A PROPÓSITO de los fuertes cuestionamientos del Gobierno al papel de los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación emitió ayer una Directiva para proteger la libertad de prensa.
El documento firmado por el fiscal Francisco Barbosa pone de manifiesto los “lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal”.
De acuerdo al ente acusador, se trata de un proceso inédito con el que se busca defender la libertad de prensa en Colombia. En tal sentido, la Directiva 003 protege el secreto profesional de los periodistas en torno a las investigaciones penales.
Para ello, la Fiscalía toma en cuenta elementos como que “tanto la policía judicial como los fiscales deben tener especial consideración y respeto en relación con el secreto profesional de los periodistas, para garantizar que el comunicador pueda tener mejor acceso a las fuentes de noticias y que la ciudadanía pueda acceder a la información de interés público”.
Además, establece como regla general lo siguiente: “Está constitucionalmente prohibido que los fiscales exijan a un periodista rendir entrevista o testimonio en relación con información suministrada por sus fuentes, en tanto la Constitución Política garantiza el ejercicio de la libertad de prensa. Es posible citar a periodistas como testigos, pero con estrictas limitaciones constitucionales”.
Asimismo, el documento prohíbe a los fiscales “ordenar cualquier actividad investigativa que ponga el riesgo el secreto periodístico, entre ellas la inspección al lugar de trabajo, al medio de comunicación u otro sitio donde reposa la información periodística”.
De la misma manera, específica que “es posible citar a periodistas como testigos, pero con estrictas limitaciones constitucionales.
Como se informó por medio de un boletín de prensa de la Fiscalía, la Directiva firmada en beneficio a la libertad de prensa se ajusta al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la cual estipula que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Asimismo, la Fiscalía General asume el compromiso de velar por el cumplimiento de la Constitución Política, haciendo énfasis en el artículo 20 que garantiza a “toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.
Por consiguiente, este órgano velará por el respeto a las libertades de la población y asume la defensa de los derechos humanos, como factores para el fortalecimiento de la democracia en el país.
En razón de ello, la Fiscalía seguirá ejerciendo su misión constitucional en el marco del respeto a los derechos humanos y a las distintas instituciones que conforman la sociedad democrática colombiana.
Como se sabe, en los últimos días se han generado muchos debates sobre la libertad de prensa, pues el presidente Gustavo Petro ha atacado en varias oportunidades a los medios de comunicación y a periodistas en el ejercicio de sus funciones, lo que ha encendido las alarmas del gremio.
Durante los diez meses de mandato, el presidente de Colombia ha armado un discurso agresivo en contra de los medios de comunicación, a los que ha señalado de desinformar y de estar frente a hechos delictivos.
Como respuesta, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha dicho que la intención del Gobierno es desacreditar las denuncias hechas por la prensa libre en contra del Ejecutivo, y, a su vez, deslegitimar la labor de los periodistas.
El último ataque del jefe de Estado a los medios fue el que hizo en tarima pública el 8 de junio, en medio de las manifestaciones en favor a las reformas sociales, donde acusó a la revista semana de ordenar a Fiscalía investigaciones contra el Ejecutivo.
“Semana ordena y CTI obedece”, haciendo referencia a la inspección de una de las oficinas de la Dian, ubicada específicamente en el piso 13, a propósito de las investigaciones por interceptaciones telefónicas que involucran directamente a varios funcionarios, entre ellos a la exjefa de Gabinete de Presidencia, Laura Sarabia.
Sumado a ello, la senadora del Pacto Histórico, Piedad Zuleta, pidió la intervención de Semana, en medio de acusaciones a la revista de delitos en medio de su labor de informar.
Al respecto, escribió en su cuenta Twitter “La Revista Semana debe ser intervenida por la Fiscalía General para que encuentren las pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin”. En el mismo trino, destacó “¿Contrata testigos falsos esta revista? ¿A quién le sigue el ejemplo? Fiscal Barbosa es su obligación actuar ante el delito que comete está revista”.
- Le puede interesar: Falta de presupuesto pone en riesgo el PAE en 12 regiones del país
Los pronunciamientos
En medio de los ataques hacia la prensa por parte del Gobierno Petro, surgen los pronunciamientos de rechazo de diferentes gremios como la Flip. Al respecto, el presidente de dicha organización afirmó en conversaciones recientes con EL NUEVO SIGLO que el discurso de Petro contra la prensa busca deslegitimar y generar dudas sobre el trabajo que hacen los profesionales de la comunicación.
El discurso beligerante es, a su juicio, un riesgo para los periodistas, los cuales muchas veces son acusados sin evidencias, con la intención de que “la gente deje de creer en los medios de comunicación”.
También destacó que las descalificaciones por parte del presidente alentarían la autocensura, alegando que “las personas tiendan a creer que en realidad los medios y sus profesionales tergiversan información en contra de los intereses del Gobierno, por lo que, en represalia, podrían generarse ataques verbales y físicos en contra de periodistas en pleno ejercicio de sus funciones”.
En la misma tónica, el presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), Jorge Velásquez, aseguró recientemente a este medio de comunicación que el jefe de Estado trata de estigmatizar a los comunicadores, lo que representa un serio problema para el ejercicio.
Destacó que Colombia es uno de los países de América Latina donde se registra el mayor número de amenazas en contra de los periodistas. Por lo mismo, enfatizó que es irresponsable hacer señalamientos puntuales en contra de medios y comunicadores, más aún cuando no existe pruebas de que los profesionales de la comunicación estén incurriendo en algún delito.
“La estigmatización es compleja, pues incide en la imagen del periodista (…). El hecho de que se estigmatice a los colegas es un tema delicado. Sobre todo, si viene del primer mandatario. No sabemos de qué manera puede reaccionar la audiencia y funcionarios públicos en el país”, señaló.
Periodistas amenazados
Una investigación realizada por la Flip reveló que un periodista ha sido amenazado cada dos días, en medio del cumplimiento de su labor, este 2023.
De acuerdo con la publicación del gremio, hasta el 31 de mayo, han logrado documentar un total de 58 amenazas en contra de comunicadores sociales. Las intimidaciones se han registrado en 22 departamentos colombianos, entre ellos Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico y Nariño.
La mayor parte de las agresiones están vinculadas a trabajos de investigación en torno a temas de administración pública, seguridad y conflicto armado.
Según la Flip, “esta cifra retrata un escenario preocupante sobre la seguridad de quienes ejercen periodismo en Colombia: un periodista es amenazado cada dos días y en el 70% del país se ha amenazado al menos a una o un comunicador”.