En las últimas semanas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido objeto del escrutinio por parte de diferentes sectores que le reclaman celeridad en la resolución de los casos penales puestos a su consideración.
Sin embargo, el tema clave es que cumpla el papel para el que fue creada, es decir, juzgar a los jefes guerrilleros desmovilizados y subsidiariamente, procesar a los agentes del Estado y terceros civiles involucrados en delitos relacionados con el conflicto armado.
Muchos observadores miran con desconfianza la JEP porque en su integración, así como en el resto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), pareciera existir el interés de invertir su función, juzgando a los agentes del Estado y terceros civiles, mientras se ve como subsidiario el procesamiento de los jefes de las Farc, especialmente, los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Celeridad
El primer punto que llamó la atención de diferentes sectores políticos y sociales fueron las declaraciones de la senadora Griselda Lobo, del Partido Farc, quien tras ser elegida segunda vicepresidenta del Senado se refirió al llamado que les hizo la JEP a 17 jefes guerrilleros a rendir versión por el caso 07 de reclutamiento forzado.
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La senadora Lobo desmintió que en las Farc existiera el reclutamiento forzado. “Nuestro ingreso era voluntario. En las Farc nunca hubo política de reclutar a nadie a la fuerza”, dijo.
De inmediato se generó gran malestar en diferentes sectores políticos y de opinión que demandaron de la JEP celeridad para establecer la responsabilidad de sus jefes guerrilleros en los más de 12.000 casos documentados por la Comisión de la Verdad frente a este flagelo.
Tanto Lobo como Rodrigo Londoño, presidente del Partido Farc, dijeron entonces que “iremos a la JEP a contar toda la verdad”.
Luego vino el llamado en el mismo sentido que le hiciera a esa Jurisdicción el presidente Iván Duque, quien pidió agilizar las investigaciones contra los excombatientes de la desmovilizada guerrilla y que sus conductas sean castigadas acorde con la gravedad de los hechos pero en el marco de la justicia colombiana y los tratados internacionales.
El reclamo de Duque a la JEP se dio justamente desde la Casa de Nariño durante la socialización de las bases para una reforma a la justicia por parte de la Procuraduría General de la Nación.
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Ese día, Duque advirtió que “después de cuatro años hay que ser muy enfáticos en que es una responsabilidad ineludible por parte de quienes se han sometido a la transición para que esa información veraz sea entregada”.
El Mandatario también reclamó que se aplique “con severidad” la justicia a los responsables de delitos como narcotráfico y reclutamiento forzado de menores, pero también reclamó verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas.
Frente a ello, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, le aclaró a Duque que los magistrados de esa jurisdicción tomaron posesión el 18 de enero de 2018.
“Esto quiere decir que no han pasado cuatro años sino dos, la Jurisdicción está actuando y ejerciendo sus competencias exactamente desde hace dos años y medio, no hace cuatro años”, dijo.
Más aún, el presidente Duque hizo referencia a la “expectativa nacional” frente a las penas que imponga la JEP a los responsables de estos delitos y pidió “penas proporcionales según los principios del bloque de constitucionalidad”.
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En respuesta, Linares dijo que el país debe tener confianza en la justicia transicional y aseguró que “muy pronto el país conocerá los primeros resultados” de esas investigaciones.
El segundo llamado del Primer Mandatario a la JEP se dio este lunes durante la sanción de la Ley de Honores a las Fuerzas Militares.
Desde Palacio, el Jefe de Estado dijo que el país entero “exige la verdad” de las conductas de la exguerrilla frente al reclutamiento de menores, el narcotráfico y el secuestro, a su vez advirtió que “no hay más tiempo” para saberlo: “Hoy más que nunca, el país entero exige la verdad, que se haga justicia, que haya reparación y además que no haya repetición de quienes flagelaron por décadas al pueblo colombiano”.
Duque afirmó que “no tenemos paciencia eterna para esa verdad, porque no estamos hablando de asuntos que requieren sofisticación en las investigaciones, porque ese reclutamiento fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano”.
Al respecto, la magistrada Linares respondió ayer en varias entrevistas que “a pesar de los retrasos, han habido avances importantes” frente a los siete macrocasos que ha abierto esa Jurisdicción.
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“Un caso que ha sido priorizado por la JEP es el de reclutamiento forzado de menores que incluye la violencia sexual. Es el caso 07 que ya tiene avances importantes: la semana entrante llegan a versión 17 exjefes de las Farc”, sostuvo.
La magistrada dijo que si ha habido retrasos en la resolución de las investigaciones, ello obedece a las más de 28 recusaciones y recursos que se han presentado por parte de abogados de las partes, pero además porque “tenemos que aplicar toda la legislación nacional e internacional y garantizar el debido proceso”.
De todas formas, la jurista dijo que los exjefes de las Farc citados frente al caso 07 “están obligados a contar toda la verdad que tengan”, pues de lo contrario podrán perder todos los beneficios que les reconoce la jurisdicción especial.
Testimonios
De otro lado, desde comienzos de este año, la JEP ha recibido diferentes informes de organizaciones que han hecho sus aportes para documentar los diferentes casos contra la guerrilla y abrió espacio para las víctimas.
Linares explicó que esa jurisdicción estudia una moción judicial de la Sección de Apelación para crear el macrocaso octavo para estudiar exclusivamente el tema de violencia sexual en el marco del conflicto, como delito independiente.
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Ello, porque según la Unidad para las Víctimas entre 1985 y 2016 más de 28.000 personas se declararon víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual por parte de los grupos armados ilegales.
Esta petición cuenta con el apoyo y las informaciones que han hecho colectivos como la Red de Mujeres, Víctimas y Profesionales, la Coordinación de Mujeres Afrodescendientes, Sisma Mujer, entre otras.
La JEP, incluso, invitó a la Corporación Rosa Blanca, un colectivo de víctimas de las Farc que en diferentes ocasiones ha reclamado un espacio para hacer sus aportes a las investigaciones de la JEP, en especial, frente al tema de secuestros y reclutamiento forzado, para que envíe sus informes.
Los siete macrocasos
Desde que comenzó a operar, la JEP ha abierto siete grandes investigaciones sobre conductas ilegales en desarrollo del conflicto armado.
Caso 1: Retenciones ilegales
Caso 2: Situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño)
Caso 3: Ejecuciones extrajudiciales
Caso 4: Situación de la región de Urabá
Caso 5: Situación de la región del Norte del Cauca
Caso 6: Victimización de miembros de la UP
Caso 7: Reclutamiento forzado de menores