puede referir al gran narcotráfico”

A renglón seguido sostuvo que “Al Presidente le sigo creyendo y sigo creyendo en la idea institucional de que no quieren hacer negociaciones políticas con narcos, así negamos levantamientos de órdenes de captura con fines de extradición, porque el Estado de Derecho habla a través de sus instituciones”.

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Sobre erradicación

El Fiscal se refirió a las cifras de incautación de clorhidrato de cocaína. “Se cayó en Colombia, teníamos 30 toneladas mensuales, estamos en 8; laboratorios destruidos teníamos un promedio de 300, tenemos 53. En Barranquilla no hay incautación, ese es el festival de la cocaína”.

Con base en estas cifras sostuvo que ello “va en contra de lo que dijo el Presidente que estaba establecido y que había que atacar el tema de puertos de cocaína, contrabando e interdicción. ¿Qué respuesta nos dieron? Qué pena, la incautación en el mar y la interdicción no podía hacerse porque había tormenta tropical”, afirmó Barbosa.

E insistió en que “No hay erradicación, no hay incautación, no hay destrucción de laboratorios y tenemos 356 órdenes de captura sin ejecutar contra los homicidas de reincorporados, de defensores de derechos humanos, y de familiares de los reincorporados”.

De otra parte, dijo el Fiscal, “en proyecto de ley de sometimiento ni una palabra para víctimas, ni un capítulo, ni un título, desaparecieron las víctimas, desaparecieron defensores de DD.HH., ya no se capturan a homicidas, incluso, uno de ellos secuestró 3 fiscales en Tarazá”.

Respecto a lo relativo a la detención domiciliaria u hospitalaria, el Fiscal dijo: “Nosotros tenemos una observación sobre el artículo 10° de este proyecto. Creemos que no debería cambiar la actual disposición”.

Respuesta del MinJusticia

Por otra parte, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, insistió en que los beneficios que se contemplan en la reforma solo son para delitos menores. 

“El proyecto de ley excluye delitos sexuales y contra menores de edad, respecto de los demás lo que contiene es una graduación de beneficios que se van adquiriendo a medida que se va avanzando en el proceso, pero si los delitos de lesa humanidad no merecieran ninguno de esos subrogados, yo estaría de acuerdo en suprimirlos", resaltó el ministro Osuna.

Finalmente, enfatizó en que el proyecto tiene mensaje de urgencia por la grave crisis humanitaria inaplazable que se tiene en las cárceles del país.

"Precisamente pensando en todas las personas que jamás han estado condenadas, aproximadamente 49 millones de ciudadanos, es que este proyecto de ley propone un modelo de resocialización para que cuando esas personas salgan tengan menos riesgos de reincidir", concluyó Néstor Osuna.