MÁS allá de los aspectos políticos, el escándalo alrededor de las actuaciones anómalas de las autoridades en el caso de la exniñera de la hasta ayer jefe de gabinete, Laura Sarabia, tendrá en los próximos días, varios flancos de desarrollo en la parte judicial.

En primer lugar, debe establecerse a ciencia cierta a partir de cuándo se inició la interceptación ilegal de las comunicaciones de la señora Marelbys Meza.

Como se sabe, hay una contradicción entre la Fiscalía y la Procuraduría al respecto, ya que el jueves el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, al revelar las chuzadas, advirtió  que “el 30 de enero del año en curso, un día después de que la señora Sarabia Torres y su esposo pusieron en conocimiento la pérdida de 4.000 dólares, integrantes de la DIJIN de la Policía Nacional elaboraron un informe que indicaba la necesidad de intervenir los teléfonos de la exniñera del hijo de la jefe de Gabinete con el supuesto de que sería la cocinera de alias Siopas, cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango; y el de la persona que ayudaba en las labores domésticas porque estaría vinculada al componente logístico de alias Omar, segundo cabecilla de la citado grupo armado”.

Agregó Barbosa que con este documento, los uniformados indujeron en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Chocó, que obtuvo ante un juez de control de garantías autorización para interceptar las comunicaciones de las dos mujeres, que no tenían nada que ver con lo que estaba plasmado en el informe de policía judicial.

Sin embargo, horas después la Policía Nacional expidió un comunicado en el que señala que el 31 de mayo un analista de la Dijin fue citado ante la Fiscalía para rendir declaración juramentada sobre su actuación “dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en una solicitud realizada por un investigador de la Dijin”.

El comunicado de la Policía agregó que “tras verificar la información, se determinó efectivamente que en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”.

Como se ve, hay una discrepancia en la línea de tiempo que señala la Fiscalía y la de la Policía en torno a cuándo empezó el espionaje ilegal a la línea telefónica de la exniñera y de la exempleada doméstica de Sarabia, ya que para el ente acusador esta acción se habría autorizado y emprendido el 30 de enero, pero la Policía señala que fue el 26 del mismo mes que el fiscal de Chocó. Inducido a error por el investigador de la Dijin, había solicitado tal interceptación.

No se trata de un hecho menor porque en el caso de lo afirmado por la Policía se estaría comprobando que el espionaje ilegal a los teléfonos de ambas exempleadas de Sarabia fue solicitado tres días antes de que la entonces mano derecha del presidente Gustavo Petro pusiera la denuncia sobre la pérdida del dinero en su casa.

Precisamente debido a las implicaciones de esta situación, ayer la Fiscalía General emitió un comunicado según el cual “es falso el argumento citado por la Policía Nacional en un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que indica que, el 26 de enero del año en curso, un investigador adscrito a la Dijin solicitó interceptar las líneas telefónicas de la exniñera y de la mujer que le ayudaba en las labores domésticas a la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República”.

Según el ente acusador, “de acuerdo con la inspección realizada al proceso en el que reposan estas actuaciones, se estableció que: a) El 26 de enero, mediante informe de policía judicial, un funcionario de la DIJIN solicitó la interceptación de dos líneas telefónicas distintas a las de la exniñera y la otra mujer y b) El 30 de enero, otro uniformado de la Policía Nacional elaboró un formato en el que indicó que una fuente anónima aseguraba que las líneas celular de la exniñera y de la otra persona pertenecían a alias La Cocinera y alias La Madrina, dos presuntas integrantes del ‘Clan del Golfo’. Posteriormente, pidió formalmente intervenir esos números telefónicos”.

• Le puede interesar: El gobierno no ha dado orden de interceptar teléfonos: Petro

La Fiscalía reiteró que, con base en estos documentos, se indujo en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, que ordenó intervenir las comunicaciones de las dos mujeres.

De igual sostuvo que la interceptación no se habría dado por tres días, como afirma la Policía, sino por diez. “El 9 de febrero, luego de mantener interceptadas las líneas durante 10 días, el investigador de la Dijin pidió suspender la actividad porque no arrojaba información sobre el ‘Clan del Golfo’ y se escuchaban conversaciones”, precisó la Fiscalía.

Puntualizó en ente acusador que de esta manera, está plenamente establecido que la solicitud de interceptar las líneas de las personas que trabajaron para la jefe de Gabinete de la Presidencia fue hecha un día después de que la señora Sarabia Torres y su esposo denunciaran la pérdida de 4.000 dólares.

Primeros citados

El segundo flanco de investigación en este caso es el relativo a quiénes ordenaron las chuzadas. Precisamente ayer en la tarde la Fiscalía indicó que “en una primera fase de la investigación, la Fiscalía, a través de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, el pasado 1 de junio compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción por las presuntas irregularidades que se advirtieron en el trámite y realización de interceptaciones de comunicaciones relacionadas en el caso de la exjefe de Gabinete de la Presidencia”.

Esa entidad precisó que ayer se adelantaban inspecciones judiciales y se ordenó realizar diligencias de interrogatorio a tres patrulleros y un intendente de la Policía Nacional, quienes se desempeñaban, uno como analista de comunicaciones, y los otros tres como investigadores.

La Fiscalía indicó que todas estas pesquisas se están realizando con personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. Como se sabe, integrantes de esta dependencia estuvieron a mitad de semana en las instalaciones de la Casa de Nariño haciendo una inspección de la sala en donde está ubicado el polígrafo, en el cual se sometió a una prueba a la exniñera Meza, quien luego en declaraciones a la prensa, aunque aceptó que firmó el consentimiento para la misma, dijo haberse sentido presionada e incluso casi secuestrada.

La Fiscalía ha sido clara en que todo este escándalo lleva tres líneas de investigación. La primera, por un delito contra el patrimonio económico, es decir el derivado del robo del dinero de Sarabia. La segunda, por la práctica del polígrafo a Meza, ya que advierte que el interrogatorio a la misma no se refirió a temas de seguridad nacional, como alegó inicialmente la Casa de Nariño, sino estrictamente al paradero del dinero extraviado. Y, la tercera, la relacionada con los autores materiales e intelectuales de la interceptación ilegal de las líneas telefónicas.

EL SENADOR del partido Cambio Radical, David Luna, envió a la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) un derecho de petición para exigir un pronunciamiento claro sobre las denuncias de interceptaciones ilegales, además de perfilamientos desde el Gobierno hacia periodistas, opositores y oficiales retirados de la Fuerza Pública.

A través de un comunicado, el parlamentario pregunta a la entidad si ha hecho seguimientos ilegales e interceptaciones contra antiguos miembros del Gobierno anterior, por medio de su unidad de operaciones.

Pero también, consultó si la DNI dirige a grupos especializados de inteligencia, asesores externos y abogados que se reúnen los días sábados con representantes del Ejecutivo.

El congresista, advirtió que el ente estaría perpetrando hechos ilícitos graves, como la verificación de mensajes de WhatsApp, utilizando como herramienta una agencia brasilera especializada en este tipo de temas. Según las conclusiones de Luna, la información recabada podría ser entregada al presidente Petro.

Además, recordó a la Dirección Nacional de Inteligencia que este tipo de procedimientos sin la autorización de un juez, representa una violación a las leyes, al considerarlos “una práctica invasiva a la privacidad que requiere de la autorización de un juez, previa motivación por un fiscal”.

El parlamentario de Cambio Radical también preguntó si la DNI ha realizado interceptaciones ilegales a los profesionales y directivos de los medios de comunicación, ya sea en radio, televisión o prensa escrita.

“Es increíble que el presidente, quien fue víctima de estas interceptaciones ilegales, ahora sea un posible victimario. En espera de respuestas, lo que comprobaría esto es que el DAS ahora es la Dirección Nacional de Inteligencia, ‒mismas mañas, diferente nombre‒”, manifestó Luna.

Asimismo, destacó que la situación es bastante grave, por lo que de demostrarse que en realidad se está incurriendo en estos delitos, tanto opositores al Gobierno como periodistas podrían estar en riesgo.