La salud de la economía y la confianza inversionista a mediano y largo plazo requiere del trámite responsable y oportuno del proyecto de reforma tributaria. En esto coincidieron expertos tributarios de las firmas EY, PwC Colombia, KPMG Colombia, Baker Tilly, Deloitte, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Posse Herrera Ruiz, Araújo Ibarra, Gómez-Pinzón Abogados y Brigard Urrutia, durante un conversatorio de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en el que se analizó el nuevo proyecto de ley y las perspectivas para la recuperación económica del país.
“La prioridad y la urgencia que tiene este proyecto va en diferentes vías. Una de ellos es la importancia de enviar un mensaje de confianza inversionista a la comunidad internacional y, especialmente, a las calificadoras de riesgo; así como mantener la inversión instalada y atraer nueva”, expresó la directora ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.
Para Alba Lucía Gómez, directora de Impuestos en PWC Colombia, si bien, esta reforma es menos ambiciosa que la propuesta inicial, dado el contexto social actual, y se aparta de recomendaciones del comité de expertos de la OCDE; tiene una Regla Fiscal más estricta, así como medidas enfocadas a la generación de empleo, extensión de beneficios al sector turístico y una política social para la redistribución de los ingresos.
Frente a esto, Ali Alexander Castrillón, socio de impuestos de KPMG Colombia, llamó la atención frente al hecho que mientras en los países OCDE, grupo al cual pertenece Colombia, la mayor parte de la carga tributaria se centra en las personas naturales, en nuestro país la tributación se soporta es en las personas jurídicas.
Ingresos
“En un informe que presentó el comité de expertos de la OCDE encontramos que, en los ingresos tributarios totales del país, las personas naturales solamente están contribuyendo con un 6%, mientras que las personas jurídicas lo están haciendo con un 26%; esto, en una total contraposición con los países OCDE donde las personas naturales representan un 24% del total de los ingresos tributarios y las personas jurídicas hacen una mínima contribución del 9%”, enfatizó Castrillón.
Entre los aspectos positivos del nuevo proyecto de reforma tributaria, Luis Sánchez, International Tax and Transactions Services Partner de EY Colombia, destacó los significativos ingresos de recaudo por parte de la DIAN y la austeridad en el gasto público. “En el caso de la reducción de la evasión, se prevé un recaudo por $2,7 billones y de $1,9 en la austeridad del gasto público que esperamos se logren, pero ojalá esa lucha sea contra los reales evasores y no contra las compañías que son cumplidoras”.
Beneficios
Asimismo, según Mónica Bolaños, socia de Impuestos internacionales de Deloitte, existen otros beneficios que favorecen a las empresas y a la generación de empleo, como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y los incentivos a la creación de nuevos empleos. “La principal diferencia de estas medidas frente a las que se han introducido con reformas anteriores es que no se concretan en la disminución de cargas impositivas, sino en una transferencia efectiva de recursos, lo cual resulta mucho más atractivo y práctico para los empleadores”, puntualizó.
Por su parte, el director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, señaló que el gran reto que tiene este proyecto es equilibrar el frente social, económico y fiscal de manera simultánea. Añadió que, “esta no es una reforma fiscalista, sino que busca ser integral estableciendo unos gastos que hay que hacer el corto plazo, pero reconociendo que en el mediano y largo plazo es necesario corregir esos niveles de endeudamiento”.
A su vez, Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, aseguró que uno de los grandes desafíos del proyecto de Inversión Social será que la lucha contra la evasión no sea a costa del entorpecimiento de la actividad empresarial formal, dado que, “el incremento en mecanismos e instrumentos antiabuso de las últimas reformas tributarias ha ayudado, sobre todo, a generar enormes cantidades y complejidades de litigios de contribuyentes formales y no necesariamente a una reducción en los niveles de evasión.