A comenzar de ceros y por tercera vez. Ese es el mensaje que envió la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la Sociedad Minera de Santander (Minesa), un empresa de explotación de oro que en los últimos tres años ha enfocado todos sus esfuerzos por lograr la licencia ambiental que le permita la exploración y explotación aurífera en el proyecto Soto Norte, ubicado en el departamento de Santander, muy cerca del páramo de Santurbán.
La compañía presentó el proyecto por primera vez a mediados de 2017 acompañado de un estudio de impacto ambiental (EIA), pero a finales de ese año la ANLA le formuló 83 requerimientos y observaciones, por lo que en marzo del año siguiente la empresa desistió de continuar el proyecto.
Dos años después, a comienzos de 2019, Minesa presentó por segunda vez el EIA y en noviembre pasado la autoridad ambiental le formuló nuevamente 107 requerimientos y observaciones. Las sugerencias fueron respondidas y comenzó el proceso de verificación, pero se vio truncado por cuenta de la pandemia.
Mientras, el debate por la posibilidad de autorizar licencias para la explotación minera en predios del páramo no ha cesado. Marchas ciudadanas, foros temáticos, debates en el Congreso y la conformación de una Comisión Accidental que analice el tema, forman parte de ese abanico de alternativas.
De hecho, para mañana martes está previsto debatir en la plenaria del Senado un nuevo debate que busca evitar que la megaminería llegue a esa reserva natural. Ya se han realizado foros de “Participación local para la defensa del páramo de Santurbán” en los que han sido escuchados el Gobernador de Santander, los alcaldes con injerencia en la jurisdicción del páramo, la empresa, ambientalistas, expertos y, por supuesto, los integrantes de la Comisión Accidental del Senado.
Esta citación coincide justamente con la decisión que adoptó este fin de semana la ANLA, que decidió archivar la petición de licencia de Minesa para el proyecto Soto Norte.
En su comunicado, la autoridad ambiental dice que la decisión “se fundamentó en argumentos técnicos, que fueron resultado de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y de las respuestas emitidas por la empresa a los requerimientos realizados por parte de la Autoridad Ambiental”.
Dicho EIA fue analizado por un equipo técnico de la entidad integrado por más de 30 profesionales de diferentes disciplinas, expertos en geología, hidrogeología, geotecnia, geoquímica, calidad del aire, entre otros, y con el apoyo de cinco profesionales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede en Medellín.
“No es posible emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero, por lo que este debe ser archivado”: ANLA
Pero este grupo interdisciplinar concluyó que “no era posible emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero, por lo que este debía ser archivado”, pues entre otras consideraciones técnicas se argumenta “la definición del área de influencia, aspectos técnicos del depósito de relaves (residuos de la actividad minera), consideraciones sobre la geotecnia, la hidrología e hidrogeología, el plan de manejo de riesgos y la valoración económica”.
Obviamente, contra esta decisión procede recurso de reposición, del que ya Minesa anunció este domingo que echará mano. En un comunicado informó que no ha sido notificada pero que “estudiará la posición de ANLA en detalle, pero es nuestra intención apelar su decisión”.
Minesa explica que la solicitud para obtener la licencia ambiental cuenta con cinco años de estudios técnicos, los cuales fueron aportados a la ANLA. “Minesa ha desarrollado una solicitud de licencia completa, con base en cinco años de extensos estudios técnicos representados por más de 8.000 páginas de información”, dice la respuesta.
Seis años de debate
La polémica por la posibilidad de autorizar la minería a gran escala en el páramo de Santurbán es de vieja data. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se expidió el primer documento que buscaba delimitar esta reserva natural, en atención a la orden presidencial de demarcar los 36 páramos que tiene Colombia.
Después de varios meses se logró el cometido, pero no todos quedaron contentos con sus alcances; entonces, vía demanda, el tema llegó a la Corte Constitucional, corporación que le ordenó a la ANLA, así como al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar el proceso.
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En el entretanto es que se ha venido realizando el estudio técnico de Minesa para conseguir la licencia ambiental de la ANLA, lo que ha generado toda suerte de debates entre ambientalistas y empresarios, con una ciudadanía que está a la defensiva pues el proyecto se realizará en jurisdicción de los municipios de California y Suratá.
Justamente, una de las principales razones de los ambientalistas y la ciudadanía es que la actividad extractiva podría afectar los acuíferos donde nacen los ríos de los que se abastecen de agua tanto Bucaramanga como varios municipios de la región.
Ahora Minesa tendrá que, por tercera vez, esperar la decisión sobre el recurso de reposición que presentará ante la ANLA, y dependiendo de la respuesta volver a comenzar el EIA para optar por la licencia ambiental, nuevamente.
El proyecto Soto Norte
“Nuestro proyecto está fuera del páramo de Santurbán”, asegura la compañía en su página de Internet en la que esboza sus compromisos de responsabilidad social corporativa.
“Tenemos cinco compromisos de oro que explican nuestro proyecto y responsabilidad con la región, el departamento y el país: 1) Respetar los límites del páramo de Santurbán. 2) Prohibir el uso de mercurio o cianuro en nuestra operación minera en Soto Norte. 3) No afectar la cantidad y la calidad del agua que abastece al acueducto de Bucaramanga. 4) Fortalecer la minería tradicional en Soto Norte con estándares de salud, seguridad y protección del ambiente”.
Minesa, además, señala que entre 2016 y 2018 ha invertido más de $30 mil millones en obras para mejorar la calidad de vida de la región.
Dice la minera que con el proyecto generará más de 5.000 empleos: 1.000 directos y 4.000 indirectos, a la vez que invertirá US$1.000 millones en los próximos cinco años.
Dice la minera que con el proyecto generará más de 5.000 empleos: 1.000 directos y 4.000 indirectos, a la vez que invertirá US$1.000 millones en los próximos cinco años.
“Nuestro modelo de gestión social se basa en un proceso participativo que propicia la apertura de canales de interacción directa con los habitantes de la región. Nuestros valores corporativos nos guían a tener relaciones basadas en la legalidad, la transparencia y el desarrollo conjunto”.
Chicamocha y Sumapaz a Unesco
Este domingo el presidente Duque anunció en su cuenta oficial de Twitter que con el recién posesionado ministro de Ambiente, Carlos Correa “vamos a trabajar intensamente para que el Cañón del Chicamocha y el páramo de Sumapaz sean declarados Patrimonio de la Humanidad. Se trata de dos lugares mágicos de nuestro país que debemos proteger”.
Luego reiteró en el programa Prevención y Acción que la petición será presentada ante la Unesco. “Esto tendría un impacto en nuestro país. Estamos haciendo ese expediente, como se conoce. Con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura, llevaremos este caso a la Unesco y sabemos que eso dinamizará muchísimo turismo en el departamento de Santander. Obviamente no es fácil, no es un proyecto que se surta de la noche a la mañana”, indicó.