Dado que impedir el libre flujo del tráfico en una vía principal es un acto bélico contra la población civil, siempre me asombró la manera cómo, durante años, se toleró el bloqueo de vías por parte de manifestantes violentos a través de Colombia. Como escribe Fernán Martínez en El Tiempo, los mayoristas de Popayán se acostumbraron a almacenar bebidas y alimentos para sobrevivir 20 días al año sin suministros, producto de los paros anuales que asedian a la ciudad hace más de tres décadas.   

Así como fue un error tolerar las vías de hecho como forma de protesta, también lo fue permitir que el sindicato de maestros acumulara un poder político desmedido y se convirtiera principalmente en un mecanismo de sabotaje, por medio del cual una minoría ínfima causa disrupción constante y a gran escala con el fin de desestabilizar al gobierno de turno y extraer rentas de él. He advertido durante años que lo último que le interesa a la oligarquía sindical de Fecode es la educación pública de calidad.

Como ellos mismos declaran en su página web, su “desafío” es implementar “un proyecto de estrategia gradual al socialismo”. No debe sorprender a nadie que, en su intento de imponer dicha agenda, recurran a una manipulación tan manifiesta como aludir a los riesgos del covid-19 para evitar regresar a las aulas, mientras que -en el peor momento de la pandemia- llevan a cabo eventos de potencial contagio masivo, como marchas y hasta conciertos multitudinarios.

De cierta manera, el hecho de que Fecode lidere los desmanes que demuestran que un gobierno uribista carece de autoridad, como declara el mismo Álvaro Uribe, se debe a un efecto bumerán. No hay que olvidar que, cuando los caimacanes de Fecode hacían de las suyas contra el gobierno de Juan Manuel Santos, más de un líder de opinión uribista los alentaba o, en el mejor de los casos, legitimaba sus querellas pese a que son meros pretextos para imponer una agenda colectivista.        

No hay duda de que es tarde para actuar, y que hoy se paga muy caro el error de permitirle a un grupúsculo de activistas monopolizar la educación pública. La solución, sin embargo, siempre ha estado a la vista: hay que financiar directamente a los alumnos y a las familias, no al sistema disfuncional que domina Fecode.

Con un programa universal de bonos escolares y colegios concesionados, habría una migración masiva hacia la educación independiente -y a cargo de verdaderos pedagogos- mientras se mantiene la financiación pública del servicio.  

Fecode reaccionaría contra la libertad educativa, tan urgente e indispensable para el futuro de Colombia, al denunciar al gobierno, anunciar un paro nacional y movilizar sus fuerzas políticas en las calles del país. No habría diferencia alguna con la situación actual.