La sociedad colombiana en su conjunto ha sido afectada por más de 60 años de conflicto armado, lo que en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha visto reflejado en que ha reconocido como víctimas a distintos grupos poblacionales golpeados por la violencia de los grupos armados. Ahora el sector productivo del país pide que se le dé el mismo tratamiento por los graves daños que sufrieron como actividad y como individuos por organizaciones como las Farc. 

Precisamente impulsores de esta iniciativa presentarán hoy una solicitud especial ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP, con la cual se pretende que se declare al sector productivo (en especial campesinos, microempresarios, suministradores, pequeños comerciantes y transportadores) como víctima del conflicto armado, y pedirá una reparación simbólica no económica.  

La sociedad civil organizada, en cabeza del Proyecto Visión Colombia 2022 y el Instituto de Ciencia Política (ICP), pretende que la JEP garantice los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación a los miembros del sector productivo, con el propósito de evitar la repetición de las conductas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario de las cuales fueron víctimas en el marco del conflicto armado y, consecuentemente, que se realice la apertura de una o varias líneas de investigación y se establezca una reparación histórica y simbólica. 

Con esta solicitud se entregará información para que la SRVR evalúe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron actos en contra de miembros del sector productivo. 

EL NUEVO SIGLO conversó con uno de los impulsores de esta iniciativa, el académico Rodrigo Pombo Cajiao.  

“La sociedad civil organizada, en cabeza de 10 centros de pensamiento de la mayor relevancia del país, ha solicitado, primero, a la Procuraduría General de la Nación su acompañamiento y una vez logrado esto, como en efecto se alcanzó, le solicitará a la JEP la declaratoria del sector productivo, en especial los campesinos y los suministradores y transportadores de las regiones más apartadas de este país, que se declaren como víctimas del conflicto armado”. 

Subrayó que lo que solicitan es “una reparación simbólica, no económica. Es un hecho histórico más que económico y judicial”. 

Esta solicitud especial que hará el sector productivo a la JEP está soportada por una investigación que adelantó un grupo multidisciplinario, “en cabeza del doctor Carlos Felipe Suárez, en compañía y liderazgo del Instituto de Ciencia Política. Aquí está la Corporación de Pensamiento Siglo XXI, Foro Atenas, Fundación Nueva Democracia, Derecho Justo, en fin”, explicó Pombo. 

Dichos estudios fueron presentados inicialmente ante la Comisión de la Verdad, y ahora llegarán a manos de la JEP para que declare al sector productivo como víctima del conflicto. 

El informe 

El estudio que recibirá la JEP tiene tres componentes, el primero de los cuales es de tipo histórico, del comportamiento y degradación del conflicto en manos de las Farc.  

Sobre ello explicó Pombo “cómo de manera sistemática se logró por un lado estigmatizar al sector productivo; segundo, constreñir al sector productivo; y tercero, a través de ese constreñimiento violento y físico pues se afectó la dignidad del ecosistema. Y el ecosistema está compuesto por el trabajador, el proveedor, el suministrador de bienes y servicios, el inversionista, el socio y el dirigente”. 

Agregó que las cifras son muy diversas porque dependen de empresas, de regiones, y “no hay cifras consolidadas pues estamos hablando de nueve millones de desplazados por cuenta de las Farc, de los cuales la gran mayoría son microempresarios, el campesino, el transportador, la dueña de la miscelánea que le tocó irse del pueblo”. 

Indicó Pombo que “no hay un censo del perjuicio económico, es imposible sacarlo. Lo que no se discute es la afectación que se tuvo por parte de las Farc al sector productivo”. 

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El segundo capítulo del informe que será entregado a la JEP es la afectación directa al sector productivo por parte de las Farc, y en el tercero hay unos testimonios y casos puntuales, como comprobación simbólica de lo que acaeció. 

Pombo consideró que la JEP frente a esta solicitud tiene dos caminos, “abrir un macrocaso, en el cual invita a todos los empresarios a que se hagan parte y a cada uno de ellos lo declarará víctima y le dará su indemnización, sea una reparación simbólica o una indemnización económica”. 

Otra “alternativa, que es la que estamos pidiendo, por eso se llama solicitud especial, es que el sector productivo, el empresariado, simplemente quede declarado víctima como grupo poblacional y una reparación simbólica, por ejemplo un museo, se ordene al Ejecutivo a que calles en distintas capitales se llamen sector productivo como víctima del conflicto”. 

Sectores más afectados 

Los sectores productivos más afectados en el marco del conflicto armado son los que están asentados en regiones que van de la periferia al centro, explicó Pombo.  

Añadió que “primero minero-energético: minas, petróleo, hidrocarburos; segundo, el sector agroindustrial: palmeros, arroceros, cañeros. Pero, repito, son los ecosistemas, no es tanto determinado ingenio sino, por ejemplo, todos los transportadores que vieron privados sus contratos por cuenta de la violencia”.  

Macrocasos  

Al tiempo que se espera que la JEP emita en los próximos meses resoluciones de conclusión por los secuestros que cometieron las Farc y falsos positivos a manos de algunos uniformados del Ejército, también está cerca de definir nuevos macrocasos de investigación para abrir por hechos como desplazamiento de población y violencia sexual.  

En los cuatro años de vida de la JEP tras ser creada, como parte del Acuerdo de Paz suscrito por el Estado con las Farc, para sancionar las conductas más graves acaecidas en el conflicto armado, se abrieron siete macrocasos de investigación. 

Ellos son los casos 01, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc; 02, que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 

De igual forma los casos 04, por la situación territorial de la región de Urabá; 05, que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle; 06, por la victimización de miembros de la Unión Patriótica; y 07, por reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. 

Los macrocasos que más han avanzado son el 01, por los secuestros que hizo la entonces guerrilla de las Farc de civiles y uniformados, algunos de los cuales permanecieron hasta 12 años cautivos en la selva y muchos murieron en esta condición; y el caso 03, por las ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos militares a personas civiles que nada tenían que ver con grupos armados ilegales, para hacerlos aparecer como muertos en combates y así inflar las cifras de resultados operacionales.

Propuestas para abrir nuevos casos

. Desaparición forzada.

. Violencias basadas en género.

. Desplazamiento forzado y medios y métodos de guerra ilícitos.  

. Crímenes de Estado.

. Crímenes ambientales cometidos por las Farc durante el conflicto armado.