1. Alerta por seguridad: Gobernadores, alcaldes, Fiscalía, Procuraduría y organizaciones no gubernamentales que le hacen seguimiento a la campaña han advertido que hay una creciente injerencia de grupos armados ilegales en la contienda proselitista.

El último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), con corte a 29 de mayo de 2023, da cuenta de 237 amedrentamientos y 531 acciones armadas por parte de grupos al margen de la ley, lo que representa un incremento de 119,4% y 128,9%, con relación al 2019.

“Nuevamente, el 2023 se posiciona como el período electoral con el mayor número de acciones desde que la MOE inició este seguimiento en 2018. Hecho que pudiera tener implicaciones en la violencia política y el rol de los GAI (Grupos Armados Ilegales) en las elecciones”, según el documento.

Dicho informe revela, de igual manera, que el período preelectoral 2023 ha sido el más violento de la historia reciente en Colombia. Igualmente, destacó que, de acuerdo a la tendencia que se ha observado en procesos electorales previos, el escenario actual podría ser mucho peor con el transcurso de las semanas, a partir de la inscripción de candidaturas y desarrollo de campañas políticas.

Es por ello que la Defensoría del Pueblo advirtió semanas atrás sobre grandes riesgos que enfrenta la democracia debido a la injerencia de grupos armados en las próximas elecciones, razón por la que ha emitido Alertas Tempranas que, según declaraciones del defensor Carlos Camargo Assis, no han sido atendidas oportunamente por el Gobierno.

Si bien es cierto, que el Comité de Garantías Electorales se ha venido reuniendo y recalca que hasta el momento están dadas las condiciones para llevar a cabo la campaña y no se avizora el riesgo de tener que cancelar los comicios en alguna localidad o hacer un traslado de mesa de votación por razones de seguridad, ya varios partidos han avisado que la guerrilla del Eln, grupos residuales de las Farc y bandas criminales de alto impacto como el ‘Clan del Golfo’, estarían ejerciendo presión e incluso vetos de candidatos en algunas zonas.

2. Lupa a trashumancia: Según el cronograma para los comicios regionales del próximo 29 de octubre, los plazos para inscripción de cédulas vencen el 29 de agosto. Sin embargo, ya existen algunas alarmas tempranas por el riesgo de trasteo de votos.

El último campanazo al respecto, lo dio la MOE en su quinto informe, que cubre el período de 29 de octubre de 2022 a 29 de marzo de 2023. La ONG reveló que existen seis municipios que han registrado un nivel atípico de inscripción de cédulas, al presentar la tasa más alta del país. Estos son La Jagua del Pilar (La Guajira) con 193,5, Puerto Gaitán (Meta) con 188,14, Paya (Boyacá) con 109,24, Cabuyaro (Meta) con 101,99, Juradó (Chocó) con 88,50 y Puerto Santander (Norte de Santander) con 82,52.

3. Explosión de candidatos por firmas: Aun cuando hoy se abren las inscripciones de candidatos a cargos uninominales y colegiados en el nivel territorial, se advierte de una explosión de aspirantes por movimientos significativos de ciudadanos, es decir, por firmas.

Según el último informe de la MOE, que comprende el período del 29 de octubre de 2022 al 26 de mayo de 2023, la inscripción de los grupos significativos de ciudadanos tuvo un aumento de 55%.

Para los comicios de 2015 se inscribieron 810 grupos, mientras que en 2019 hubo un total de 1.253 registros. Ahora, si se comparan los comicios de 2019 con los realizados en 2011, el incremento fue de 488%.

No deja de ser paradójico este alud de candidatos por firmas si se tiene en cuenta que en estos momentos hay 34 partidos políticos reconocidos con personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral.

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Esto como producto no solo de una sentencia de la Corte Constitucional, que permitió devolverle ese estatus a partidos como Unión Patriótica, Nuevo Liberalismo, Movimiento Salvación Nacional, Nueva Fuerza Democrática y Esperanza, Paz y Libertad, sino también de las elecciones parlamentarias del año pasado en que se reconoció personería jurídica a varios de los partidos que hicieron parte de la coalición del Pacto Histórico, así como otras facciones como Creemos, del excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

4. Nuevo mapa político: A comienzos de este año se daba por seguro que en la campaña por las elecciones regionales y locales tendría un peso superlativo el escenario político y partidista dejado por los comicios parlamentarios y presidenciales de 2022, tal y como por la conformación de la coalición gobiernista en el Congreso, que permitió sumar al bloque de centroizquierda el apoyo de los partidos Liberal, Conservador y La U, lo que le dio oportunidad al Ejecutivo de dominar más del 70% de las curules en Senado y Cámara.

Sin embargo, como se conoce, esa coalición se rompió en abril pasado, y hoy las colectividades Conservadora y de La U se pasaron a la franja de los independientes, sin que se sepa todavía qué hará el liberalismo.

A ello se suma que el Partido Cambio Radical, que inició como independiente, se declaró ya en oposición.

Esta variación drástica del mapa político tendrá un impacto directo en la conformación de alianzas y asignación de avales para candidatos a gobernador, alcaldes, concejales, diputados y ediles.

Ya en muchas regiones se está viendo que las alianzas que se planteaban a comienzos de año entre sectores de centroizquierda y centroderecha no tienen mayor viabilidad debido al rompimiento de la coalición del orden nacional, así como a un escenario de polarización política cada vez más marcado entre Gobierno y oposición.

5. Movido escenario político: El cambiante escenario político a nivel nacional tiene algunos elementos que seguramente van a influir en el tramo final de la campaña por el poder político territorial. Por ejemplo, se tiene previsto que antes de los comicios de octubre se resuelva la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe, líder nacional del Centro Democrático, una vez el Tribunal Superior de Bogotá defina si será finalmente llamado a juicio o se acepta la petición de preclusión del proceso penal que se le sigue por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

Del mismo modo, se espera que antes de la cita en las urnas la Fiscalía y Procuraduría puedan anunciar las primeras decisiones alrededor de las investigaciones por escándalos como las ‘chuzadas’ y las sospechas sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.

Asimismo, podrían impactar el ritmo de la campaña decisiones que están pendientes en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra una veintena de congresistas de distintos partidos, tal y como los fallos que están prontos a producirse en el Consejo de Estado por demandas de pérdida de investidura contra senadores y representantes a la Cámara de colectividades gobiernistas, de oposición e independientes.

6. Proceso de paz: Otro elemento que los expertos consideran que será determinante en esta recta final de la campaña es el relativo al efecto que pueda tener la implementación de aquí a octubre de varios flancos de la política de paz.

Por ejemplo, es evidente que el inicio a partir del 3 de agosto de un cese al fuego con la guerrilla del Eln puede disminuir la presión violenta e ilegal sobre los comicios. Del mismo modo, están pendientes de resolución solicitudes como las del ‘Clan del Golfo’ y el ‘Estado Mayor Central’ para que se reanuden los ceses al fuego con esas organizaciones, que fueron rotos por el Gobierno semanas atrás al comprobarse que ambos grupos continuaban delinquiendo.

Si, por el contrario, no se concreta ninguna de esas treguas, dependerá de la Fuerza Pública poder garantizar por la vía del ejercicio de la autoridad una campaña electoral transparente y pacífica.