Que se unan el partido de gobierno y la oposición para sacar adelante una iniciativa de ley es un hecho que pocas veces ocurre en el Congreso, pero contra todo pronóstico se da ahora cuando el Centro Democrático y el gobiernista Pacto Histórico se cogieron de la mano para presentar un texto consensuado con el propósito de lograr la autorreforma del Legislativo, que no ha sido posible a pesar de varios proyectos en los últimos años. 

Se plantea poner un límite y un impuesto a los salarios, reducir el receso entre periodos legislativos y endurecer sanciones por no asistir a sesiones.

A esta iniciativa se sumaron parlamentarios del Partido de la U y de la Alianza Verde.

De hecho en el nuevo Congreso se han presentado varios proyectos para reducir el salario de los congresistas y también para acortar el receso que se da entre el final del primer periodo de la legislatura, el 16 de diciembre, hasta el inicio del segundo periodo. En ese sentido, se ha propuesto que los parlamentarios no regresen a sesiones el 16 de marzo, como ocurre, sino el 1 de febrero.

La oleada de proyectos de autorreforma a partir del 20 de julio anterior se produjo, en primer lugar, por el antecedente inmediato de que en el pasado Congreso por falta de quórum se hundió, en el último de ocho debates, un proyecto de reforma constitucional que buscaba reducir el receso legislativo para que retornaran a trabajar el 16 de febrero y no el 16 de marzo. Ello fue de mal recibo en la opinión pública pues muchos consideraron que los congresistas no quieren desprenderse de sus beneficios.

El otro motivo que provocó en esta ocasión la lluvia de proyectos de autorreforma del Congreso, fue que el pasado 4 de agosto se firmó el Decreto 1546, que autoriza el incremento salarial para los congresistas del 2,61%, que se pagará retroactivo desde enero pasado. Como consecuencia, el salario de los ‘Padres de la Patria’ quedó en $35.316.133. 

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, destacó en EL NUEVO SIGLO sobre el proyecto de reforma constitucional que radicaron ayer, que “ni más ni menos que el conjunto de fuerzas políticas hemos logrado un consenso sobre la necesidad de comenzar esa reforma y hacerlo sobre, primero, unos puntos esenciales para ir viendo si podemos avanzar en otros. Pero se toca el régimen laboral del Congreso, lo que tiene que ver con el ausentismo, con la mermelada, con los tiempos de receso y también el salario, que es un tema supremamente álgido. Así que estamos ante una posibilidad real de sacar adelante un cambio en el Congreso”.

Por su lado, el representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Hernán Darío Cadavid, dijo a este Medio que “el Centro Democrático desde que llegó al Congreso en 2014 ha intentado la reducción del Congreso y la disminución o congelación del salario. En ocho oportunidades ha presentado esta iniciativa”. 

Agregó que en el actual momento “varios actores de oposición como la Liga (de Gobernantes Anticorrupción); Marelen Castillo; otros del Partido Verde, ya no de oposición; y el Centro Democrático coincidimos en que podíamos proponerle al Congreso un texto. Eso tiene vocación de prosperar”.

No obstante, Cadavid fue enfático en que esto “en ninguna circunstancia pone en duda la condición de oposición de cada uno de nosotros pero, como hemos dicho, no nos proponemos rasgar el país sino ayudar en lo que haya que ayudar cuando así lo creamos, y esta es la muestra con hechos de que es de esa manera”.

En cuanto a otras iniciativas de autorreforma radicadas en este Congreso, el pasado 8 de septiembre la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca reducir el tiempo de receso de los congresistas y propone que el segundo periodo de sesiones inicie el 16 de enero, y no el 16 de marzo como rige actualmente en la Constitución.

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Abecé del proyecto

Se modifica el artículo 138 de la Constitución para que el segundo periodo de la legislatura inicie el 1 de febrero.

Igualmente, este proyecto toca el artículo 183 de la Carta Política introduciendo nuevas causales para la pérdida de investidura de congresista, como la inasistencia injustificada, en una misma legislatura, a seis sesiones de comisiones constitucionales permanentes, en las que se voten proyectos de acto legislativo o de ley.

También se aplicará la medida por obtener prebendas como contraprestación a su participación o no en la discusión o votación de un proyecto de ley, moción de censura o en ejercicio de la función electoral.

En cuanto a salarios, el proyecto de reforma hace cambios en el artículo 187 de la Constitución, de tal forma que la remuneración mensual de los congresistas, incluyendo los factores salariales y no salariales, no podrá exceder los 23 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta se reajustará cada año en proporción igual al aumento del salario mínimo mensual.

Agrega el proyecto que la remuneración de los congresistas no se entenderá como un criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los demás funcionarios públicos.

Igualmente plantea el proyecto que, a partir de la promulgación del respectivo acto legislativo, durante el periodo constitucional 2022-2026, como medida de austeridad estatal y solidaridad, la remuneración mensual de los congresistas tendrá un impuesto que será fijado por la ley.

El hecho político

Como se dijo, un primer hito en este Congreso es que se unieran la oposición y el oficialismo para presentar el proyecto de ley sobre autorreforma. Sobre el particular, consultado por este Diario el académico y magíster en Ciencia Política, Ángelo Flórez, dijo que “es muy sensible para los colombianos el tema del salario y las vacaciones para los congresistas”.

Recordó que en el estallido social del año anterior uno de los reclamos fue por los altos salarios que devengan los parlamentarios, y “creo que los partidos políticos lo entienden y necesitan retomar popularidad. Un partido que no apoye este tipo de medidas estaría muy condenado por la opinión pública. Creo que Gobierno y oposición saben que es un proyecto muy popular y que deben hacer algo pronto”. 

No obstante, Flórez dijo que esto no significa una apertura para que la oposición apoye proyectos de la agenda legislativa del Ejecutivo. “No creo que vaya a ser un acuerdo de cogobernabilidad, creo que a la oposición le conviene mucho ser incisiva y ser agresiva con el Gobierno porque eso es darle gusto a sus votantes”.

En opinión de Alejo Vargas Velásquez, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, este acuerdo “para mí tiene la mayor importancia porque justamente de eso se trata en democracia, que fuerzas políticas que sean opuestas puedan llegar a acuerdos para determinados temas de relevancia, y este tema sin duda es de relevancia porque lo que está en juego es la propia legitimidad del Congreso, más allá de lo que finalmente se termine aprobando”. 

El académico recordó en este Diario que anteriormente “el Congreso solo funcionaba del 20 de julio al 16 de diciembre, y en el primer semestre las sesiones que había eran extraordinarias. Después con la Constitución del 91 fue que se introdujo el segundo periodo de marzo a junio”. Agregó que hoy “se considera que esas cosas no son aceptables”. 

Destacó Vargas que está muy bien “establecer esas mejoras, más trabajo, menos vacaciones, por así decirlo, tratar de regular el tema salarial, porque todo eso genera molestia a la sociedad. Y que eso lo acuerden fuerzas políticas opuestas, me parece que habla bien de nuestra democracia”.