Los peruanos deben elegir hoy a su nuevo o nueva Presidente de la República. Lo harán en medio de un país polarizado, en crisis grave por la pandemia pero, sobre todo, dividido entre dos opciones políticas muy distintas, contradictorias e incluso tan extremas que algunos analistas no dudan en advertir que podría triunfar la tesis de escoger “el mal menor”.

Es más, sea cual sea el candidato que gane tendrá que buscar acuerdos en un Congreso fragmentado para evitar que persista la inestabilidad política e institucional del último quinquenio.

Con dos proyectos político-económicos absolutamente antagónicos ubicados en los dos extremos del espectro ideológico, las elecciones de hoy se debatirán entre Keiko Fujimori, una política de derecha que aboga por mantener el actual modelo económico, pero quien carga a cuestas el polémico legado de su padre y un proceso propio por corrupción, y un sorpresivo Pedro Castillo, dirigente anti establecimiento, izquierdista radical, maestro de escuela rural y líder sindical, sin experiencia en los grandes asuntos de Estado.

Los resultados de una última encuesta muestran prácticamente un empate virtual entre ambos candidatos, razón por la cual no es claro qué pueda pasar hoy en las urnas, porque la franja de indecisos así como de voto castigo será determinante para inclinar la balanza.

¿Qué podría resultar de la jornada de hoy? Para resolver esta pregunta, dos consideraciones se deben tener en cuenta: la primera de ellas, que pese a que Castillo, candidato de Perú Libre, logró liderar todas las encuestas oficiales que se realizaron durante los últimos dos meses, tras la primera vuelta, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recortó distancias semana tras semana.

“Nosotros debemos atenernos a las encuestas pero sí podemos decir que está será una elección muy reñida y muy peleada. La ventaja inicial que tenía el candidato Pedro Castillo se fue reduciendo conforme se incrementó la propaganda por parte de los seguidores y de la campaña de Keiko Fujimori.  Ella, además, ha contado con el apoyo de todos los grandes empresarios, cámaras de comercio, medios de comunicación y eso fue producto también de una importante presencia en redes sociales”, comenzó por explicar a EL NUEVO SIGLO el docente peruano de la Universidad Externado de Colombia y Doctor en Estudios Latinoamericanos, Aldo Olano.

No se descarta, incluso, que el escrutinio se demore debido a las pocas diferencias en votos que podrían presentarse al cierre de las urnas. La última medición, publicada el domingo 30 de mayo, situó al candidato de izquierda con un 51,1% de intención de voto y a la de derecha con el 48,9%

“Las últimas encuestas muestran una ventaja muy estrecha y hay que tener en cuenta que esa ha sido una marcada tendencia en las últimas elecciones en el Perú. Desde el año 2001 los resultados han sido muy justos y no sería la primera vez que ello pasa. Por ejemplo, hace cinco años Pedro Pablo Kuczynski le ganó la presidencia a Keiko por un margen de alrededor de 42.000 votos. Realmente un margen muy estrecho, que creo que este domingo se podría repetir”, añadió el profesor Olano.

Temores de lado y lado

Cuando llegan a la segunda vuelta dos personalidades y proyectos políticos tan disímiles, las dudas e incertidumbres están a la orden del día entre la ciudadanía. Por ejemplo, ambos candidatos han suscitado reservas. Algunos sectores temen el riesgo de que el país siga el crítico camino de la Venezuela chavista si gana Castillo. Otros, por el contrario, temen que se siga beneficiando a los mismos sectores económicos si gana Keiko, perpetuando la desigualdad social.

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"La clase media está sumamente preocupada porque sería la que más sufriría (si gana Castillo). El rico se va de Perú, el pobre va a ser el beneficiado en un gobierno socialista-comunista. Al que van a apretar es a la clase media", indicó el analista Jorge González Izquierdo, quien añadió que por esta razón la estrategia electoral se ha centrado en la exacerbación de los miedos.

El ambiente en que se va a realizar esta elección es muy complejo. En una primera medida, la pandemia ha causado graves estragos, con más de 180 mil víctimas mortales, lo que deja a Perú como el país con mayor tasa de letalidad en todo el mundo en la escala de fallecidos por cada millón de habitantes.

De igual manera, la pobreza en Perú creció 10 puntos porcentuales en 2020 con tres millones de nuevos pobres, lo que ha implicado un retroceso de una década en avance económico.

De hecho, hasta 2020, cuando irrumpió la pandemia, la economía peruana crecía a tasas superiores al promedio latinoamericano, lo que permitió que la clase media fuera aumentando paulatinamente, pero el covid-19 eliminó de un plumazo estos avances. Adicionalmente, la actividad económica estuvo semiparalizada el año pasado por una cuarentena nacional de más de 100 días y el PIB cayó 11,12%.

La clase media cayó de 46% (de la población) en 2019 a 34% en 2020", explicó el analista político Augusto Álvarez Rodrich, columnista del diario La República.

Modelos antagónicos

Con ese telón de fondo, y dejando de lado las proyecciones, lo que está hoy en juego es una visión de Estado que dista mucho entre ambos candidatos.

Por ejemplo, con relación a la Constitución Política, Fujimori defiende la actual Carta Magna que promulgó su padre (hoy encarcelado) en 1993, que garantiza el libre mercado y que, según ella, "rescató al país de la pobreza y el caos generado por el modelo estatista y rentista" heredado del primer mandato de Alan García (1985-1990).

Castillo, por su parte, promueve una Asamblea Constituyente que redacte una renovada Constitución en la que se consagre el nuevo rol del Estado en la economía, pero advierte que no busca eliminar la empresa privada ni la inversión extranjera. Ha añadido, además, que "el Estado fortalecerá su papel regulador dentro de un enfoque de economía mixta", y que se "regulará más activamente a los monopolios y oligopolios".

Asimismo, Fujimori quiere mantener el modelo en la minería, aunque promete "explotar los recursos naturales con responsabilidad", respetando normas ambientales. 

Para reactivar la economía, muy golpeada por la pandemia, la aspirante de derecha promete eximir de ciertos tributos a empresas y microempresas, bajar el impuesto a los combustibles y eliminar por tres años los tributos al sector turismo.

Dice tener "firme creencia en la actividad privada como motor de la economía peruana y gran generador de fuentes de trabajo" y asegura que creará tres millones de empleos, establecerá fondos de fomento para la agricultura, elevará el salario mínimo y duplicará el monto de las pensiones más bajas. 

Castillo, quien moderó su discurso tras la primera vuelta electoral, promete que las "riquezas mineras e hidrocarburos deben nacionalizarse, con nuevas reglas de impuestos y regalías que son muy necesarias". También sostiene que el sector estratégico de telecomunicaciones debe estar en manos del Estado. Actualmente, lo controlan varios operadores extranjeros.

"Planeamos cambios, no parches o reformas como otros candidatos de izquierda", afirmó Castillo durante la campaña.

La propuesta electoral de Perú Libre se basa en una tríada: salud, educación y agricultura, los sectores prioritarios para impulsar el desarrollo nacional, según Castillo. 

El candidato promete además expulsar a los extranjeros que cometan delitos, en tácita alusión a los migrantes venezolanos que llegaron desde 2017 y que superan el millón.

Perú Libre es uno de los pocos partidos peruanos de izquierda que defiende al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el candidato ha anunciado que si llega al poder, el país recuperará el control de sus riquezas energéticas y minerales, como el gas, el litio y el oro, ahora bajo control de multinacionales. Sin embargo no ha precisado cómo lo hará.

Sería interminable enumerar las diferencias de enfoque y discurso entre ambos candidatos. Lo único claro es que Perú asiste hoy a las urnas no solo con el objetivo de superar la crisis institucional que ha llevado a que casi ningún mandatario este siglo haya terminado su mandato, sino que deberá escoger un nuevo modelo de país político, económico y social.