Una de las intervenciones del Gobierno nacional que no alcanzará a ser terminada y que, por lo tanto, quedará a la próxima administración, es la reconstrucción en el departamento de San Andrés por los graves daños que ocasionó, especialmente en Providencia en noviembre de 2020, el paso del huracán Iota. La Contraloría General está haciendo un seguimiento al avance de las obras.
Precisamente el día de hoy el organismo de control realizará un diálogo participativo con la comunidad del archipiélago, en seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción de Emergencia para esta reconstrucción.
Una delegación especial de la Contraloría visita desde el pasado 23 de mayo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para realizar control preventivo, en el marco de su estrategia Contraloría Móvil. “Durante este acompañamiento, la comunidad, y especialmente las veedurías ciudadanas, han manifestado su preocupación por el estado de avance del proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán Iota”, indicó el organismo.
En este diálogo estarán los ciudadanos afectados por las demoras en la reconstrucción, participarán miembros de la veeduría ciudadana Verlasilsas; así como el gobernador del Departamento, Everth Julio Hawkins, y sus secretarios de despacho; y el subdirector Técnico de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Ariel Zambrano, entre otros funcionarios.
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La veeduría que le hace el seguimiento al Plan de Acción de Emergencia para esta reconstrucción ha manifestado ante la Contraloría General de la República su preocupación por el poco avance de las obras en la isla de San Andrés.
“Puntualmente, con corte a mayo de 2022, no superaban el 9% de avance, aseguran sus miembros”, explicó la Contraloría General.
La veeduría expondrá todas las conclusiones de su ejercicio veedor en el marco del diálogo ciudadano.
El diálogo de seguimiento participativo es un servicio del control fiscal en el que la Contraloría General de la República, en el marco de la promoción y acompañamiento al control social a lo público, promueve un espacio para que la ciudadanía y las entidades públicas que ejecutan una política, un proyecto o un contrato presenten problemáticas y posibles soluciones o mejoras relacionadas con las observaciones de la comunidad.