La Ley 1448 de 2011, también llamada Ley de Víctimas, creó en Colombia un sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en el país. 12 años después, el Gobierno nacional presentará una reforma ante el Congreso de la República en cabeza de la Unidad para las Víctimas y el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna. 

"Si logramos reformar la Ley 1448 y ponerla en práctica, incluidos los decretos y resoluciones, podremos superar el estado de cosas inconstitucional declarado en 2004 en materia de desplazamiento forzado, le cambiamos la cara a Colombia y ajustamos el país a la Constitución", aseguró el ministro de Justicia. 

El próximo 20 de julio se instalará un nuevo periodo de la legislatura. Ese mismo día será presentado el proyecto de reforma de la Ley 1448, con el que  se pretende garantizar a las víctimas del conflicto armado una mejor atención y mayor acceso a sus derechos. 

En este sentido, EL NUEVO SIGLO consultó con la Unidad de Víctimas la importancia de esta reforma y los puntos claves para entenderla.

“Entre los principales cambios que se pretenden lograr con la reforma a la Ley 1448, se incluye articular la política de víctimas con el Sistema Integral para la Paz, de manera que se satisfagan de mejor manera los derechos de quienes han sufrido el conflicto armado, que a la fecha ya suman 9'472.019 de personas, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas”, explicó la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. 

¿Qué dicen las víctimas? 

Luis Mendieta, general retirado de la Policía Nacional, fue secuestrado en la toma de Mitú en 1998. Estuvo privado de su libertad durante 12 años y a la fecha asegura que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) excluyó a las víctimas de las audiencias públicas de verdad, justicia y reparación. “Muerto 'Iván Márquez', las víctimas seguimos igual”, sostuvo. 

• Le puede interesar: No llegaremos a $US10.000 millones con Venezuela: Rodríguez

Bajo esta premisa, el general (r) compartió con EL NUEVO SIGLO un listado de los aspectos que considera deberían estar incluidos en la reforma a la Ley de Víctimas. 

“Los bienes incautados por la Fiscalía deben ingresar a reparar víctimas. Asimismo, lo entregado por las Farc e incautado debe ser distribuido entre víctimas, como bienes, tierras, vehículos, etc. En cuanto a la ONU y la Unión Europea, deben instalar una mesa de donantes para reparar víctimas, ya que en los procesos anteriores ha sido para los victimarios. Deben hacer acuerdos con países donde hay paraísos fiscales para que los bienes de los integrantes de los grupos armados sean para víctimas”, señaló. 

En este sentido, afirmó además que se debe incluir reparación administrativa para los integrantes de la Fuerza Pública y familiares que fueron excluidos con el argumento de régimen especial. 

“Hay una gran injusticia en este punto. Se debe crear el Ministerio de Víctimas. Se debe establecer una cuota mensual o anual para cada víctima por la dificultad en reparar a todas las víctimas por falta de presupuesto. Las graves violaciones en derechos humanos según la sentencia de la Corte Interamericana deben ser tenidas en cuenta para reparaciones efectivas”, indicó.

Finalizó señalando que se debe clasificar a las víctimas por hechos victimizantes para efectos de monto a reparar y definir un turno para hacerlo a partir del tiempo del secuestro.

Ejecución mínima

Néstor Rosanía, experto en conflicto armado, explicó que Colombia sufre de lo que se llama hiperproducción legislativa, es decir, que se sacan muchas leyes, pero cuando se analizan los porcentajes en términos de ejecución no son muy altos.

“La Ley de Víctimas pasa por ese fenómeno, hay una gran producción en términos legislativos y de garantías, pero su ejecución ha sido mínima en los territorios. El problema estructural más que de una reforma es de una ejecución en el territorio que pasa por tres variables: lo primero, que haya una verdadera restitución de tierras a nivel nacional que aún no se ha dado porque ya nacieron los ejércitos antirrestitución de tierras que por la vía armada no han permitido que se dé una restitución real”, afirmó.

Afirmó que lo segundo corresponde a que haya reparación económica a las víctimas, que según explicó, tampoco se ha hecho. “El porcentaje es mínimo frente al volumen y el universo de las víctimas. Lo tercero es que no se ha ejecutado lo que está en la ley, empezando por las víctimas de los falsos positivos, donde el Ejército y el Estado deberían reparar simbólicamente a las víctimas”, advirtió. 

Por último, señaló que debe haber garantías reales en términos de seguridad para las víctimas. “El problema no pasa por una reforma más, el problema realmente es un tema de ejecución en la parte territorial. Mientras eso no suceda, simplemente vamos a estar de reforma en reforma, pero sin que haya un impacto real en los territorios”, concluyó.