El viernes pasado se organizó un consejo extraordinario de seguridad en Villa del Rosario, municipio histórico del área metropolitana de Cúcuta. Asistieron la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y Diego Molano, ministro de la Defensa Nacional, en compañía de las autoridades regionales. Se analizó la situación de orden público y se tomaron medidas para reforzar la seguridad en toda la zona fronteriza.
Sin embargo, el fin de semana tres personas fallecieron y una más resultó herida tras una balacera perpetrada en el sector conocido como Puerto León, corregimiento Banco de Arena, sector rural de Cúcuta. Según información preliminar, hombres armados llegaron hasta un establecimiento público, donde varias personas consumían licor, y atacaron con tiros de fusil a las personas allí presentes. Tras cometer este crimen, los victimarios se desplazaron a una finca donde también asesinaron a una persona cuya identidad no se ha establecido.
El general Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que “el enfrentamiento que sostiene el Eln contra el Clan del Golfo nos deja este resultado negativo que afecta la tranquilidad de los ciudadanos en el sector rural”.
La situación se complicaría aún más ayer. A primera hora un artefacto explosivo fue activado en el distrito de Policía de la Ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta. “Se trató de un artefacto improvisado con una carga explosiva, son 11 uniformados y 2 personas que transitaban por el lugar las que se vieron afectadas, son 13 heridos hasta el momento. Tenemos todas nuestras capacidades de policía judicial, para establecer la responsabilidad individual y de quienes lo hayan ocasionado. Tenemos evidencia que fue colocado debajo de una silla", dijo el general Moreno.
Sin embargo, tanto la masacre como el atentado terrorista de ayer no se pueden considerar hechos aislados. Todo lo contrario, hacen parte de una cadena de situaciones graves en los últimos tres meses.
Como se recuerda, el pasado 16 de junio también se había instalado una bomba en la Brigada 30 del Ejército en la capital nortesantandereana, que dejó más de cuarenta personas, en su mayoría uniformados, heridos. Se sabe que el ataque, en el que habría participado un exmilitar, fue perpetrado por efectivos del Eln y las disidencias de las Farc, y tenía como principal blanco a los integrantes de una misión de asesores militares estadounidenses acantonada en esa sede castrense.
Nueve días después el mismo presidente Iván Duque fue víctima de un atentado mientras el helicóptero en que se movilizaba aterrizaba en el aeropuerto Camilo Daza. Seis disparos impactaron la aeronave y de no ser por la pericia del piloto al percatarse de las ráfagas el desenlace habría sido fatal. De nuevo, una alianza entre Eln y facciones rearmadas de las Farc son las principales sospechosas.
Ante toda esta situación, EL NUEVO SIGLO indagó con expertos sobre qué es lo que pasa en Cúcuta con respecto a la seguridad.
Narcotráfico, trasfondo
Jaime Marthey, defensor del Pueblo, Regional Norte de Santander, dijo que la violencia en esa región tiene como principal móvil el tráfico de drogas.
“Son situaciones que tienen que ver con el negocio del narcotráfico. Aquí en el departamento operan todas las bandas y grupos de delincuencia organizada que hay alrededor del país, según las propias informaciones de las autoridades en los consejos de seguridad”, explicó.
Agregó que “la posición geográfica que tiene nuestro departamento, y en particular nuestra ciudad y nuestra área rural, tienen mucho que ver, porque una vez cruzan la línea de frontera se pierde el rastro y la usan (las redes criminales) como escudo para evadir la acción de las autoridades”.
Esta oficina tiene quejas a diario de personas amenazadas, desplazamientos forzados, homicidios, situaciones de trata de personas y en especial atropellos a menores de edad y adolescentes.
Por eso hace un llamado de urgencia: “La Defensoría ha incrementado su trabajo de manera inusual. En los últimos meses ya lo habíamos reportado en las alertas tempranas y vemos que hoy en día se están consumando todas las acciones que nosotros hemos tratado de prevenir, pero parece que la situación ha desbordado la capacidad institucional regional”, señaló Marthey.
Además le pidió al Gobierno nacional que atienda con prontitud, pero con mucha efectividad la situación que se está presentando en ese territorio.
Puntualizó que las conclusiones de los consejos de seguridad siempre son las mismas: “redoblar la presencia operativa de la fuerza pública, incrementar las acciones, exigir más resultados en las investigaciones a la Fiscalía General de la Nación, pero finalmente eso no sirve de nada”.
Crisis en DD.HH.
EL NUEVO SIGLO también consultó a Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar, ONG que trabaja en Cúcuta en derechos humanos desde hace 30 años. El activista confirmó que hay un deterioro muy fuerte de la seguridad en la región en el área urbana y rural de Cúcuta así como en el área metropolitana.
“Hace dos años se presentó lo que llamamos una reconfiguración criminal, que tiene que ver con un reacomodamiento de grandes intereses ilegales alrededor del tema del narcotráfico, contrabando, del tráfico de migrantes y de una serie de negocios ilegales que han operado por muchos años en la frontera y que nuevos actores ilegales se apropiaron de esos grandes negocios”, explicó Cañizares.
Recordó que la incursión de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas’, ocurrida el 14 de diciembre del año pasado, “activó una guerra abierta contra el Eln, que desde hace más de dos décadas tiene una presencia muy fuerte en el área metropolitana de Cúcuta. Igualmente, está el crecimiento acelerado y el fortalecimiento de las disidencias de las Farc, algo sin antecedentes en la región. Todo esto tiene un trasfondo y es un desbordado cultivo de hojas de coca y un mejoramiento en la producción del clorhidrato de la cocaína, que ha llevado a generar un mercado letal de alrededor de 380 mil kilos de producción de coca anuales en el área de Catatumbo”.
También mencionó las altas cifras de desplazamiento forzado: el año pasado cerca de 6.500 personas fueron obligadas a salir de su territorio. En cuanto a homicidios, estos han aumentado en un 30%; los homicidios a través de la modalidad del sicariato están entre el 70 y el 75%. Alrededor de 160 personas fueron desaparecidas en los últimos 20 meses de manera forzada en el departamento y 160 líderes fueron amenazados el año pasado.
Por último, señaló que están acompañando 35 casos de amenazas directas de líderes sociales. Tres han sido asesinados este año. A ello se suma que han ocurrido en los últimos 18 meses seis masacres que han dejado cerca de 35 víctimas.
Más acciones
Igualmente el periodista Cristian Herrera Nariño, editor judicial del diario La Opinión, aseguró que hay una falla muy grande de inteligencia tanto policial como militar, y que faltan acciones contundentes.
“La Policía y la Secretaría de Seguridad tienen un plan que se llama el Plan San José; el Ejército tiene unos planes en zona rural que se llaman el Plan Muralla. Esos planes se hacen, capturan a pequeños expendedores, consumidores de droga, gente armada… Pero los casos se siguen dando, se están intensificando nuevamente los ataques con explosivos, las masacres aquí en Cúcuta y el área metropolitana”.
Dentro de sus investigaciones ha logrado establecer que no existe ningún control en la zona de frontera, lo que incrementa la crisis. “Usted tiene trochas por donde quiera, pasa el río y ya está en Venezuela, por ahí salen y entran armas, drogas, dinero, oro. Aunque Venezuela está quebrada, tiene mucho potencial para estas situaciones. O de aquí para allá, que se saca gasolina y otros insumos. Es un intercambio delictivo muy grande. Además los criminales de Venezuela se están viniendo para acá, es una situación muy difícil”.