El presupuesto General de la Nación del 2022 no ha llegado aún a las plenarias y dos apartes de este proyecto siguen generando polémica. El que se refiere a la eliminación de un artículo de la Ley de Garantías y el que permite el paso de ahorradores de los fondos de pensiones a Colpensiones, bajo ciertas condiciones.
Se conoció la postura del expresidente Álvaro Uribe en torno a la Ley de Garantías, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Apoyemos a Milla Romero Soto y a María del Rosario Guerra para no derogar Ley de Garantías. Protejamos la honra del Gobierno. Habría sido al inicio no en vísperas electorales. Con licitación y pliegos tipo el Gobierno Nacional, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia”.
Lo dicho por Uribe va en contravía de lo que había pronunciado la semana anterior, desde Estados Unidos, el presidente Iván Duque, quien dijo que los alcaldes y gobernadores elegidos, que tomaron posesión en enero del año 2020, han tenido ese muro que les ha impedido llevar a cabo todas sus aspiraciones y programas. “En Colombia ya no hay reelección, tenemos una circunstancia distinta”, concluyó el Mandatario.
Desde la misma orilla se había expresado el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien advirtió que no se está desmontando la Ley de Garantías. “Es solo un ajuste temporal de un inciso de un parágrafo, lo cual es completamente diferente”.
A favor y en contra
Curiosamente, aunque Uribe solicita el apoyo de Guerra para no modificar esa Ley, la Senadora se abstuvo de votar durante el debate en las comisiones económicas conjuntas donde se aprobó este artículo.
En cambio otros copartidarios hicieron eco de la petición de Uribe, como es el caso de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, quien trinó: “Así es Presidente Álvaro Uribe Vélez, por eso votamos negativamente la misma iniciativa que venía en el Código Electoral. La Ley de Garantías se debe derogar para el siguiente gobierno, pero no en vísperas electorales”.
También lo hizo el senador Ciro Ramírez, quien escribió en Twitter: “Aspectos de debate de Ley de Garantías deben ser más profundos y sin duda es una discusión pendiente”.
Agregó que “después de varias discusiones con los colombianos estamos de acuerdo que el momento no es el apropiado, pero sí un debate para determinar qué es lo más apropiado para equilibrar la cancha”. Por ello enfatizó que “no acompañaremos la modificación a la Ley de Garantías en segundo debate de la Ley de Presupuesto ni tampoco el traslado exprés de pensiones”.
De otro lado, el único que presentó una ponencia positiva durante el debate de las comisiones económicas conjuntas fue el liberal Mario Castaño, quien mantiene su posición para el cambio de esta Ley. “Nosotros no estamos haciendo ningún mico ni ninguna maniobra politiquera, ni ninguna jugadita, no estamos acabando con la Ley de Garantías. Nosotros estamos haciendo eco al clamor de 1.103 alcaldes del país y 27 gobernadores que no han podido ejercer su cargo puesto que la pandemia los cogió con dos meses de mandato”.
Desde los partidos de oposición, no es complicado encontrar voces que se oponen al cambio de esta Ley. El senador Gustavo Bolívar, de Colombia Humana, aseguró que “quien propuso ese artículo le está haciendo trampa al país. Y quienes lo voten también”.
Por su parte, Rodrigo Lara dijo que “la eliminación de garantías es abrir las compuertas a la corrupción y a la extorsión, mediante la presión de alcaldes y gobernadores para que apoyen a uno de los dos candidatos presidenciales cercanos al presidente Iván Duque, algo que en verdad nos entristece porque en este momento de tanto sufrimiento para los colombianos, de padecimiento, de desempleo, de microempresas quebradas que no recibieron ninguna ayuda del Gobierno, utilizar los escasos recursos públicos para este tipo de maniobras politiqueras es francamente infame”.
En tanto que el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, dijo que “ríos de mermelada pretende hacer correr el gobierno del presidente Iván Duque, al introducir un verdadero orangután en el Presupuesto General de la Nación que suspende parcial y temporalmente la Ley de Garantías, a efectos de que el Gobierno pueda disponer de los recursos de la Reforma Tributaria, del giro extraordinario del Fondo Monetario Internacional, más los recursos de las utilidades extraordinarias y de las ventas de acciones de Ecopetrol, junto con los recursos de regalías”
Los gremios
Asimismo esta iniciativa encontró rechazo dentro del mundo empresarial, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, ya había manifestado al respecto que “estas decisiones se pueden tomar. Claro que se pueden tomar, pero deben ser muy bien pensadas. Muy bien meditadas. Yo haría eso, alejaría mucho estas decisiones de los periodos electorales en particular. Para que sea realmente la meditación y decisión de la sociedad”.
Del mismo modo, el presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, había expresado que “la inclusión del artículo que modifica esta Ley está en contravía de lo señalado por el artículo 152 de la Constitución, que ordena darle trámite de ley estatutaria a los asuntos referentes a la igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la República, temas del estatuto de oposición y garantías en materia electoral”.
Traslado exprés
El Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado en el que manifiesta su desacuerdo con la implementación del traslado exprés al Régimen de Prima Media de pensiones consagrado en el artículo 104 del proyecto de ley del Presupuesto General para el 2022.
El Consejo señaló que esta medida genera desigualdad, toda vez que se enfoca en un grupo poblacional específico que se beneficiará del subsidio pensional que otorga el Estado. Si bien la propuesta busca sostenibilidad fiscal en el corto plazo, dijo que a futuro podría generar extra-costos que tienen un impacto negativo en el sistema pensional y fiscal del país.
Del mismo modo se pronunció la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, que ve como poco responsable “aumentar las responsabilidades fiscales”, al tiempo que observa que no hay oposición alguna a esta propuesta, que ya van a discutir las plenarias del Congreso.
“Adicionalmente, la experiencia nos ha mostrado que medidas que inicialmente se plantean como temporales que buscan liquidez en el corto plazo, se convierten en pasivos pensionales permanentes”, indicó la Asociación.
Ya, Asofondos había advertido que “este tipo de iniciativas resultan dañinas, contraproducentes e inútiles en el propósito de ampliar la cobertura pensional, hacer más sostenible y más equitativo el sistema pensional”.