La Procuraduría manifestó su preocupación por los retrasos en el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan al Ministerio de Ambiente la delimitación de los páramos, ecosistemas que abastecen de agua potable a más de cinco millones de habitantes de 104 municipios del país, incluyendo 16 ciudades capitales.

La alerta fue expresada por el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero Ruíz, en el marco del Foro “Gobernanza del Agua”. En su intervención, el delegado informó que la alerta se generó luego de que el Ministerio notificara que los espacios de participación ambiental en el marco de los procesos de delimitación de los páramos de Santurbán, Pisba y Almorzadero serían reprogramados, lo que implica un nuevo retraso en la delimitación de estos ecosistemas, orden derivada de la Sentencia T-361 de 2017 emitida hace casi cinco años.

“Los páramos son la garantía de la oferta del recurso hídrico y de la realización del derecho al agua. La dilación en los procesos de delimitación de las zonas de páramo en Colombia, entre otras, que devienen de órdenes impartidas por las altas cortes en el país, terminan siendo una dilación a la garantía del derecho al agua y así viene sucediendo”, dijo.

El órgano de control pidió al Ministerio el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por las altas cortes, relacionadas con la delimitación de las zonas referidas a ecosistemas tales como Santurbán, Pisba, Almorzadero, Sumapaz y Cruz Verde, decisiones que se encuentran en firme y cuya verificación ha sido atribuida a la Procuraduría General de la Nación. 

La entidad también afirmó que, la demora en el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por las altas cortes ha generado graves impactos en la garantía de oferta y calidad del recurso hídrico, el aumento de la minería ilegal, el deterioro del tejido social de los campesinos, mineros y habitantes de este territorio y la grave contaminación con mercurio de fuentes hídricas tales como el río Suratá en Santander, la cual es fuente de abastecimiento de agua potable de Bucaramanga.

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De igual forma, el Ministerio Público advirtió que la exigencia de consensos y la participación amplia y deliberativa en el proceso de delimitación de los páramos, no puede suponer que el despliegue de los mecanismos de diálogo social se convierta en una barrera para el avance en la adopción de medidas destinadas a proteger los páramos.

“La Corte reconoció en el fallo la necesidad de que el proceso de delimitación de la zona de los páramos fuera participativo y deliberativo, en el que efectivamente existan consensos razonados, pero de ninguna manera el ejercicio participativo o incluso como se ha invocado, el principio de precaución, son principios de inacción. Por el contrario, son principios de acción”

Para el ente de control, existen deliberadas dilaciones y falta de voluntad institucional de diferentes actores especialmente locales, que están impidiendo que se cumpla con las decisiones judiciales, razón por la cual la Delegada Ambiental y Agraria ha dado traslado a las dependencias de investigación disciplinaria de la entidad para lo de su competencia. 

En este sentido, la Procuraduría ha realizado diversas actuaciones preventivas y disciplinarias y desde 2017 ha rendido conjuntamente con la Defensoría del Pueblo 14 informes de cumplimiento de la sentencia T-361 de 2017, referente de todas las decisiones judiciales relativas a la delimitación de los ecosistemas de páramo, poniendo en conocimiento del Tribunal encargado del seguimiento de las diversas dilaciones que ha sufrido el proceso. 

Por todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación también anunció que enviará un informe a la Corte Constitucional y a los demás despachos judiciales encargados del seguimiento a las órdenes impartidas, para que intervengan y adopten las medidas urgentes que resulten necesarias para dar pleno cumplimiento a la Sentencia T-361 de 2017 y demás decisiones judiciales referidas.