El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, adelantó una visita de carácter humanitario al paso fronterizo con Venezuela en la ciudad de Cúcuta y aprovechó para recordar que según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hay un registro de 1.200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que se encuentran en Colombia bajo protección y en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

El funcionario también manifestó que es necesario definir la situación de los menores en el país dentro del marco del restablecimiento de relaciones entre los dos países.

“Es urgente encontrar una salida institucional para que los menores de edad no permanezcan indefinidamente en hogares de paso o instituciones de protección y se pueda adelantar la reunificación familiar correspondiente, verificando previamente que se cumplan las condiciones apropiadas en términos de derechos de los niños”, agregó.

De la misma forma, recordó que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional priman sobre los derechos de los demás. En ese sentido antes de avanzar en temas de cualquier otro orden es prioritario lograr que los menores de edad venezolanos puedan encontrar a sus familias.

El Defensor del Pueblo destacó la importancia del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos, que ha permitido además de dimensionar el fenómeno, brindar ayuda humanitaria para la población venezolana.

A la vez que destacó la reactivación del comercio, por el impacto positivo que tendrá sobre el empleo y la economía de los dos países, el Defensor del Pueblo consideró fundamental que se revise el tránsito de migrantes en situaciones de precariedad económica, sin la documentación legal necesaria y en condiciones de vulnerabilidad.

Como Estado colombiano se requiere estar vigilantes para lo que pasa por ‘debajo’ de los puentes fronterizos, y evitar vulneraciones a los derechos humanos, de manera particular la trata de personas o la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

“Las difíciles condiciones económicas y sociales, la indiferencia institucional en algunas regiones, la falta de entornos protectores y el conflicto armado genera diferentes vulneraciones a los derechos de los menores de edad. Por esta razón los niños, niñas y adolescentes deben ser la prioridad en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela”, dijo Carlos Camargo.

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Recordó además que el proceso migratorio de ciudadanos venezolanos ya empieza a mostrar nuevas dinámicas y requiere de atención especial por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela, además de los otros países de tránsito y receptores de población en movilidad humana. “De manera particular se observa un éxodo hacia el norte del continente que busca atravesar el tapón del Darién. De los 134.000 migrantes que este año han llegado hasta Panamá, el 69% son venezolanos que viajan en precarias condiciones económicas y 15% son menores de edad”, dijo.

En una carta dirigida al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, el Defensor del Pueblo también exhortó a todas las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que se impulsen acciones que propendan por la garantía integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en todo el territorio.

Alertas vigentes

La población migrante está doblemente expuesta a riesgos, tanto por su condición de irregularidad como por la vulnerabilidad en el marco del conflicto armado. “Las dinámicas de migración irregular muchas veces son intervenidas por los actores armados ilegales, de allí la importancia de recalcar sobre el no uso de estas vías alternas e ilegales para el ingreso al país”, recordó Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo mantiene vigentes las Alertas Tempranas para 16 municipios y 4 áreas no municipalizadas en la zona fronteriza con Venezuela: Convención, El Carmen, Puerto Santander, Cúcuta, Teorama, Tibú, Toledo y Villa del Rosario (Norte de Santander); Maicao (La Guajira); Curumaní (Cesar); Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Saravena (Arauca); Puerto Carreño (Vichada), e Inírida (Guainía). Las 4 áreas no municipalizadas advertidas son Cacahual, La Guadalupe, Puerto Colombia y San Felipe (Guainía)

Todas ellas relacionadas con riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales y de las organizaciones criminales en las zonas de frontera.

Finalmente, además de la situación de los niños migrantes venezolanos no acompañados, el Defensor del Pueblo aprovechó la visita para llamar la atención de las autoridades de salud para que se establezcan los protocolos necesarios para proteger a la población ante nuevos brotes de Covid19 o de cualquier otra enfermedad.