La reforma a la justicia es un clamor por estos días entre quienes –como el uribismo– propone un referendo para hacer cambios de fondo y otros que, a diferencia de un ajuste macro, buscan enfocarse en aspectos puntuales, como facilitar el acceso de la población al servicio. En este sentido fueron radicados dos proyectos de ley, uno del Consejo de la Judicatura y otro de la Procuraduría, los cuales por distintos caminos terminan confluyendo en mejorar la operatividad de la Rama, hoy afectada por la congestión en los despachos, escasez de personal y limitaciones en desarrollos tecnológicos.
Como se recordará, en días pasados el Centro Democrático propuso una asamblea nacional constituyente para reformar la justicia, esto después de rechazar la detención domiciliaria del expresidente Uribe en un proceso por estar presuntamente comprometido en fabricar falsos testigos en una disputa de demandas con el también senador Iván Cepeda.
Ahora el uribismo parece abandonar la idea de una constituyente y enfocarse en sacar adelante un referendo para reformar la justicia con cambios gruesos de fondo, como pasar de tres a una corte y modificar el sistema de elección de magistrados, pues considera que el actual da cabida a que se cuelen intereses políticos.
El gobierno Duque ve también la necesidad de insistir en una reforma a la justicia, pero no es fácil porque se debe consensuar con las altas cortes y los partidos políticos, un trabajo en el que avanzó algo la anterior ministra del ramo, Margarita Cabello, pero que falta concretarlo.
Además la agenda en esta legislatura se ve congestionada para un proyecto macro de reforma a la justicia, en donde la Casa de Nariño centraría su cosecha en la reforma al Código Electoral y política, así como en un importante número de proyectos para la reactivación económica del país debido a la pandemia.
En ese escenario hoy podría prosperar en el Congreso una reforma a la justicia menos ambiciosa y centrada en aspectos más procedimentales para hacer el servicio más operativo que, como se dijo, a ello apuntan los proyectos que radicaron la Procuraduría General y el Consejo de la Judicatura.
Las propuestas
Entre septiembre de 2019 a febrero pasado la Procuraduría realizó una consulta ciudadana para escuchar las inquietudes sobre el servicio de justicia, encontrando como los mayores problemas la corrupción 35%, baja calidad de los servicios 30% y desconfianza en las instituciones 20,5%.
Como consecuencia, la Procuraduría presentó un proyecto de ley ordinaria que tiene por objeto facilitar y ampliar el acceso a la justicia bajo el principio de colaboración armónica entre entidades del Estado, que permita establecer un sistema integrado de justicia con énfasis en lo territorial, local y rural, ampliando la oferta de servicios y de operadores.
La iniciativa introduce el Sistema local de justicia (SLJ), que consiste en un conjunto de instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, normas y procedimientos que articulan el funcionamiento de la administración en un territorio.
El sistema de justicia local debe contar con los recursos públicos y privados necesarios para asegurar su permanencia y prestación de servicios de calidad. La inversión de los gobiernos nacionales y departamentales, el fortalecimiento de las finanzas municipales y las alianzas con los sectores productivos deben garantizar su funcionamiento.
La iniciativa contempla la promoción de la participación de la sociedad civil, para lo cual las instancias de coordinación de la administración de justicia en el nivel nacional, departamental y municipal deberán contar con representantes de los ciudadanos que contribuyan tanto en los procesos de diseño e implementación de la política pública a ejecutar por los sistemas de justicia local y rural como en la definición de estándares aplicables a la evaluación de resultados.
De igual forma se prevé la desconcentración judicial, para lo cual se promoverá una estrategia judicial enfocada en los distritos judiciales, circuitos y municipios de las regiones en conflicto.
Así mismo contempla la iniciativa la creación en cada entidad territorial de una Comisión Departamental de Justicia como instancia de coordinación, articulación y complementación de la justicia local y rural.
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Por su parte, la iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura modifica la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- y se dictan otras disposiciones, en la que se incluyen propuestas con el fin de contribuir al mejoramiento del servicio.
El proyecto comprende aspectos como dar desarrollo a la reforma de equilibrio de poderes con lo que se destraba el funcionamiento de la Comisión de Disciplina Judicial creada desde 2015, así como fortalecer la carrera judicial para que los profesionales más idóneos sean los responsables de administrar justicia.
Además define legalmente la administración de justicia como un servicio público esencial para garantizar su prestación continua; en tanto que ajusta la delimitación de funciones entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para lograr mayor eficiencia en la provisión de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la Rama.
De igual forma, la iniciativa propone algunos cambios procedimentales en la conformación de las altas Cortes, pues indica que los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema serán elegidos por las mismas corporaciones de listas con 10 candidatos enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura para cada vacante.
En la actualidad, las listas que envía el Consejo de la Judicatura al Consejo de Estado y la Corte Suprema para que llenen las vacantes están integradas por cinco aspirantes.
Además crea un artículo en la Ley 270 en donde se establece que para la selección de integrantes de listas o ternas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se emplearán los criterios de probidad, independencia, imparcialidad, responsabilidad, integridad, transparencia, prudencia, idoneidad, carácter, así como solvencia académica y profesional.
En materia de descongestión el proyecto fija que cuando las circunstancias y necesidades lo ameriten, el Consejo Superior de la Judicatura establecerá medidas de descongestión en que se definirán su alcance, duración y los mecanismos de evaluación.
Lo que está establecido en la Ley es que habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Iniciativa gubernamental
Margarita Cabello, tras su renuncia como ministra de Justicia, dejó el borrador de una reforma a la Rama que discutió durante más de un año con las altas Cortes.
Allí se proponen modificaciones en la elección de los magistrados de los altos Tribunales, facultar a los togados para suspender a colegas señalados por irregularidades y un plan de descongestión, entre otras.
Además, se plantea ampliar el periodo de los magistrados de las altas Cortes de 8 a 12 años.