Desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, convirtiéndose en el presidente con más edad en asumir el cargo en la historia del país, el mandatario lleva 20 meses capoteando comentarios por parte de sus contradictores, quienes lo han tachado de “senil”, y suelen llamar la atención sobre su apariencia “extenuada”, “su paso más lento” y “las dificultades cada vez mayores para hablar”.
En el marco de una reciente avalancha de críticas, sobre todo relacionadas con el hecho de que el Presidente dio positivo para covid-19, lo que afectó en forma visible su aspecto físico, partidarios de la Casa Blanca insistieron en que su presidencia está ganando puntos en terrenos como el económico, el parlamentario y el internacional pero, ¿qué tan acertado es este discurso?
A cortos tres meses de que se lleven a cabo las primarias que, dicho sea de paso, se avizoran difíciles para los demócratas, la popularidad de Biden ha mejorado en los últimos días, pero sigue sin levantar cabeza y las proyecciones no son las mejores.
“El desempeño de la economía es lo que más le interesa a los norteamericanos en materia de popularidad del presidente, como en todo el mundo, y en Estados Unidos hay una inflación que está rozando los diez puntos; hay un desempleo que sigue aumentando; hay perspectivas de recesión para el 2023; hay un sector inmobiliario y de ventas detenido; la estrategia frente a Rusia ha sido un fracaso y la situación en el que se encuentra Afganistán han hecho ver a un Estado internacionalmente vulnerable y una economía que no arranca según las perspectivas poscovid-19”, indicó el profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y experto en política exterior norteamericana, Mauricio Jaramillo.
Juicio a Trump, ¿una ayuda a Biden?
Ahora, cualquier cosa que afecte la imagen del Ejecutivo incidirá en las primarias de noviembre, y precisamente por esta coyuntura preelectoral hay analistas que han insistido en que la carta que se están jugando los demócratas es la de desviar la atención frente a temas críticos del actual gobierno (relacionados sobre todo con el desempeño económico), con el juicio que se adelanta contra el expresidente Donald Trump.
No obstante, de acuerdo con el profesor Jaramillo esta es una carta que a Joe Biden no le conviene. “El allanamiento fue una decisión de una investigación previa a la llegada del presidente Biden, ahí hay independencia del FBI. A Joe Biden esto no lo favorece, pues de hecho todo el allanamiento y la manera en que ha reaccionado el expresidente Trump dispararon su popularidad y lo revivió políticamente”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el analista Jaramillo.
Popularidad a la baja
Con la lupa sobre los factores de favorabilidad y rechazo, ¿qué tan cierto es que su popularidad esté retomando una senda ascendente? Para responderse a esta pregunta hay que tener en cuenta dos cosas: en efecto, en las últimas semanas han confluido una serie de elementos que han sido favorables para su imagen, pero por otra parte su popularidad es significativamente más baja que cuando asumió la presidencia.
De acuerdo con el portal norteamericano Real Clear Politics, en el cual se consolidan todas las encuestas y mapas relacionados con la política norteamericana, en estos momentos la aprobación del presidente de turno está en el 40,2% y la desaprobación está en el 56%, con una variación negativa del -15,8%.
Estas cifras cobran relevancia si se comparan con las que había al comienzo de su mandato, pues apenas asumió la dirección del país, Joe Biden tenía una aprobación del 55,7% y una desaprobación del 35,5% (27 de enero del 2021). Un primer descenso drástico de sus niveles de aprobación se evidenció el 22 de noviembre, cuando la gente que no estaba de acuerdo con su gestión llegó al 53,4% y su aprobación era del 41%.
No obstante, de acuerdo con el portal su punto más bajo de desaprobación se registró el pasado 20 de julio, hace menos de un mes, cuando llegó al 57,4% y su aprobación bajó al 37,1%.
A este respecto es pertinente recordar que lo que emite este portal es un promedio de diversas encuestadoras que, individualmente, han tenido cifras aún más bajas. Sin embargo, las principales firmas muestran variaciones negativas de hasta el -18% en sus niveles de aprobación.
Esta variación en su popularidad ha sido resultado de dinámicas relacionadas con la inflación (la más alta en cuatro décadas) y con el alza de la gasolina, producto del recrudecimiento del recorte en el suministro de combustibles debido al conflicto en Ucrania, entre otros factores.
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Factores que han elevado su imagen
Si bien el mandatario ha zozobrado políticamente en algunos momentos de sus casi 20 meses de presidencia, la semana pasada hubo tres hechos que impulsaron su imagen, mejorando sus números (ayer la aprobación estaba en el 40,2% y la desaprobación en el 56%).
En una primera medida está el tema clave de la inflación que, en el mes de julio, bajó al 8,5%, desescalándose más de lo esperando en lo corrido de ese mes. Esto se debió sobre todo a la caída del precio de la gasolina en las estaciones, aunque esta sigue estando en un nivel muy alto y ello podría impulsar a la Reserva Federal (FED), que es el banco central norteamericano, a subir fuertemente las tasas de interés otra vez.
Los precios al consumidor subieron un 8,5% en julio en el lapso interanual, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado el miércoles por el Departamento del Trabajo, y en el mes, la inflación fue de cero, lo que significa que los precios, contra todas las expectativas, no aumentaron en comparación con junio.
Impulsado por el agresivo gasto de los consumidores de sus ahorros en tiempos de pandemia de covid-19, las trabas en la cadena de suministro global, la escasez de trabajadores domésticos y la guerra de Rusia contra Ucrania, el IPC se había disparado un 9,1% en el lapso interanual en junio, el registro más alto en 40 años, pero el índice de precios al consumidor de julio se mantuvo sin cambios en comparación con el mes anterior, muy por debajo del alza prevista.
Aunque a los expertos les preocupa que la desaceleración de la inflación vinculada a la caída de los precios de la gasolina pueda verse compensada por el aumento de los precios de la vivienda, esta noticia le dio un respiro al gobierno.
Y el otro hecho que le dio un empujón a la Casa Blanca ante la opinión pública, fue el plan social y climático que le aprobó el Congreso en los últimos días al presidente.
Con el foco en impulsar las energías renovables, ofrecer medicamentos más baratos y gravar a las grandes empresas, el plan de inversiones de Joe Biden que se adoptó el viernes tuvo, mayoritariamente, una buena acogida.
Y no es para menos. Con la destinación de US$370 mil millones para el medio ambiente, esta es la mayor inversión en la historia de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. El proyecto prevé incentivos financieros para transitar hacia el fin de las energías fósiles, como créditos fiscales para los productores y consumidores de energía eólica, solar o nuclear.
También se prevén unos US$60 mil millones para la construcción de turbinas eólicas, paneles solares y vehículos eléctricos en el país, y la misma cantidad será destinada para ayudar a los más pobres a lograr una transición energética, por ejemplo, vía la renovación de su hogar, entre otros aspectos.
Y con relación a la salud, uno de los grandes dolores de cabeza que han tenido varios gobiernos sucesivos norteamericanos, el segundo capítulo de la ley que se aprobó el viernes busca corregir parte de las inmensas desigualdades en el acceso a la salud en Estados Unidos bajando, por ejemplo, el precio de los medicamentos. Para ello, se tiene prevista una inversión de US$64 mil millones.
Medicare, un sistema público de salud destinado, entre otros, a los mayores de 65 años y a los más pobres, podrá por primera vez negociar directamente los precios de algunos medicamentos con las compañías farmacéuticas, con el fin de rebajarlos. Y adicionalmente la ley prolongará hasta el 2025 las protecciones estipuladas en la reforma del seguro médico, mejor conocidas como "Obamacare".
Y un tercer factor clave es que la nueva norma busca reducir el déficit público por medio de una tasa de imposición mínima de 15% para todas las empresas cuyos beneficios rebasen los US$1.000 millones. Según estimaciones, la medida podría generar unos US$258.000 millones para el Estado federal en los próximos 10 años.