LA ALCALDESA de Bogotá, Claudia López, anunció que el próximo 20 de julio presentará a consideración del Congreso de la República dos nuevos proyectos de ley: uno que crearía la policía local y otro con procedimientos expeditos para la imposición de comparendos y multas en las ciudades.

La primera iniciativa busca habilitar a Bogotá y a las ciudades con más de 1 millón de habitantes para atender los problemas de seguridad y convivencia que más afecten a sus ciudadanos. Se propondrá una reforma constitucional y legal que permita tener una policía para Bogotá y de esta manera apoyar a la Policía Nacional, para que sus uniformados se concentren en combatir el narcotráfico y las grandes organizaciones criminales, explicó la mandataria.

El segundo proyecto busca agilizar la sanción de conductas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de manera que las alcaldías locales, junto a funcionarios del distrito, puedan imponer las multas y comparendos correspondientes, lo cual, en concepto de López, generaría eficacia y eficiencia en el control de conductas contrarias a la convivencia.

EL NUEVO SIGLO habló con Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, sobre las implicaciones de este segundo proyecto tanto para la ciudadanía como para los funcionarios.

El experto sostuvo que la propuesta obedece a un modelo similar al que se aplica para el caso de los agentes cívicos de tránsito.

“Desde hace un tiempo no son policías de tránsito, es un cuerpo cívico de tránsito que es el que impone las multas o las órdenes de comparendo, entonces uno podría pensar que teóricamente ese mismo esquema puede ser trasladado para las cuestiones de convivencia. Sin embargo, se requiere que sea que haya un protocolo muy bien definido de cuáles serían las acciones objeto de sanción y multa, cuál es el procedimiento que se debe seguir y cuáles serían los derechos de los ciudadanos de a pie para que se ejerza el derecho al debido proceso y la correspondiente impugnación”, explicó.

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Del mismo modo, resaltó la importancia del debido proceso para que los ciudadanos sepan de qué manera pueden impugnar una multa y cómo puede establecer que se aplicó correctamente.

Por consiguiente, “esto implicaría una importante inversión en la capacitación de estos gestores de convivencia y funcionarios; además de un proceso pedagógico con la ciudadanía para que entiendan cuál es la función de ellos porque en algunos casos podría llegar a implicar el rechazo de las comunidades afectando incluso la seguridad de estos funcionarios”, indicó.

Un análisis a profundidad

Asimismo, el experto en seguridad y docente de la Universidad Central, Andrés Nieto, afirmó que toda herramienta, iniciativa y proceso que permita descongestionar los trámites policivos, en otras palabras, descargar a la policía uniformada de temas que no son de delitos de criminalidad y que puedan atenderse de otras autoridades; será ganancia.

“Colombia tiene un déficit promedio del 39 % de policía, no para estar seguros, sino para llegar al mínimo de estándar internacional. Cada vez hay menos jóvenes que quieren ingresar a la Policía y hacer esta carrera. El estándar internacional según Naciones Unidas es de 325 policías por cada 100.000 habitantes, Colombia solo tiene 210 por cada 100.000 habitantes”, explicó el experto.

En ese sentido, sostuvo que muchas veces no es que el policía no quiera llegar, no quiera acudir o no quiere actuar, sino que está sobrecargado.

“Después de la expedición de la Ley 1801, es decir, el Código de Convivencia; se establece que hay más de 30 autoridades de policía en todo el país que no solo son los uniformados. Habla por ejemplo de las inspecciones de policía, de los inspectores en sanidad, los inspectores en salud, de las inspecciones para el patrimonio cultural, para la construcción, las curadurías, las personerías, las secretarías de gobierno, los jueces de paz y reconciliación; entre otros. Estas figuras que ahora denominamos autoridades policías no son solo los policías uniformados y, entre tanto, poner en práctica ese Código de Convivencia sería una de las grandes salidas para descongestionar a la policía”, señaló.

De igual manera, según afirmó el experto, los uniformados podrían dedicarse a la lucha frontal contra la delincuencia y contra las estructuras criminales; mientras que los temas de convivencia, resolución pacífica de conflictos y otro tipo de situaciones ligadas y similares puedan atenderse en otros ámbitos y por otros funcionarios.