El presidente del Congreso, Roy Barreras, le pidió al presidente Gustavo Petro que se suspendan las conversaciones y procesos adelantados con grupos narcotraficantes y sus cabecillas, en el marco de la política de paz. 

Mediante rueda de prensa, Roy Barreras se refirió a las posibles negociaciones entre el hermano e hijo del presidente Petro con jefes narcotraficantes para lograr un lugar en la política de paz total, que adelanta el gobierno. 

“No hay manera de justificar ese tipo de conversaciones. Solicito al Gobierno que suspenda todo tipo de diálogo oficial o extra oficial con los narcotraficantes, no son necesarios y hacen daño al propósito de la paz total”, indicó.

Del mismo modo, Barreras precisó "hay una ley de sometimiento en trámite y una vez el Congreso apruebe esa ley, los narcos podrán someterse a la justicia al igual que sus bandas y ellos podrían encaminarse hacia la sociedad y salvar a sus familias”. 

En este sentido, Barreras aseguró que el único camino para estas organizaciones criminales es el sometimiento a la justicia y que y por ende, no pueden recibir beneficios especiales como los que se plantearon para las Farc.

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“Los narcos no pueden ir a la JEP y a la justicia transicional. El hecho de que haya intermediarios de mala fe que hayan utilizado la paz total para lucrarse, le ha hecho un daño a esa política de paz total”, dijo Roy, quien agregó “Salir de la violencia le da un respiro a Colombia y el único camino es la ley de sometimiento que será tramitada en el Congreso. Una vez la ley sea aprobada, los narcos podrán someterse a ella o el Estado deberá someterlos”. 

Finalmente, el presidente del Congreso lanzó una propuesta sobre la ley de acogimiento, compuesta por tres puntos: “los narcos deben someterse a la justicia ordinaria y no a ninguna forma de justicia transicional; deben pagar penas efectivas en la cárcel y la acción punitiva será responsabilidad directa del despacho del fiscal general de la nación”.

El proyecto llegará al Capitolio Nacional en las próximas semanas, una vez tenga visto bueno de parte de las entidades estatales que están revisando el texto.