La reforma a la salud sumó dos propuestas con la llegada de la segunda legislatura, con los textos que radicaron Cambio Radical y el partido Liberal. Del periodo anterior viene en tránsito el proyecto del Gobierno, que logró avanzar en medio de la polémica por los ajustes que hace al sistema y que está para segundo debate en plenaria de Cámara. Las iniciativas tienen diferencias claves. A continuación las principales.
Para comenzar, hay que recordar que sigue la polémica sobre si la reforma se debe hacer vía ley ordinaria, como la presentó el Gobierno, o estatutaria como la radicaron Cambio Radical y el partido Liberal.
El Gobierno se reafirma en que su reforma es una ley ordinaria. “La Ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la Ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla”, indicó el presidente Petro.
Sin embargo, un número apreciable de congresistas que no hacen parte del oficialismo sostienen que el Gobierno se equivoca, pues debió presentar la reforma como ley estatutaria porque las disposiciones que contiene el proyecto regulan de manera integral el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud.
La primera gran diferencia en los tres proyectos es que el Gobierno busca una reforma de fondo para transformar el Sistema General de Seguridad en Salud, basado en el aseguramiento social para garantizar el derecho fundamental.
Cambio Radical considera que se deben hacer cambios para mejorar el sistema y el servicio, a partir “del reconocimiento de los éxitos alcanzados y lecciones aprendidas en estas casi tres décadas”.
Mientras que el proyecto liberal señala “que cualquier reforma al sistema de salud, debe tener especial consideración a los avances sociales en el cierre de brechas de desigualdad”.
Las EPS
Uno de los puntos más polémicos del proyecto que presentó el Gobierno es que elimina el papel que han cumplido por tres décadas las EPS en aseguramiento de los riesgos en salud y financiero, así como de articulación del sistema, lo cual para gremios como Acemi puede ocasionar un desbarajuste.
Como consecuencia, las EPS deben transformarse en un plazo de dos años en gestoras de salud y vida. Entre las funciones que tendrán, deben desarrollar en coordinación con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) acciones para identificar los riesgos de salud para la población a cargo en el territorio. Se organizarán progresivamente por territorios para la gestión en salud. También articularán a los prestadores de los servicios.
El proyecto de Cambio Radical mantiene las funciones que tienen las EPS. Lo novedoso es que operarán por territorios sanitarios definidos por el Gobierno.
En tanto que el partido Liberal en su propuesta también mantiene las EPS como hoy operan, solo que le otorga al Estado un rol protagónico en la gobernanza del sistema, coordinando estas empresas para que hagan bien su trabajo.
Sin embargo, el proyecto contempla que en regiones apartadas en las cuales los fundamentos del mercado del sistema de salud no funcionan, el Estado pueda operar directamente el aseguramiento cumpliendo con los mismos estándares técnicos de las EPS.
Flujo de recursos
El proyecto del Gobierno establece el giro directo para pagar a hospitales e IPS los servicios prestados, delegando esta tarea en la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), que administrará los dineros del sistema y será el pagador único.
En la actualidad, las EPS son las que administran los recursos que reciben para pagar a los prestadores de los servicios, dineros que provienen de la cotización mensual que hacen los afiliados (en el régimen contributivo), el giro que le hace la Adres (en el régimen subsidiado) y una prima que le entrega el Estado, la UPC (Unidad de Pago por Capitación).
Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada por algunos sectores políticos y gremios como Acemi, que agrupa a las EPS, pues dicen que la Adres no tiene la capacidad para ser el pagador único del sistema ni la experticia que han desarrollado estas empresas en más de tres décadas que vienen haciendo esa tarea.
El proyecto de Cambio Radical establece que la Adres será la entidad que en nombre de las aseguradoras en salud (las EPS) hará el giro del 90 % de los recursos de UPC destinados para el pago de servicios.
Mientras que el partido Liberal prevé que la Adres estará encargada de efectuar el giro de recursos para la prestación de servicios y las tecnologías contratadas por las EPS.
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Atención primaria
Los tres proyectos de reforma de salud que hasta el momento hay para ser discutidos en la segunda legislatura coinciden en fortalecer la atención primaria.
El proyecto del Gobierno dice que el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo se fundamenta en la atención primaria centrada en las personas, las familias y las comunidades.
En este proyecto la piedra angular de la atención primaria en salud son los CAPS, que son la unidad polifuncional de carácter público, privado o mixto, de base territorial. Desarrollarán los procesos de adscripción poblacional, administración y atención al ciudadano, prestación de servicios de salud, entre otros.
El proyecto de los liberales también contempla la figura de los CAPS. Sin embargo, a diferencia de la propuesta de la Casa de Nariño, deben ser altamente resolutivos y que, en zonas apartadas, pueden recibir subsidios a la oferta, pero condicionados al buen desempeño.
Señala esta propuesta de reforma que “el modelo de atención en salud deberá definir mecanismos, intervenciones y acciones específicas adoptando la estrategia de atención primaria en salud, lo que implica el desarrollo de un componente primario altamente resolutivo dentro de las Redes Integrales e Integradas de Atención en Salud (RIIS)”.
Por su lado, Cambio Radical plantea consolidar un modelo de atención primaria con enfoque territorial, familiar y comunitario, para la prevención, promoción y mantenimiento de la salud; cerca del lugar de residencia, trabajo o recreación; a cargo de un prestador primario de libre elección.
En esto último se ve una diferencia con la mirada que tiene el Ejecutivo de los CAPS, pues en el modelo del Gobierno no hay libre elección del ciudadano, porque queda adscrito al centro de atención que haya en el territorio en donde habita.
UPC
El proyecto de reforma del Gobierno señala al respecto que el Ministerio de Salud, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud y del Consejo Nacional de Salud, definirá el valor anual de la UPC.
Cambio Radical propone que los ministerios de Salud y Hacienda definirán el valor anual de la UPC, la cual tendrá un componente fijo y uno variable.
Mientras que el proyecto de los liberales plantea que los ministerios de Salud y Hacienda definirán el valor anual de la UPC, calculado en función de la composición poblacional y epidemiológica de cada EPS por cada afiliado al sistema.
Talento humano
La iniciativa de reforma del Gobierno establece que, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1751, la política deberá incluir los criterios generales para mejorar las condiciones laborales justas y dignas del personal, con estabilidad y facilidades, y también para incrementar sus conocimientos.
Mientras que Cambio Radical rechaza la tercerización laboral para el talento humano en salud, y que en lugar de ello el personal deberá ser integrado bajo contrato con todos los requisitos.
También compromete al Gobierno a tener un sistema interoperable de información del talento humano.
A su turno, el partido Liberal propone la formación de más talento humano, pero también mejorar la calidad. Por otro lado, la dignificación laboral del personal en salud, estableciendo condiciones de trabajo acordes con su alto valor social y estratégico.
Así mismo el proyecto ordena al Gobierno implementar la política nacional de talento humano en salud.
Transición
El proyecto del Gobierno no contempla un periodo de transición para adecuar el sistema a la reforma. Únicamente en el caso de las EPS, les da dos años para adoptar la figura de gestoras de salud y vida.
Cambio Radical establece que después de la entrada en vigencia de la ley, el Gobierno y los demás actores tendrán hasta tres años de transición para la puesta en marcha del modelo de atención.
Mientras que el proyecto del partido Liberal no tiene periodo de transición.