Las gestiones del Gobierno colombiano por evitar la deportación del líder paramilitar Salvatore Mancuso Gómez a Italia no lograron convencer a las autoridades de Estados Unidos. 

Ayer, en horas de la tarde, un juez federal de Washington aceptó los argumentos de la defensa del jefe del paramilitar Bloque Catatumbo y ordenó su deportación a Italia, el próximo 4 de septiembre. 

El funcionario judicial admitió un documento de la defensa de Mancuso en donde se advierte que a su cliente se le estaría violando el derecho a la libertad tras haber pagado cerca de 12 años de prisión por cargos de narcotráfico. 

Mancuso Gómez fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 luego de pagar en Colombia cerca de siete de los 12 años que le impuso un juez de Justicia y Paz. 

Conocida esta decisión no se hicieron esperar las reacciones de la Cancillería colombiana, la dirigencia política y las víctimas de los paramilitares.

Al cierre de esta edición se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores no había sido notificado oficialmente de la decisión.

Pero en la mañana, en un comunicado, la Cancillería recordó que a través del embajador en Washington, Francisco Santos Calderón, se hicieron “todas las gestiones” necesarias para que Mancuso fuera extraditado al país.

“El Gobierno nacional ha adelantado todas las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de extradición que contra el señor Mancuso Gómez han sido ordenadas por la Rama Judicial y para otorgar toda la información que se ha requerido por las autoridades estadounidenses con miras a que estas solicitudes sean resueltas de manera favorable”, se informó en el comunicado.

Y agregó que para atender los requerimientos de los jueces que piden su versión, el Gobierno “les ha dado toda la prioridad, celeridad, trámite inmediato y seguimiento constante”.

Así mismo, la Cancillería recordó que contra Mancuso hay tres órdenes de captura vigentes y se ha pedido a la Interpol la ubicación y captura del exjefe paramilitar para su extradición a Colombia.

Una del 15 de abril de 2020 por solicitud de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla; otra del 13 de mayo de 2020 emitida por el mismo Tribunal; y una tercera del 20 de agosto de 2020 por requerimiento de la Sala de Justicia y Paz con funciones de conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá.

La Cancillería dijo que los pedidos de extradición se hicieron “oportunamente” y con el lleno de todos los requisitos de ley, pero reconoció que es autonomía de las autoridades estadounidenses.

Qué dicen las víctimas

Conocida la decisión de deportación de Mancuso a Italia, se conocieron las reacciones de diferentes sectores.

Voceros de los colectivos de víctimas lamentaron que el exjefe paramilitar no regrese al país “a decir toda la verdad”, y calificaron la deportación como “una burla del Estado colombiano”.

Por su parte, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo que “había advertido de esta situación”.
El congresista dijo que ahora le corresponde al Gobierno colombiano hacer “todo lo que sea necesario” para que Mancuso pueda testificar desde Italia”.

Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, agregó que la deportación de Mancuso “es un exilio dorado de impunidad” y anotó que “es responsabilidad exclusiva del Gobierno colombiano porque hizo todo lo necesario por no traerlo a Colombia”.

A su turno, la representante por Bogotá, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, dijo que la deportación del líder irregular “deja a las víctimas con una gran deuda para su reparación, pero sobre todo porque nadie sabrá quiénes son los responsables políticos” de las masacres atribuidas a los paramilitares.

Y el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, trinó que “Duque es cómplice de la extradición de Mancuso a Italia. No quisieron tenerlo en Colombia porque les revela la verdad que desde hace mucho están ligados al narcotráfico y el genocidio en Colombia. Ahora Mancuso debe responder a la justicia internacional”.