A pesar de que se mantiene la decisión de la Organización Electoral de contratar una auditoría internacional al software de las elecciones, que no se alcanzó a hacer para la primera vuelta presidencial pero ahora sería para la segunda, tiene dudas porque la Registraduría Nacional ya tiene una trabajando en su proceso en estos comicios, entonces hay temor de que se configure doble contratación y por ello exponerse a sanciones de la Procuraduría.
Así lo manifestó ayer el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, pocas horas después de que el registrador Nacional, Alexander Vega, asegurara que sí se va a contratar esta auditoría al software en la segunda vuelta presidencial.
El magistrado Pérez explicó que “hemos advertido que la Procuraduría General de la Nación, a través de una agencia oficiosa, ha insistido en que el contrato que llegue a ordenar el Consejo Nacional Electoral no puede coincidir con la auditoría contratada por la firma Macgregor y el Registrador”.
Agregó Pérez a Blu Radio que “esto es bueno precisarlo porque ciertamente esto ha generado un temor dentro de la Organización Electoral, al propio Registrador, a los propios funcionarios del Consejo Nacional Electoral, de que si se llega a ordenar contratar una auditoría a cargo del CNE podría haber un detrimento patrimonial y una doble contratación”.
El magistrado Pérez dejó en claro que “la Registraduría organiza logísticamente las elecciones, pero el máximo organismo de inspección, control y vigilancia es el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros desarrollar las auditorías y no a la propia Registraduría auditándose así misma”.
El pasado 20 de mayo la Procuraduría General formuló preguntas y solicitó información puntual a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral sobre el proceso de contratación de la auditoría internacional de los software de las elecciones presidenciales.
Tras sostener una mesa de trabajo con estos dos organismos y analizar los documentos del proceso electoral recibidos el 18 de mayo, y con el fin de anticiparse a hechos que puedan implicar un riesgo de gestión pública, al tiempo que se asegure que el proceso a contratar garantice la transparencia de las elecciones, la Procuraduría preguntó, entre otras, ¿cuál es la diferencia de la auditoría a contratar con la que actualmente la Registraduría está implementando para la mejora a los sistemas de preconteo y escrutinio?
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El magistrado Pérez fue enfático en que la contratación de una auditoría internacional al software para la segunda vuelta “es imposible en los términos que reclama la Procuradora General de la Nación. Por lo tanto, le estoy preguntando a la Procuradora y también al Contralor General de la República, efectivamente cuál es el compromiso que tienen frente a esta auditoría”.
Añadió que “he reclamado un compromiso de Estado desde el 2 de mayo en relación con esa auditoría para que toda la ciudadanía quede tranquila y las fuerzas políticas, y que el que gane sea legítimamente las elecciones el 19 de junio sin ninguna sombra de duda”.
Tras las regularidades que se presentaron en las elecciones legislativas de marzo último, el Consejo Nacional Electoral le solicitó a la Registraduría contratar una auditoría internacional al software para las presidenciales, para lo cual el Ministerio de Hacienda aprobó $3.277.248.198.
No obstante el presidente del CNE, César Abreo, explicó que dicha contratación no alcanzó a realizarse debido al poco tiempo que había para que se aplicara inicialmente en las elecciones del pasado 29 de mayo.
Observaciones de Misión de OEA
Realizar ajustes en el procesamiento de los resultados en la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio, planteó ayer la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE / OEA), una de las 27 de carácter internacional que están en el país para vigilar estos comicios.
Así lo hizo saber esta Misión en un documento que entregó a las autoridades colombianas, en el cual también recomienda que las dos campañas, es decir la de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, tengan mayor acceso a los sistemas de procesamiento de resultados para que "puedan conocerlos y analizarlos en profundidad".
Además plantea la necesidad de configurar los ordenadores empleados en el conteo de votos para que tengan acceso a internet de forma restringida, así como definir un espacio único en el disco duro de los equipos empleados en el escrutinio para alojar los archivos que necesita el sistema.
Igualmente pide "masterizar la configuración de todas las computadoras de manera que esta sea uniforme y homogénea" y mejorar la capacitación de los jurados de votación.