A 10 meses de terminar el gobierno Duque, la Casa de Nariño ordenó a todo el gabinete apretar el acelerador de la gestión para poder adelantar lo más posible las metas sectoriales.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz explicó a EL NUEVO SIGLO uno de los programas más exitosos de esa cartera, el de la reducción del hacinamiento carcelario.
Igualmente explicó cómo van la solicitud de extradición de algunos miembros del Eln y del empresario Carlos Mattos que aún se encuentra en España. También reveló cuáles son las acciones que realiza el Ministerio para enfrentar la ola de inseguridad que vive el país y da su opinión sobre las críticas que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López a los jueces.
EL NUEVO SIGLO: ¿En cuánto se ha reducido el hacinamiento en las cárceles?
WILSON RUIZ: Este es un tema prioritario para el Gobierno Nacional, no solo porque se busca dar mejores condiciones a los privados de la libertad y superar el estado de cosas inconstitucional, sino también porque superando el hacinamiento se contribuye a mejorar la seguridad ciudadana y se adelantan de mejor manera los programas de resocialización para evitar la reincidencia en el delito. Hace 18 meses estábamos en un hacinamiento del orden del 54,5 %, hoy podemos decir que el índice de hacinamiento se encuentra en 17,1 % en promedio en los 132 establecimientos de reclusión del orden nacional.
ENS: ¿Cuál fue la clave para reducir el hacinamiento?
WR: Los resultados frente al hacinamiento se han logrado gracias a diferentes acciones coordinadas con el presidente Iván Duque, el Ministerio y el Inpec. Una es la aplicación del Decreto 546 de 2020 que adoptó medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión y la detención domiciliarias a personas en situación de mayor vulnerabilidad frente al covid-19, eso contribuyó en ese objetivo. Pero además ha sido fundamental la creación de estructuras penitenciarias, habilitando 2.310 nuevos cupos para privados de la libertad y en esa tarea ha sido importante la Uspec. Esperamos entregar, en el transcurso de lo que resta del año, unos 2.500 cupos más.
Pero también debo destacar la colaboración que hemos recibido de los jueces de ejecución de penas aplicando los beneficios de ley a quienes cumplen requisitos para obtener la sustitución de medidas intramurales y otras acciones como los traslados que hemos hecho con el Inpec para readecuar los cupos carcelarios.
ENS: ¿Cuántas cárceles se han construido y cuántas se proyectan?
WR: Se lo digo en términos de nuevos cupos habilitados. Hemos habilitado 2.310 nuevos cupos y tenemos proyectados entregar, a agosto de 2022, 2.719 cupos más. Es decir, este Gobierno terminará su mandato con 5.029 nuevos cupos entregados y en avance de obra 5.014 cupos.
Respecto de los establecimientos de reclusión entregamos nuevas estructuras en Girón, Ipiales y Buga; estamos en obras en Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Itagüí, Medellín y Sabanas de San Ángel (Magdalena), que aspiramos entregar antes que termine el gobierno; y tenemos proyectadas construcciones de cárceles en Candelaria (Atlántico), Riohacha, Pereira, Cali, Quibdó, Buenaventura y Bogotá, que si bien no alcanzaremos a entregar, sí aspiramos dejarlas avanzadas.
Reforma a política criminal
ENS: ¿En qué consiste el Plan Nacional de Política Criminal?
WR: Quiero destacar la expedición del Plan Nacional de Política Criminal por parte del Consejo Superior de Política Criminal. Este plan incluyó como prioridad la humanización del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la resocialización y la disminución de la reincidencia criminal.
En cumplimiento de esta prioridad se trabaja en cinco estrategias principalmente que son:
1. Promoción de las alternativas al encarcelamiento, incluyendo la disminución de la privación de la libertad y la detención preventiva.
2. Establecimiento de garantías para el trato humano y las condiciones de habitabilidad digna a la población privada de la libertad.
3. Prevención y persecución del delito en centros de detención y reclusión.
4. Generación de acciones de resocialización que mitiguen la reincidencia criminal.
5. Establecimiento de rutas de reinserción a la vida en sociedad de las personas que han cumplido la pena privativa de la libertad.
ENS: ¿Cómo es el programa de convenios con la empresa privada para ayudar a los que están privados de la libertad?
WR: Una de las prioridades ha sido fortalecer el trabajo penitenciario a través de la vinculación de empresas privadas a los establecimientos penitenciarios. Por lo tanto, a lo largo del 2021 hemos logrado vincular 10 empresas privadas a través de diferentes acciones. Entre ellas se destacan la empresa Arturo Calle con la cual, a través de su satélite Coytex, estamos produciendo ropa en dos establecimientos penitenciarios. Adicionalmente, la Federación Nacional de Cafeteros realizó una donación de 12 mil plántulas de café en el Establecimiento Penitenciario de Calarcá, proceso que les ha permitido a 30 privados de la libertad capacitarse en la siembra y producción del café.
Otro de los logros más importantes es que por primera vez en el país estamos vendiendo los productos de panadería fuera del establecimiento penitenciario. Hoy en día estamos vendiendo seis productos de panadería en Barranquilla al Grupo Éxito, con una venta semanal de 4.608 unidades. Adicionalmente, inauguramos el primer punto de venta externo de panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de la Modelo de Barranquilla.
La inseguridad
ENS: ¿Desde el Ministerio cómo se puede contribuir para disminuir los picos de inseguridad?
WR: Se ha evidenciado un alto nivel de sofisticación de las organizaciones criminales que están detrás de los casos de inseguridad. Para atender estas situaciones, hemos adelantado varias acciones en articulación con el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, la cartera del Interior, las administraciones municipales y departamentales y las autoridades judiciales, teniendo en cuenta las siguientes medidas:
1. Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación criminal.
2. Fortalecimiento de la articulación entre autoridades de policía civiles como los alcaldes y gobernadores y la Fuerza Pública.
3. Fortalecimiento de la aplicación del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana como herramienta fundamental de prevención y de fortalecimiento de la convivencia ciudadana.
4. Incentivar la denuncia ciudadana.
5. Visibilizar las estructuras criminales y sus integrantes que son responsables de los delitos de seguridad ciudadana.
Además, en coordinación con el Inpec y la Policía, estamos adelantando operativos en las cárceles para combatir los delitos que se cometen desde los penales, como la extorsión.
ENS: ¿Qué opina de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre que los jueces dejaban libres a los delincuentes que se atrapaban en la calle, lo que ha contribuido a incrementar la inseguridad?
WR: Siempre resalto el trabajo esforzado que desempeñan los jueces y su compromiso para administrar justicia cumpliendo los preceptos constitucionales y legales.
En días pasados nos reunimos con la alcaldesa de Bogotá, la Fuerza Pública, la Rama Judicial, la Fiscalía y diferentes entidades que trabajan por la seguridad de los ciudadanos. Fue una reunión muy importante porque establecimos acciones interinstitucionales para combatir la delincuencia y se expresó el ánimo de todas las entidades para trabajar de manera coordinada en dos temas fundamentales: la seguridad y la justicia.
ENS: ¿En qué consiste la modificación parcial del artículo 239 del Código Penal, el cual consagra una pena para delitos por hurto entre 32 y 108 meses de prisión?
WR: En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo 239 del Código Penal consagra el delito de hurto con una pena de prisión de treinta y dos a ciento ocho meses, y de dieciséis a treinta y seis meses cuando la cuantía no exceda de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Se plantea en la modificación una gradualidad en el segundo párrafo del artículo y lo que se busca es que para el delito de hurto se imponga una pena de prisión de dieciocho a treinta y seis meses, cuando la cuantía no exceda de 4 salarios mínimos; y será de veinticuatro a cuarenta y ocho meses cuando la cuantía sea superior a esos cuatro salarios.
Esta modificación nos permitirá que, al momento de fijar las penas, se cuente con una mejor gradualidad dado que se disminuye la cuantía al pasar de diez salarios a cuatro, que a valores de hoy sería pasar de $9.085.260 a $3.634.104; situación que se traduciría en un endurecimiento de las penas, buscando reducir los índices de este delito.
ENS: ¿En qué consiste la propuesta del Ministerio en cuanto a los delincuentes reincidentes?
WR: Sobre el tema de los reincidentes, el proyecto de ley busca aumentar las penas para las personas que cometan reiteradamente una conducta punible y, de igual manera, busca agravar dichas conductas con el fin de que estos individuos no se puedan acoger a los beneficios de prisión domiciliaria y libertad condicional.
Aquí debe decirse que los delitos de hurto, tráfico, fabricación o el porte de estupefacientes (o de armas) y el homicidio constituyen los tipos penales que presentan mayor repetitividad entre la población que delinque nuevamente, lo que demanda un fortalecimiento de la política criminal que proteja a la ciudadanía de este fenómeno.
Extradiciones
ENS: ¿Existen más solicitudes de extradición para los miembros del Eln?
WR: Hasta el momento el Gobierno Nacional ha recibido cuatro solicitudes de extradición de miembros del Eln por parte de los Estados Unidos.
Estas solicitudes ya surtieron el procedimiento de extradición y cuentan con el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. En tres casos ya se procedió a la entrega y fueron extraditados. El trámite para el último de los casos está finalizando, ya tiene aprobación por parte del Gobierno Nacional y se espera que sea extraditado lo más pronto posible.
Por ahora no se han recibido más solicitudes de otros Estados para miembros del Eln, pero en el momento en que se reciban se impartirá el trámite que corresponda para garantizar los compromisos de la cooperación internacional.
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Para los casos de miembros del Eln que están en Cuba, ya se presentaron las solicitudes de extradición.
Durante 2019 y 2020, el Ministerio, en coordinación con el de Relaciones Exteriores y las autoridades judiciales colombianas, realizaron todas las gestiones necesarias para presentar la solicitud formal de extradición ante la República de Cuba de las siguientes personas: Juan de Dios Lizarazo Astrosa o ‘Alirio Sepúlveda’; Víctor Orlando Cubides, conocido como ‘Aureliano Carbonell’ o ‘Pablo Tejada’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’ y Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’. Son requeridos para responder por delitos como terrorismo, rebelión, homicidio, lesiones personales, secuestro, entre otras conductas punibles.
ENS: ¿Cuándo será extraditado Carlos Mattos a Colombia?
WR: Como se sabe, es al gobierno de España a quien corresponde decidir sobre la solicitud de extradición que presentó Colombia para que el señor Mattos sea entregado y responda en los procesos que adelanta la justicia en nuestro país.
Las autoridades españolas ya autorizaron la entrega en extradición, de acuerdo con la solicitud presentada por la Fiscalía por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pero en la actualidad el Gobierno de España estudia otra solicitud presentada por la Fiscalía por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daños informáticos agravados, cohecho por dar u ofrecer en concurso y con circunstancias de mayor punibilidad.
Se espera que emitan un pronunciamiento favorable a la extradición que se encuentra en estudio y se autorice la entrega de este ciudadano.
¿Reforma anticorrupción?
ENS: ¿Se deben aplicar más normas anticorrupción para funcionarios después de lo que pasó con Centros Poblados?
WR: Lo que se necesita realmente es fortalecer al sector justicia en general. Debemos profundizar y fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación criminal y juzgamiento para evitar la impunidad. Como lo mencioné anteriormente, se tiene el Plan Nacional de Política Criminal que contiene como estrategia prioritaria un componente de captura del Estado y lucha contra la corrupción.
ENS: ¿Cuándo comienza la aspersión aérea con glifosato en Colombia?
WR: Cuando se hayan cumplido todos los requisitos técnicos y jurídicos que señala la Corte Constitucional y, con base en ello, el Consejo Nacional de Estupefacientes adopte la decisión de reiniciar la aspersión aérea.
ENS: Después que se cayera la cadena perpetua para violadores de niños ¿Cuál es el plan B del Ministerio?
WR: En Colombia la composición de violencia sexual en menores de edad bordea el 80% para niñas y 20% para niños. De igual manera ocurre con la violencia intrafamiliar, en donde más del 80% es experimentado por niñas y mujeres adultas. El 45% de los agresores son familiares según el boletín estadístico de mayo de 2019 del Instituto de Medicina Legal.
Conscientes de esta realidad, el Plan del Gobierno Nacional siempre será apostar por la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, ello en atención al interés superior constitucionalmente establecido y las obligaciones derivadas de los diferentes instrumentos internacionales que imponen a Colombia el deber de proteger de manera efectiva los bienes jurídicos de los menores, así como prevenir y castigar de forma oportuna las afectaciones a sus derechos.
En ese sentido, esta cartera ministerial va a apoyar el proyecto de ley por medio de la cual se modifica el Código Penal y establece el aumento de penas en los delitos cuando la conducta se realice en contra de niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones, pero sin incurrir en que la pena conlleve como castigo la cadena perpetua.
ENS: ¿Cómo le fue a la justicia en la ley de presupuesto?
WR: El sector Justicia y del Derecho es quinto en asignación presupuestal dado que para el gobierno Duque una justicia oportuna, eficaz y accesible para todos los ciudadanos es fundamental en el fortalecimiento del estado social de derecho.
Por lo anterior, es de gran importancia el incremento que se ha presentado en el proyecto de ley de presupuesto 2022, pasando de 3,5 a 3,9 billones de pesos, lo que equivale a un incremento del 10%.
ENS: Lo vimos jugando fútbol con Asprilla y Rincón ¿Cuál es el mayor gol que quiere hacer desde el Ministerio de Justicia?
WR: Quiero meterle el gol a la criminalidad. Un gol que nos permita consolidar la legalidad en todo el territorio nacional.