La Procuraduría y la Contraloría Generales así como la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas reconocieron ayer la gestión del Gobierno nacional en la materia pero instaron a las entidades a que se redoblen los esfuerzos institucionales y presupuestales para implementar la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado.

Los entes de control, que hacen parte de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 y los Decretos Ley Étnicos, celebraron la prórroga de 10 años establecida en la Ley 2078 de 2021 y la expedición del Conpes 4031, en el cual se proyectan recursos y lineamientos de acción para la política pública, evidenciándose el compromiso del Gobierno nacional para continuar con la asistencia, atención y reparación integral de las víctimas.

Así mismo, destacaron la inversión realizada por este Gobierno frente al reto de la implementación del Acuerdo de Paz, siendo el que más ha invertido recursos en ello, con un esfuerzo fiscal de $135,5 billones, entre 2012 y 2021. También señalaron que se requieren $328,3 billones adicionales para garantizar a las víctimas una reparación integral.

En los informes se resaltaron los avances alcanzados en 2019, 2020 y 2021, aunque faltan aspectos por mejorar para atender el crecimiento del universo de víctimas, que hoy supera los nueve millones de personas.  

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En el evento de aprobación de los informes de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo, que se realizó en cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de los Decretos Leyes Étnicos, los entes de control y los representantes de las víctimas identificaron algunas dificultades en los procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones, indemnización y rehabilitación.

Durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado. En el mismo periodo del año anterior se registraron un total de 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.

Según los informes presentados, el 91 % de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad. En materia de reparación se destacaron 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados en restitución de tierras, a través de 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales.

Además, por primera vez se contó con un estudio específico en materia de género que señaló que más de la mitad de las víctimas del conflicto armado son mujeres afectadas de manera diferencial. En esa medida, la respuesta institucional debe adecuarse a sus necesidades.

Finalmente, los órganos de control y los miembros de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas hicieron un llamado a las alcaldías donde se encuentran los 34 puntos de atención de la Unidad para las Víctimas para que asignen recursos para su funcionamiento y mantenimiento, ya que algunas obras presentaron deterioros durante la suspensión de la atención presencial en 2020, debido a la pandemia.