La pugna por los recursos del programa Ingreso Solidario | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 31 de Agosto de 2022
Redacción Web

El gobierno del presidente Gustavo Petro acusó a la Administración saliente de Iván Duque de no dejar los recursos establecidos para solventar el programa de Ingreso Solidario.

A través de un trino, el actual mandatario generó la controversia: “El gobierno Duque no presupuestó para el año entrante una partida de casi $10 billones para las transferencias a personas que se crearon con motivo de la pandemia. Estas terminan el 31 de diciembre”.

Uno de los exfuncionarios de la pasada administración que respondió fue el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz. “Gustavo Petro. Presupuesto 2023 que dejó Iván Duque no tiene explícito Ingreso Solidario porque su base legal es Ley 2155 de Inversión Social y termina en diciembre, en el Ministerio de Hacienda quedaron recursos que financian el programa, ustedes deben dar vía legal, en ley de presupuesto”.

Luego se pronunció la exjefe de gabinete, María Paula Correa. “Nuestro Gobierno creó Ingreso Solidario, devolución del IVA, Matrícula Cero. Programas que han contado con recursos desde 2020-2022 y están en el anteproyecto de presupuesto 2023. Ingreso Solidario debe evaluarse para diciembre y se dejaron $4 billones en el Ministerio de Hacienda para este fin”.

Por último, quien fuera el jefe de la cartera de Hacienda, José Manuel Restrepo, también se refirió sobre el tema y escribió en sus redes sociales: “Todas las transferencias sociales fueron presupuestadas. Para las temporales y con sustento legal hasta diciembre, se dejaron partidas libres en Hacienda. Allá y en el mejor recaudo tributario hay recursos para nuevos programas sociales sin afectar a las empresas o al ciudadano”.

El informe del empalme

Desde el informe final presentado por el actual equipo del Ministerio de Hacienda emitió varias alertas en materia económica, y una de ellas tiene que ver con el financiamiento que habría dejado la administración de Iván Duque para continuar con los programas sociales en el próximo cuatrienio.

De acuerdo con Mauricio Lizcano, uno de los coordinadores del equipo de empalme de esta cartera, “no hay recursos” para seguir con el Ingreso Solidario, “del cual se benefician más de cuatro millones de hogares en el país”, manifestó.

Advirtió que actualmente hay un déficit de inversión cercano a los $10 billones en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) que es desde donde se realizan los pagos correspondientes a este auxilio.

Daniel Rojas, otro miembro de este comité, manifestó que la administración Duque “no programó los recursos dentro del Presupuesto General de la Nación” y señaló que el gabinete Petro tiene la intención de darle continuidad a este programa “para la superación de la pobreza; pero tal y como nos dejan el proyecto de presupuesto, estaría este programa desfinanciado”.

Otro rubro que presenta problemas monetarios es el de la salud, empezando porque 14 Entidades Promotoras de Salud están en riesgo de desaparecer.



Ley de Inversión Social

La Ley de Inversión Social estableció que el programa de Ingreso Solidario era una renta básica de emergencia y estaba financiada con vigencia hasta diciembre del 2022. Adicionalmente estipula que es responsabilidad del gobierno actual analizar, conforme con los resultados obtenidos, si se daba continuidad a la estrategia, y sancionar legalmente la forma de articulación con otras transferencias económicas ya existentes.

Cabe resaltar que dicho programa fue inicialmente diseñado para operar durante tres meses; sin embargo, debido a la Ley de Inversión Social, aprobada por el Congreso y sancionada por el exmandatario Iván Duque, se amplió su ejecución para todo el año 2022.

Petro aseguró que su gestión está buscando que el Congreso apruebe una reforma de ese presupuesto centrando la capacidad presupuestal en expandir la infraestructura educativa, montar el sistema preventivo de salud y financiar la reforma agraria.

Este subsidio, que beneficia a 4 millones de familias colombianas, se encuentra a la espera de una ampliación o su culminación definitiva. Aunque el gobierno en funciones ha asegurado que busca mantener los programas de transferencias ya establecidos aún es incierto su futuro.