En un nuevo informe, la calificadora Moody’s Investors Service elogió el programa de infraestructura de transporte de quinta generación (5G) de Colombia, debido a las ventajas crediticias que ofrece en comparación con el marco anterior.
Entre los principales puntos que destaca la calificadora está que “el programa 5G de Colombia tiene como objetivo continuar atrayendo inversionistas privados para ayudar a mejorar la conectividad entre las carreteras de peaje, los aeropuertos, los ferrocarriles y los sistemas de navegación fluvial del país. El programa 5G extiende y perfecciona el actual programa 4G. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) lo lanzó en 2012 y comprende dos olas de nuevos proyectos para el período 2020-2025”.
Señala Moody’s que ahora el programa tiene dos notables excepciones, con respecto al marco 4G que beneficiará la calidad crediticia de los proyectos: uno de ellos es que “la ANI realizará pagos complementarios a los concesionarios cuya recaudación de ingresos sea inferior a las proyecciones en su contrato de concesión con mayor frecuencia. Anteriormente, los concesionarios recibían las diferencias de recaudo solo en los años ocho, 13 y 18. Un ingreso mínimo anual reduce la necesidad de los concesionarios de utilizar efectivo o buscar financiamiento externo, para cubrir las brechas de financiamiento entre las estimaciones de ingresos y las recaudaciones, lo que reduce las necesidades de liquidez y los costos de financiación”.
Pago parcial
Asimismo, la calificadora dice que está “el cambio de 5G a un sistema de pago parcial, por cada unidad funcional limitará el efecto de los pagos retenidos en el flujo de efectivo de los concesionarios, liberando liquidez durante la construcción. El programa 5G también cambia la forma en que la ANI y los concesionarios comparten los ingresos de explotación comercial, apoyando el financiamiento para cubrir la compensación de los concesionarios”.
Menciona la firma que “los pagos por terminación bajo 5G benefician la calidad crediticia de los concesionarios, dándoles derecho a recibir cualquier flujo de caja remanente en caso de terminación. Este cambio asegura que, durante las fases de construcción y operación y mantenimiento, los pagos de terminación cubrirán la deuda pendiente, disminuyendo el potencial riesgo de incumplimiento, aunque las posibles comisiones de ruptura por el prepago de la deuda no están incluidas en la fórmula”.
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Asegura la calificadora, en el documento de análisis, que “el programa 5G incluye un cambio clave que es negativo en términos crediticios para los concesionarios: limita la recaudación de ingresos por peaje al monto que el concesionario y ANI acordaron por adelantado en virtud del contrato de concesión original. Más allá de ese monto, el concesionario no tiene más derechos para seguir recaudando peajes”.
Subcuentas
Menciona, además, que “el contrato de concesión 5G incorpora nuevas subcuentas de Cambio Climático y Obras Sociales. Así la ANI reembolsará a las concesionarias los gastos relacionados. La subcuenta de Cambio Climático tiene como objetivo financiar inversiones de mitigación del cambio climático y la subcuenta de Obras Sociales tiene como objetivo ayudar a aliviar cualquier oposición de la comunidad a la construcción”.
Sin duda, el programa 5G amplía y refina el programa 4G existente que la ANI lanzó en 2012, atrayendo alrededor de US$16 mil millones en inversión total. El programa 5G incluirá dos oleadas de proyectos, que se estima costarán alrededor de US$11.700 millones durante 2020-25: una primera ola de 12 proyectos que cuestan alrededor de US$$5 mil millones, y una segunda ola de 11 proyectos que cuestan alrededor de US$6.700 millones.
Al igual que con el programa 4G, ANI está estructurando los proyectos 5G como asociaciones público-privadas. La mayoría de los fondos invertidos, alrededor del 62%, se destinará a nuevas autopistas de peaje, y los aeropuertos comprenderán la mayor parte de la inversión restante, en aproximadamente el 29%.