Con 13,5 millones de personas que no pueden acceder al consumo de una dieta saludable, el Gobierno nacional debe abordar desde diferentes ángulos medidas para que esta problemática encuentre salidas, de manera que no se agrave la situación alimentaria del país.

De acuerdo con el informe de seguridad alimentaria SOFI 2021 (Seguridad Alimentaria y Nutrición), actualmente existen 4,2 millones de colombianos en inseguridad alimentaria, y por eso se deben multiplicar esfuerzos para aliviar esta situación.

El país vive actualmente un momento de transición con el que se busca en simultáneo mejorar la producción, estabilizar las economías locales a partir del fomento del uso de la tierra y la inclusión de los productores de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, como base para la seguridad y soberanía alimentarias.

Se debe dar inicio a la búsqueda de alternativas para que los colombianos encuentren una estabilidad económica que les permita acceder a alimentación saludable, y priorizando la compra a pequeños productores rurales, para buscar la anhelada equidad social.

Y es que la pobreza (según reporte del DANE en 2021, el 12,2% de la población se encontraba en condición de pobreza extrema, es decir, aquellos que no cuentan con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos) es una de las raíces de la problemática del hambre.

Buena alimentación

Con este panorama, se hace preciso avanzar de manera progresiva hacia la garantía del derecho humano a una alimentación adecuada, ya que puede ser la más conveniente salida para enfrentar la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición que aquejan al país.

Este derecho humano fundamental requiere transformaciones en el marco constitucional, en la planeación del desarrollo y en las políticas públicas nacionales y territoriales. Acciones redistributivas; protección de la agricultura campesina, familiar y comunitaria; formas de producción sostenibles; participación social efectiva; inversiones sólidas y plurianuales, y la urgente creación y puesta en marcha del sistema para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación, son algunos de los retos inaplazables.

Además, también incide en los casos de sobrepeso y obesidad, que se ocasiona en buena medida a la alternativa que tienen los consumidores con menos recursos, de priorizar la compra de alimentos a partir de sus ingresos, incluyendo en su canasta familiar alimentos de baja calidad o con mínimos aportes nutricionales.

Medidas

En este escenario será necesario entender la situación y tomar medidas bajo un enfoque de derechos, propiciando la revisión y diseño de políticas que den respuesta efectiva. Acceso a la tierra, innovación e inversión, serán claves para que las comunidades rurales puedan encontrar en el campo un escenario de desarrollo y aporte a la salud de las personas y el planeta, con la producción de alimentos saludables y sostenibles.

Pero es también importante establecer sinergias sólidas entre la empresa privada, los consumidores y las instituciones, de manera que todos los actores del sistema agroalimentario participen de forma responsable y solidaria en el impulso de la economía rural del país.

“Solo así, con la unión y la solidaridad, como principios básicos del desarrollo, Colombia podrá cumplir la promesa de ser despensa alimentaria para sus propios ciudadanos y el mundo. Trabajemos juntos para que tener mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida para todos, sin dejar a nadie atrás, pase de ser un sueño a una realidad”, sostiene el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El organismo asegura al respecto que “el aumento en los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes, se suma a factores que agravan la situación, como la crisis climática y los conflictos, mientras que la pandemia de covid-19 continúa teniendo un efecto colateral, destacando cómo están interconectadas la economía y la vida”.

Según la FAO, el estado sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, el hambre, que aumenta cada día, dejó en 2021 a 828 millones de personas marginadas del derecho a alimentarse, y 3.100 millones de personas aún no pueden permitirse una dieta saludable.

Pobreza, crisis e inseguridad alimentaria son factores que inciden con mayor impacto en la salud y el bienestar de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y productores rurales, que a menudo son, al mismo tiempo, quienes más luchan por acceder a la formación, la financiación, la innovación y las tecnologías.

“Ante la crisis alimentaria mundial que se avecina, debemos aprovechar el poder de la solidaridad y el impulso colectivo para construir un futuro mejor, en el que todos tengan acceso regular a suficientes alimentos nutritivos”, expresó Qu Dongyu, director general de la FAO.

• Le puede interesar: El 29 de octubre vence plazo para acceder a Ley de Borrón y Cuenta Nueva

Acciones clave

De acuerdo con el Organismo, se pueden tomar algunas acciones clave para contribuir en la lucha contra el hambre en el mundo.

Lo primero es que los gobiernos deben integrar el compromiso de no dejar a nadie atrás en sus estrategias, planes y presupuestos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Necesitan utilizar datos e investigaciones centrados en las personas para averiguar quién se está quedando atrás y por qué.

Después, deben actuar sobre la base de ese conocimiento para adoptar instituciones, leyes y prácticas sociales más inclusivas, transparentes, receptivas y responsables, que proporcionen un acceso más equitativo a los recursos, y una mayor resiliencia ante las perturbaciones.

Además, se necesita más financiación ante desastres o situaciones de hambre generalizadas y para garantizar que nadie se quede atrás. Es vital garantizar un apoyo para los medios de subsistencia de las personas que sea lo suficientemente efectivo, coordinado, sustancial y oportuno, y que tenga en cuenta las temporadas críticas de siembra y de producción ganadera.

Según la FAO “no debemos olvidar que al menos dos de cada tres personas que sufren hambre extrema son productores de alimentos a pequeña escala de zonas rurales, que necesitan nuestro apoyo para ayudarlos a que logren una transformación”.

Trabajo conjunto 

Dice la FAO que los gobiernos del G20 deben actuar en solidaridad con los países más vulnerables. La atención debería centrarse en la asistencia a los países en riesgo de padecer hambre y la financiación de los llamamientos humanitarios. Los gobiernos del G20 deberían trabajar con las instituciones financieras internacionales para aumentar la liquidez y el espacio fiscal, de modo que se pueda proporcionar protección social a los más pobres antes de que se desencadene un desastre.

Todo esto teniendo en cuenta la importancia de que los gobiernos, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil empoderen a los más vulnerables, mediante la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, sostenibles y resilientes. Para ello se deben proporcionar la capacitación, los incentivos, la innovación y las tecnologías adecuadas a las personas vulnerables, incluidas las mujeres y los jóvenes.

En este trabajo conjunto el sector privado puede convertirse en asociado para el desarrollo. Las empresas privadas de todos los tamaños deben tener por objeto la creación de mercados verdaderamente inclusivos. Sus modelos de negocio deberían ser inclusivos, respetar los derechos humanos, promover el trabajo decente y la igualdad de género, valorar la rendición de cuentas y respetar el medio ambiente.