La Antártida ha sido durante décadas un territorio reclamado por varias naciones en el mundo, europeas como Reino Unido y Noruega, y ahora vecinos del hemisferio sur como Chile y Argentina. Al menos siete países han manifestado argumentos para hacerse con una parte del continente blanco.
A pesar de que unos años después de la firma del Tratado de la Antártida (1959) se congelaron todas las reclamaciones territoriales y se estableció que no se podría hacer ninguna actividad militar, y que el territorio debía usarse solo como una zona dedicada a la cooperación científica y a la investigación, las dinámicas generadas, en parte, por el cambio climático, han hecho que la extracción de recursos sea menos costosa, lo que ha despertado el interés de algunos países por ratificar su soberanía sobre estas zonas.
Esta semana las pretensiones del Gobierno chileno de reafirmar su soberanía sobre el mar que rodea la emblemática Isla de Pascua se materializó con el anuncio de la intención de presentar una reclamación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas por la plataforma continental extendida de Rapa Nui, que también comprende las islas de Salas y Gómez.
Expertos y autoridades analizan el impacto que tiene esta solicitud, que será presentada por el Ejecutivo de Piñera y que se suma al territorio disputado en la Antártida, sobre el que pesan reclamaciones de Argentina ante el mismo organismo de la ONU.
“Este tema ha estado bastante en el tapete de la discusión porque se están cumpliendo plazos que dio Naciones Unidas para presentar los mapas morfológicos de aquellos países que entienden que su plataforma continental va más allá de las 200 millas náuticas que comprende la zona marítima exclusiva de los Estados”, señala el diplomático Pablo Cabrera, quien fue presidente de la Delegación de Chile en el Tratado Antártico.
Cabrera asegura que Chile no había hecho este trabajo respecto a la Antártida y los territorios insulares. Sin embargo, la proyección estratégica del país, en el marco de los tratados internacionales vigentes, es algo que puede dar pie a nuevas reglamentaciones sobre la explotación de los recursos del fondo del mar.
“Son temas que debieron verse antes, pero no hay plazo definido más allá de esa década que puso la comisión, que tiene que ver más con el procedimiento que con el fondo. El tema del atraso puede ser cierto, pero no hay una oportunidad fija como para hacerlo porque esto cuesta mucho dinero y lleva mucho tiempo. Por la construcción del escenario internacional se hacía oportuno que se hiciera”, explicó.
Senado chileno cierra filas sobre soberanía
Las pretensiones del Gobierno chileno de presentar una reclamación de la extensión de su plataforma continental se han convertido, como pocos temas en el ámbito político del país, en una posición prácticamente unánime por parte de todos los partidos.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, Juan Pablo Letelier, aseguró que llevar las pretensiones de su país ante la ONU es una acción viable y responde a la evolución natural de la Ley de derechos del mar, que fue creada con la ayuda de Chile y que regula temas de delimitación.
“Ha habido una nueva generación de accionar en la materia de soberanía en espacios internacionales a través de la definición de la plataforma continental. Que Chile lo haga, siendo un país tricontinental desde Isla de Pascua, es del todo relevante y, que se haga en torno a la plataforma de Magallanes, también. Chile ejerce soberanía y es la puerta de entrada a un continente que hoy está reglado por un tratado de paz y amistad”, le dijo.
Letelier aseguró que el hecho de que Argentina publique un mapa de su proyección en una zona donde hay una definición política y un tratado es discutible, por lo que era necesario que Chile tomara cartas en el asunto.
“Probablemente la Cancillería ha visto la necesidad de actualizar todos los instrumentos. Esta coincidencia en el tiempo puede no ser la más feliz, pero no cabe duda de que es un instrumento de segunda generación, después del derecho del mar que se está implementando en todo el planeta. Más vale hacerlo, sobre todo para Chile, por su proyección marítima”, aseguró el senador socialista.
Para el senador del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira, quien también es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del legislativo, este es un primer paso que debería continuar en el 2021 con el registro del territorio antártico.
“Esto es ponerse al día, esto es comenzar a ser proactivo en un tema tan relevante como es la defensa del territorio, de nuestros intereses marítimos. Es una defensa a nuestra soberanía. Creo que Argentina de alguna manera fue más proactiva que Chile y no podemos quedar atrás en una decisión tan importante como notificar cuáles son nuestras pretensiones”, aseguró.
Por su parte, el canciller chileno, Andrés Allamand, aseguró que aunque existe esta diferencia en materia de plataforma continental extendida tanto en la medialuna que reclama Argentina al sur del Mar Austral como en relación a la formulación que se realiza en torno a la Antártida, la relación con su país vecino es de “amistad profunda y sin estridencia”.
Por su parte Argentina reivindica soberanía sobre el denominado “Sector Antártico Argentino”, definido por el paralelo 60º Sur y el Polo Sur, y los meridianos 25º y 74º de longitud Oeste. Estos dos últimos corresponden a los límites extremos longitudinales de la Argentina: 74º Oeste marca el punto más occidental del límite con Chile (el Cerro Bertrand, Provincia de Santa Cruz) y el meridiano 25º Oeste corresponde a las islas Sándwich del Sur (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). La superficie del Sector Antártico Argentino es de aproximadamente 1.461.597 km², de los cuales 965.314 km² corresponden a tierra firme.
El país fundamenta su reclamo sobre este Sector en virtud de múltiples elementos, entre los que se destacan la contigüidad geográfica y continuidad geológica con el territorio argentino; la instalación y ocupación permanente de bases antárticas y el desarrollo de actividad científica por más de un siglo; y la herencia histórica de España, entre otros.
El Sector Antártico Argentino, según su cancillería, forma parte del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico, aunque está sujeto al régimen del Tratado Antártico, firmado en 1959. En aquel momento, siete de los doce signatarios originarios del Tratado, incluida la Argentina, sostenían reclamos de soberanía en distintos sectores de la Antártida. El Artículo 6 del Tratado contiene una salvaguarda de las reivindicaciones de soberanía respecto de la Antártida así como de sus fundamentos. La Argentina es Parte Consultiva del Tratado Antártico desde su entrada en vigor en 1961.
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Dentro del Sector Antártico Argentino, el país administra trece bases o estaciones, de las cuales seis son permanentes (operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano).